EL GOBIERNO NACIONAL NO QUIERE A NUEVA ESPARTA

***El presidente de Fodeapemine enumeró varias decisiones emanadas del nivel central que atentan contra el desarrollo insular

(CNP 5985) Según Absalón Davis, presidente del Fondo de Créditos para Empresas Alternativas, la Pequeña y Mediana Industria, Fodeapemine, el Gobierno Nacional no quiere a Nueva Esparta debido a las diferentes medidas que ha tomado en contra del desarrollo integral de la región.

Como prueba de lo antes expuesto mencionó la disminución del situado que pasó de 2,82% a 2,36%, lo que originó que no se le envíe a la zona el 19,47% del presupuesto que le corresponde por ley, es decir, más de 300 millones de bolívares fuertes, todo con el propósito de estrangular a la Gobernación insular.
Recordó también el despojo del Puerto del Guamache y del aeropuerto Santiago Mariño, obras fundamentales de las cuales se obtenían recursos para el desarrollo de las comunidades. También mencionó la confiscación del Puerto de la Mar, infraestructura que debía convertirse en universidad pero que actualmente se encuentra en total abandono, así como el Margarita Hilton con su marina.
Subrayó las consecuencias negativas que han traído las decisiones del Instituto Nacional de Tierras (INTI) como la de declarar ociosas 521 hectáreas del Valle del Átamo en los municipios Arismendi y Maneiro, afectándose a unas 4 mil familias que tenían sus casas, construcciones y servicios consolidados desde hace años. “Ese grupo pasó de ser propietario a ocupante según la citada medida”, acotó, recordando que otra importante cantidad de hectárea de terreno perteneciente a varios municipios está en peligro de correr con la misma suerte.
Absalón Davis incluyó también como medida injusta para la entidad la multa impuesta al gobernador Morel Rodríguez de 76 mil bolívares por el caso de la iglesia de Los Robles en cuyo entorno se cortaron cinco árboles enfermos con el respectivo permiso fitosanitario del Ministerio del Ambiente y del Instituto de Patrimonio Cultural, olvidándose el nivel central que la misma acción fue ejecutada por el ex alcalde de Antolín del Campo, Rafael Salazar, quien autorizó la tala de 200 árboles para la construcción de una vía de acceso a la avenida 31 de julio.
En contra del desarrollo de la educación insular fue la decisión del INTI de paralizar la construcción de una sede de la Universidad Católica Andrés Bello en 5 hectáreas de terreno ubicados en Las Huertas, municipio Arismendi, los cuales fueron otorgados en comodato por la Gobernación.
“Las acciones del Gobierno Nacional conforman un dossier
evidentemente político contra Nueva Esparta. Ante las recurrentes medidas
dirigidas contra el progreso insular, es por ello que el pueblo debe formar filas para
defender su patrimonio y organizarse para contrarrestar una acción que
pareciera no detenerse”, destacó.

Fuente: Boletín de Prensa de la Gobernación.