Destacan que gobernadores que crean delitos a través de decretos incurren en abuso de funciones
La doctora Norma Delgado, abogado penalista, enfatiza que el decreto 3.914 firmado por el gobernador Julio León en Yaracuy, y el 175 por José Gregorio Vielma Mora en Táchira, violan el principio de legalidad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Ciudadanos y abogados destacan que decretos buscan intimidar a los ciudadanos para evitar que protesten | Foto: Joanly Paiva
A consideración de la doctora Norma Delgado, abogado penalista y vicepresidente de la Federación de Abogados de Venezuela, el decreto 3.914 firmado por el gobernador de Yaracuy Julio León el pasado viernes 21 de abril, bajo el cual fueron juzgados el lunes y el miércoles de esta semana 13 jóvenes detenidos luego de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en San Felipe, “es inconstitucional por violar la garantía del debido proceso”.
Un instrumento similar, firmado el jueves 27 de abril por el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, habría sido emitido “siguiendo el ejemplo del gobernador del estado Yaracuy, Julio León”, según se lee en boletín de prensa de la Dirección de Comunicación e Información (Dirci) de la Gobernación del estado andino. Con el texto, dice el comunicado, “se busca fortalecer la paz pública, el respeto a las autoridades y la cordialidad del pueblo tachirense”.
El decreto en Táchira fue firmado en momentos en los que la oposición desarrolla actividades de calle que culminan en su mayoría con barricadas y escombros, incluso levantadas por los mismos vecinos de las zonas donde han sido víctimas de abuso policial y civiles armados.
En Yaracuy, en cambio, las protestas en contra del rompimiento del hilo constitucional no dejaron destrucción de áreas, pero el instrumento llega en un momento en el que la población de ese estado, donde el favoritismo hacia el sector oficialista fue por años marcado, manifiesta a través de la protesta pacífica en calle el descontento por la crisis económica y social, por la escasez de alimentos y medicinas, y por la inseguridad.
En ambos consideran para la aplicación del decreto la necesidad de conservar la paz, la tranquilidad, el bienestar ciudadano y el orden público general. La prohibición de barricadas, destrucción de bienes públicos y privados, el impedimento en la distribución de agua, gas o alimentos y la perturbación de los derechos ciudadanos son, en resumen, lo que establecen ambos decretos.
Pero no quedan claras o expresas las consecuencias pecuniarias o penales que pudiese tener la violación a lo establecido en alguno de los artículos que regirán las manifestaciones en el Táchira o Yaracuy, de igual manera, se establece que institutos como Protección Civil y las alcaldías tendrán competencias en velar el cumplimiento de los decretos, pero no se explica si podrán realizar detenciones o aplicar sanciones.
Derecho a conocer
Norma Delgado le explicó a El Pitazo que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49, numeral 6: “Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstas como delito, falta o infracción en leyes preescritas”. Apunta que si en el ejercicio de un derecho, alguien cometiera un delito y su conducta se ajusta a lo establecido en las leyes penales de la República, éste será sancionado.
La abogado destaca que los decretos violan el principio de legalidad, “la garantía de que las leyes sean previstas con antelación, de forma escrita, y que las leyes penales se produzcan por la Asamblea Nacional”.
Para Delgado, son estos aspectos la garantía del ciudadano de vivir en libertad, “son leyes preescritas porque es necesario que el ciudadano conozca con anticipación y claridad el contenido de las leyes que deben ser escritas y dictadas por la autoridad competente, que en este caso es la Asamblea Nacional. Todos tenemos el derecho de vivir conociendo cuáles son las conductas prohibidas, que conozca a lo que puede ser sometido si comete un delito, para entender hasta dónde llegan sus derechos”.
El decreto 3.914 fue publicado el 21 de abril de este año
Pena de hasta dos años
La experta en derecho penal indica que los gobernadores no tienen legitimidad ni competencias para establecer delitos o conductas prohibidas. “Aun cuando hemos visto a lo largo de estos años que a través de ilegítimas e inconstitucionales leyes habilitantes se le ha otorgado al Presidente de la República la facultad para crear delitos y leyes penales, éste y mucho menos los gobernadores tienen la posibilidad, potestad y atribución de hacerlo”.
El abogado y dirigente político del Táchira Abelardo Díaz concuerda con la posición de Delgado. “Principalmente hay que saber y entender que Vielma Mora no tiene competencia penal para decidir qué se puede y qué no hacer en el Táchira, este decreto es inconstitucional e ilógico, porque aunque aseguran que busca prohibir la protesta violenta, la verdad es que en ningún lado se permite y siempre hemos hecho manifestaciones pacíficas. Con esto solo busca intimidarnos y sacarnos de las calles”, aseguró.
Aleida Perón, estudiante de derecho, afirmar que “en la Constitución se permite la protesta, se hace énfasis en que deben ser pacíficas”, y justifica la colocación de obstáculos diciendo: “son consecuencia de los colectivos armados que arremeten contra la sociedad civil”. Para la universitaria el decreto 175 del Táchira “no es más que un refrito del ya anunciado en Yaracuy, que a su vez también es una copia de lo que ya se establece en las leyes”.
Norma Delgado acotó que “lo que están haciendo los gobernadores al crear decretos que estipulan delitos se conoce como abuso de función, y eso sí es un delito establecido en el artículo 67 de la Ley contra la Corrupción, que sanciona penas de seis meses a dos años”.
A consideración de Delgado la intención con estos decretos es impedir la protesta, con lo que se vulnera un derecho constitucional.
Orden y paz
El decreto 175 resulta para la Gobernación del Táchira un pase para lograr mantener “el orden y la paz”, según lo que afirmó Vielma Mora, pero de allí las críticas y reacciones no han sido positivas considerando que a diario se registran manifestaciones y protestas en el estado.
El ejemplo tomado por Vielma Mora de su igual en Yaracuy es tal, que ambos decretos contemplan con algunas palabras prácticamente lo mismo.
En Táchira, Vielma Mora consideró importante que este decreto se cumpla para así “evitar mas muertes, heridos, incluso daños materiales a instituciones públicas y privadas”.
Pese al anuncio de las limitaciones que establece el 175, Sergio Vergara, diputado en la Asamblea Nacional por el Táchira aseveró que no cesarán las manifestaciones y protestas a diario porque la Constitución así lo establece. “Vielma tan solo pretende asustarnos pero le decimos muy claro que aquí hay un pueblo decidido a seguir levantando su voz a diario, de manera pacífica pero contundente”, dijo.
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