LAS DEMANDAS CONTRA CHÁVEZ
El
14 de julio de 2003 el diario La Nación
de Costa Rica, con información de EFE, reportó:
-Miami (EEUU), Varios
venezolanos demandaron ante un tribunal de Estados Unidos al presidente de su
país, Hugo Chávez, al que acusan de planear un ataque contra una multitudinaria
marcha opositora que tuvo lugar en Caracas en abril de 2002.
Los familiares de seis
manifestantes que murieron el 11 de abril del año pasado y los de nueve que
resultaron heridos interpusieron la demanda la semana pasada en Miami (Florida),
se informó hoy.
Luego indicó:
-La acción judicial fue
presentada con base a una ley estadounidense que permite a extranjeros
residentes en este país demandar ante los tribunales de EEUU a personas o
gobiernos acusados de violar los derechos humanos en otras naciones.
De acuerdo con los
documentos consignados en el tribunal, los demandantes acusan a Chávez de
planear personalmente el ataque contra la manifestación por lo menos cuatro
días antes de que se efectuara, y de coordinar las acciones por radio.
Además de Chávez,
también se mencionan en la demanda a otras 29 personas entre funcionarios del
gobierno venezolano, generales y miembros del partido oficialista Movimiento V
República.
Después señaló:
-Los demandantes, que
buscan indemnizaciones cuyos montos no fueron divulgados, piden la congelación
de los recursos financieros que tenga el gobierno venezolano en EEUU para pagar
cualquier compensación que pueda fijar un juez en caso de ganar la demanda.
La marcha opositora en
la que murieron los familiares de los demandantes tuvo lugar horas antes de que
Chávez fuera destituido brevemente por un golpe de Estado, en abril del año
pasado.
Los manifestantes
trataban de llegar a la sede del Palacio Presidencial de Miraflores, en el
centro de Caracas, para exigir la renuncia del mandatario venezolano.
Versiones de la prensa
venezolana y de testigos, no confirmadas, señalan que las 19 muertes y los
centenares de heridos fueron causados por francotiradores no identificados que
actuaron simultáneamente sobre la marcha opositora y sobre una concentración
oficialista, convocada ese día para "defender" la sede del Gobierno.
Finalmente apuntó:
En relación a este caso
son procesados cuatro presuntos pistoleros, incluyendo a Richard Peñalver, y un
concejal oficialista del Municipio Libertador de Caracas, mientras que los
otros eran empleados públicos cuando ocurrieron los sucesos.
El 15 de abril de 2009
el medio Panamá América, con información de EFE,, reportó:
-Freedom Watch, una
organización no gubernamental de EE.UU., anunció hoy que ha presentado una
demanda en un tribunal de Miami contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
por presuntos apoyo al terrorismo, tortura, violaciones a los derechos humanos
y crímenes contra la humanidad.
Larry Klayman, abogado
y fundador de la organización, dijo en una conferencia de prensa que interpuso
la acción judicial ayer a nombre del periodista venezolano Ricardo Guanipa, a
quien Estados Unidos le concedió asilo político en 2005.
Luego apuntó:
-Freedom Watch, que
defiende las libertades civiles y los derechos humanos, señaló en la demanda
que se buscan compensaciones por más de 1.000 millones de dólares por daños emocionales
presuntamente ocasionados por Chávez y algunos de sus funcionarios por
"agresión, apoyo al terrorismo, crímenes contra la humanidad, violación a
los derechos humanos y civiles, y tortura".
Klayman afirmó que
están pidiendo que la demanda sea clasificada como colectiva para que puedan
sumarse otros venezolanos que se consideren víctimas de los mismos delitos y
que el juicio se celebre con un jurado.
La acción judicial se
interpuso basada en una Ley estadounidense que penaliza la tortura y otorga jurisdicción
a los tribunales de este país para escuchar los casos relacionados con ese tipo
de actos presuntamente cometidos fuera de sus fronteras.
En el documento
judicial, Chávez y otros miembros de su Gobierno están acusados de tres cargos:
estar comprometidos con el terrorismo y suministrar material de apoyo a una
organización terrorista, agresión y causar daño emocional intencional.
También expresó:
-Freedom Watch acusa al
gobernante venezolano de presuntamente conspirar con grupos considerados
terroristas como las FARC de Colombia, Al Qaeda y los talibanes.
