Voluntad Popular solicitará abrir proceso judicial a jueces por retardo procesal penal de los presos políticos

Voluntad Popular solicitará abrir proceso judicial a jueces por retardo procesal penal de los presos políticos

*Representantes del partido en el Estado Nueva Esparta irán al Palacio de la Justicia en La Asunción para consignar el documento

(Prensa Voluntad Popular Nueva Esparta- CNP: 11.594) El Coordinador Regional de Activismo de Voluntad Popular en el Estado Nueva Esparta, Joxsafat Carreño, anunció que este martes 21 de julio a las 10:00 de la mañana, representantes de este partido político se concentraran en el Palacio de Justicia, en La Asunción, “a fin de consignar en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura un documento solicitando abrir un proceso judicial a los jueces por el retardo procesal penal de los presos políticos de nuestro país”.

El abogado explicó que en el documento se pide el cese al secuestro del poder judicial, que sean debidamente procesados los jueces que incurran en dilación procesal,  y en cualquier omisión a los principios procesales, puesto que la justicia debe ser expedita tal y como lo establecen la Constitución y las leyes de la República, incluyendo el Código de ética del Juez.

Carreño explicó que se exige que finalice la persecución y hostigamiento a los defensores de los Derechos Humanos.

Así mismo, realizan un llamado de atención ante ésta magistratura, para que tome las acciones necesarias para que los jueces vuelvan a ser juristas dignos del respeto de los ciudadanos, recordándoles que aunque los jueces son abogados y ante que abogados son humanos, y se deben por triple razón al ordenamiento jurídico vigente nacionalmente e internacionalmente.

Según explica Carreño “el artículo 24 del código de ética del juez  regula la conducta que estos deben mantener, cuando reza: La conducta  del juez y la jueza deben fortalecer la confianza de la comunidad por su idoneidad y excelencia, integridad e imparcialidad para el ejercicio de la función jurisdiccional; y evitarán realizar actos que los hagan desmerecer la estimación pública o que puedan comprometer el respeto y el decoro que exige el ejercicio de su función”.

Finalmente en el documento se recuerda que “son causales de destitución realizar actuaciones que supongan discriminación por razón de raza, sexo, religión, idioma, opinión política, nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; o pertenecer a organizaciones que practiquen o defiendan conductas discriminatorias, así como  llevar a cabo activismo político-partidista, gremial, sindical o de índole semejante”.