sábado, 26 de agosto de 2017

Movimiento Vinotinto aseguró que Ley contra el Odio criminaliza la libertad de pensamiento

Movimiento Vinotinto aseguró que Ley contra el Odio criminaliza la libertad de pensamiento

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Foto: Director del MovimientoVinotinto, Manuel Virguez/ Cortesía

Yessica Reyes

Licenciada en Comunicación Social. TW e IG: @Y3ssReyes

El director de la ONG Movimiento Vinotinto, Manuel Virguez, rechazó este viernes la propuesta de “Ley para la convivencia pacífica y contra la intolerancia”, conocida como la “Ley contra el odio”, de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debido a que pretende es “incrementar la cantidad de presos políticos y, en el caso de la ciudadanía busca inhibirlos de expresar sus opiniones a través de las redes sociales”. 

El también abogado se base en los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 57 de la Constitución venezolana que establecen el derecho de todas las personas a la libertad de pensamiento, destacó una nota de prensa.
Virguez consideró que otro de los objetivos es evitar someter al escarnio público los casos de altos funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción que han afectado a la población en el contexto de la crisis económicos que sufre el país.

Sexto episodio de persecución laboral

El abogado precisó que el observatorio del derecho al trabajo de la asociación recibe por día un promedio de 10 llamadas de personas que aseguran ser objeto de amenazas por parte de sus patronos, en relación a las denuncias recibidas desde el pasado 16 de Julio de sanciones y despidos de empleados públicos por su posición sobre la consulta popular opositora, los paros cívicos y la ANC.
Además de fustigar estos procedimientos que vulneran los derechos civiles y políticos de estos ciudadanos, indicó que hasta la fecha al menos 180 trabajadores han sido removidos de sus cargos en instituciones dependientes del Estado, y en ese orden de ideas afirmó que continuarán con el apoyo jurídico de estos casos que se registran en todo el territorio nacional.
Foto: Infografía sobre despidos por motivos políticos/ Movimiento Vinotinto

La impunidad sobre protestas

Virguez, además, agregó que hasta la fechase realizarón mas de 5.900 detenciones en todo el territorio nacional, de las cuales 750 corresponden al estado Lara, teniendo de esos procedimientos que aún 668 personas que permanecen privados de libertad, ente ellos 34 personas en la región larense, tras cuatro meses de manifestaciones en el país en contra del presidente Nicolás Maduro.
Según las cifras de Movimiento Vinotinto, cerca de 18.900 ciudadanos fueron heridas o sufrieron secuelas tras la implementación desmedida de perdigones, gases tóxicos y materiales alternativos no contemplados en las normas para el control de manifestaciones. Asimismo explicó que se registraron mas de 200 ataques en contra de urbanismos por parte de la fuerza pública.
Virguez lamentó y rechazó que aún cuando existen 161 hogares enlutados por el fallecimiento de un miembro de sus familias por estas manifestaciones, el 90% de estos casos está impune, citando que en el estado Lara sólo un funcionario castrense fue juzgado por la muerte de una ciudadana en la ciudad de El Tocuyo.
De igual manera, se refirió a las condiciones infrahumanas en las que se encuentra detenido en El Helicoide el diputado Wilmer Azuaje, así como las denuncias del deplorable estado en que están privados de libertad el magistrado Ángel Zerpa y el alcalde Alfredo Ramos, considerándolos a todos presos políticos, producto de la persecución selectiva que, asegura, ha implementado el Ejecutivo Nacional, e instó al defensor del pueblo Alfredo Ruiz a ejercer su cargo apegado a las leyes venezolanas.
Foto: Infografía sobre impunidad tras cuatro meses de protestas/ Movimiento Vinotinto

Sanciones penales por denuncias de la fiscal

El abogado expresó que todos aquellos funcionarios del Gobierno de Maduro que han sido nombrados por la fiscal general Luisa Ortega Díaz como responsables directa o indirectamente de la crisis económica del país deben ser procesados judicialmente, a fin de que se les establezcan las sanciones penales correspondientes a los hechos de corrupción en los que estén involucrados.
Exhortó a la Fiscalía Nacional con competencia en corrupción a pronunciarse al respecto e iniciar las respectivas averiguaciones que permitan esclarecer las irregularidades en torno a los hechos que afectan la distribución de los alimentos y medicinas necesarias para el pueblo venezolano.
Foto: Infografía sobre protestas/ Movimiento Vinotinto

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