Además de Chávez, se
mencionan en la demanda al vicepresidente venezolano, Ramón Carrizález; al
canciller, Ricardo Maduro; al ministro del Interior y Justicia, Tarek El
Aissami, y al director de la Disip (el servicio de inteligencia de Venezuela),
Henry Rangel Silva, entre otros.
La demanda fue interpuesta
a nombre de Guanipa, un exreportero del diario El Nacional de Caracas en la década los años 90 y que fue
periodista de Radio Martí, una
emisora financiada por el Gobierno de Estados Unidos que transmite información
a Cuba.
"No estoy
presentando esta demanda por dinero, ni por protagonismo, sino que pensé que la
demanda podría abrir el compás para que otras personas vengan a un tribunal de
Estados Unidos, donde realmente hay justicia y se protege el debido proceso a
ambas partes", dijo el comunicador a Efe en una entrevista telefónica.
Guanipa informó que fue
víctima de amenazas de muerte y agresión por parte de funcionarios y seguidores
de Chávez entre 1999 y 2004, cuando trabajaba para Radio Martí y "estaba
denunciando los vínculos de las FARC con Venezuela, el narcotráfico y lavado de
dinero".
"Hugo Chávez decía
constantemente que mis transmisiones desde Venezuela para Radio Martí eran
ilegales porque la emisora era, según él, ilegal. Me expuso como carne de cañón
y eso provocó las amenazas de muerte", explicó el demandante.
Relató a Efe que en una
ocasión caminando por las calles de Caracas, dos hombres se le acercaron y uno
de ellos lo sujetó por el cuello y le colocó un arma en la espalda, mientras el
otro le advirtió: "Mejor te quedas tranquilo o te vamos a quebrar
(asesinar). Esto no es un juego".
Y añadió:
Tras este incidente,
además de recibir mensajes de textos en su celular con amenazas de muerte, su
jefe en Radio Martí le pidió que abandonara Caracas y después de obtener la
visa se marchó a Estados Unidos, donde consiguió asilo político.
Freedom Watch también
ha presentado en otras ocasiones demandas contra Osama bin Laden, líder de Al
Qeada, el ex presidente de Cuba Fidel Castro y el ex vicepresidente de Estados
Unidos Dick Cheney.
El 2 de julio del mismo
año el diario norteamericano El Nuevo Herald, con información de EFE,
reportó:
-Freedom Watch, una
organización no gubernamental de EE.UU., informó hoy que notificó formalmente a
la compañía petrolera Citgo sobre la demanda colectiva presentada en contra del
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por presuntos actos de terrorismo y violación
a los derechos humanos.
Larry Klayman, fundador
y presidente de Freedom Watch, dijo que el Gobierno venezolano tiene 20 días
para responder a la demanda interpuesta en abril pasado en un tribunal de Miami
a nombre del periodista venezolano Ricardo Guanipa con asilo político en EE.UU.
desde el 2005.
La acción judicial fue
presentada contra Chávez, varios funcionarios de su Gobierno y Citgo, filial en
Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Freedom
Watch, que defiende las libertades civiles y los derechos humanos, ya había
anunciado en abril que con la demanda se buscan compensaciones de 5.000
millones de dólares por daños punitivos.
Klayman indicó en un
comunicado que los recursos de Citgo provenientes de la venta de petróleo presuntamente
son usados por Chávez para "apoyar el terrorismo y otros delitos contra la
humanidad, incluyendo amenazas de muerte, arrestos, tortura y asesinato''.
Entre los supuestos delitos, menciona "su negocio de drogas con las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia) y otros, y su intento de propagar
su ideología comunista no sólo al hemisferio occidental, también al Oriente
Medio''.
Finalmente destacó:
-El gobernante
venezolano desestimó en abril pasado las informaciones relacionadas con la
demanda. La acción judicial se interpuso basada en una ley estadounidense que
penaliza la tortura y otorga jurisdicción a los tribunales de este país para
escuchar los casos relacionados con ese tipo de actos presuntamente cometidos
fuera de sus fronteras.
El 7 den agosto de 2010: Pablo Kummetz, de DW, reportó:
-El presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, fue denunciado hoy ante la Corte Penal Internacional
(CPI) por el abogado colombiano Jaime Granados por delitos de lesa humanidad.
Granados, abogado
personal de Uribe, aclaró que el gobernante colombiano no es el autor de la
denuncia, aunque fue mencionado como testigo en contra de Chávez.
