Vladimir Villegas: Delincuencia, mano dura y derechos humanos

Precisamente la semana pasada abordábamos como temática nuestros temores e interrogantes sobre las llamadas zonas de paz y mientras esta columna de opinión era reproducida, se producía un intenso operativo en la Cota 905 con un saldo importante de delincuentes abatidos y heridos, y una gran cantidad de detenidos.

Los hechos, tercos como ellos solos, terminaron de demostrar que la política de las zonas de paz, al menos tal y como fue abordada, terminó en un estruendoso fracaso, porque el hampa aprovechó esos espacios para fortalecerse, aterrorizar a las comunidades y contar con aliviaderos para delitos como secuestro, robo de vehículos, tráfico de drogas y otros actos reñidos con la ley. Una cosa es tratar de reinsertar socialmente a personas que se han enrolado en las filas de la delincuencia y otra negociar con ellas espacios donde el Estado renuncie a sus responsabilidades. Esto último no pude conducir a nada bueno.

Por eso el operativo realizado por organismos de seguridad en la Cota 905 era necesario, inevitable. Ya no había otra forma de atacar las consecuencias de una política absolutamente equivocada. Y seguramente así tendrá que ocurrir en otras zonas del país donde la delincuencia ha consolidado verdaderas fortalezas que le garantizan impunidad. Es un clamor de la sociedad que los responsables de la seguridad ciudadana den respuesta contundente a unos delincuentes que ya han perdido el más mínimo respeto por la vida humana. Ejemplos los tenemos a diario.

Pero obviamente la respuesta represiva a la delincuencia terminará en un nuevo fracaso si no viene acompañada de una política destinada a devolverle el espacio público recuperado a los ciudadanos decentes, que son obviamente la absoluta mayoría, y a trazar una estrategia que permita revertir el daño causado ya en niños y adolescentes que ven en los pranes y en jefes de bandas a los paradigmas de un hombre exitoso y digno de imitar.

Otro aspecto delicado y sensible es el que se refiere a los derechos humanos. En un momento como este, cuando la delincuencia actúa con absoluto desprecio por la vida, suena como un ruido molesto que alguien denuncie violaciones de derechos humanos en estos operativos. Nadie quiere consideraciones para un delincuente que ya tiene encima cinco, diez o más muertos.

Esa es la realidad. Pero tampoco los funcionarios encargados de atacar la delincuencia pueden terminar actuando como ellos, porque en teoría estaríamos “resolviendo” un problema, pero a la vez creando uno mayor. Y, no menos importante, existe un Estado de Derecho que debe respetarse. Para eso nos dimos una constitución nacida de una amplia consulta popular. Para mí no es un dilema luchar contra la delincuencia con mano dura, muy dura, o ajustarse a los derechos humanos previstos en la constitución y en diversas convenciones y acuerdos sobre la materia suscritos por nuestro país. Ambas cosas, lucha decidida contra estas bandas criminales y contra el delito, y pleno respeto a los derechos humanos van de la mano.

Así que es inaceptable darle cuerda a la idea de que para los delincuentes no existen derechos humanos. Por ese camino terminaríamos justificando el surgimiento de autodefensas armadas, grupos de exterminio y otras formas de “justicia” que luego acaban ocupando el lugar de la delincuencia organizada, con el mismo o mayor grado de terror e impunidad. No hay que perder la brújula en este campo porque podríamos terminar mucho peor de lo que estamos.

Hay suficiente margen dentro de la ley para derrotar al hampa y reducirla a su mínima expresión. Es necesario que la lucha contra la delincuencia unifique a las grandes mayorías por encima de cualquier diferencia y que los organismos de seguridad estén al día en cuanto a los recursos que requieren para el desempeño de sus funciones. La mano dura, dentro de la ley, si es dura de verdad, es suficiente para ganar esa batalla.

El delincuente tiene que ser convencido de que hay un Estado que va a perseguirlo y castigarlo con las herramientas previstas en el ordenamiento jurídico, que se acabó la impunidad y que de ahora en adelante, por ejemplo, ya no habrá espacio para que las cárceles sean su guarida y su centro de coordinación de operaciones. Pero el primero en estar convencido de esto debe ser el propio Estado, y demostrarlo con hechos.

21-07-2015

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