Luego indicó:
-El jurista señaló que
presentó la denuncia a nombre de un grupo de víctimas de ataques de los grupos
guerrilleros que viven en la zona fronteriza con Venezuela.
Asimismo, reveló que en
contra del Estado venezolano fue elevada una demanda ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por el mismo motivo.
"La denuncia es de
competencia de la Corte Penal Internacional y se trata del ciudadano presidente
Hugo Chávez, como persona natural, mientras que la demanda se refiere a la
República de Venezuela, como sujeto de derecho internacional en el marco de la
Carta Interamericana de Derechos Humanos y el pacto de San José de Costa Rica
de 1969", dijo el abogado.
Según Granados, las
acciones fueron interpuestas hoy en La Haya y Washington.
Y finalizó:
-Granados hizo el
anuncio cuando Juan Manuel Santos se dispone a tomar posesión como presidente
de Colombia en reemplazo de Uribe en una ceremonia que se llevará cabo este
sábado en Bogotá.
Por otro lado, el
gobierno colombiano mostró el pasado 22 de julio ante la Organización de
Estados Americanos (OEA) fotos y videos que considera como "pruebas"
de la presencia en el vecino país de al menos 1.500 guerrilleros colombianos,
entre ellos alias "Iván Márquez", miembro de la cúpula de mando de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La administración Uribe
pidió que se conformara una comisión internacional de verificación, mientras
que Chávez respondió ese mismo día con la ruptura total de las relaciones
diplomáticas, que ya estaban "congeladas" desde hacía un año.
El 28 de marzo de 2011 Voz de América reportó:
-La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos escucha argumentos en contra y a favor la
ley habilitante en Venezuela.
Organizaciones no gubernamentales y juristas venezolanos denunciaron de
antidemocrática la ley habilitante que desde diciembre pasado está vigente en
Venezuela, durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la OEA.
Según la denuncia, la
ley habilitante que otorgó poderes al presidente Hugo Chávez para gobernar por
decreto durante año y medio no sólo constituye una grave violación de los
derechos humanos y la Constitución de Venezuela sino también de la Carta
Democrática Interamericana.
Luego señaló:
-Uno de los
demandantes, Héctor Faundez Ledesma, de la organización no gubernamental
Consorcio Desarrollo y Justicia, destacó que la ley habilitante autoriza a
Chávez a dictar normas que restringen el ejercicio de los derechos humanos.
Entre los argumentos
expuestos por los demandantes están los de que se trata de imponer por la vía
de la “perversión legislativa” un nuevo régimen político en Venezuela en el que
se acentúan los poderes en manos del presidente en contra de lo previsto
incluso por la Constitución de 1999.
Denunciaron que además
de atentar contra los derechos humanos, las 45 leyes decretadas por Chávez en
virtud de la habitante, entre otras cosas, atentan contra la libertad de
expresión y tratan de sofocar todo foco de disidencia.
También señalaron que
en adición a la habilitante hay otras manifestaciones de degradación de la
funciones parlamentarias en el país como el aprobado reglamento de la Asamblea
Nacional que reduce el derecho de palabra de los diputados e incluso los
sanciona por hacer causa común con otro partido político.
Y continuó:
-Carlos Ayala, del
Centro de Derechos Humanos de la UCAB, resaltó que se sienta un precedente
gravísimo para todo el hemisferio cuando se le permite al presidente Chávez
dictar leyes penales y hasta tipificar delitos por decreto.
Como contraparte, en
representación del estado venezolano, la CIDH escuchó también los argumentos
del diputado oficialista Carlos Escarrá quien calificó de mentiras las denuncias
contra el gobierno de Chávez y dijo que las leyes promulgadas gracias a la
habilitante no fueron 45 sino sólo 22.
Escarrá alegó que en
gobiernos anteriores en Venezuela, como los de Jaime Lusinchi y Rafael Caldera,
también se promulgaron leyes por decreto y dijo que por el contrario de lo que
se dice, las decretadas por Chávez sí fueron sometidas “a consulta pública”.
El diputado dijo que
quienes critican al presidente Chávez no aceptan que en Venezuela se pasó de
“una democracia representativa a una protagónica y participativa (…) y de una
visión egocentrista a una colectiva de los derechos humanos”.
La jurista y
comisionada Dinah Shelton, que presidió la audiencia de la CIDH, declaró que le
confundía un poco compaginar la noción de democracia defendida por el diputado
venezolano con la idea de un poder ejecutivo tan sumamente fuerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario