AN debe destituir magistrados del TSJ
Walter Márquez, historiador y parlamentario jubilado
Gráficas: Cortesía
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Redacción WEB con información de NP.-El diputado jubilado e historiador Walter Márquez, considera que ante este cúmulo de graves prevaricatos constitucionales el parlamento debe proceder a destituir a los magistrados que fueron designados inconstitucionalmente por la anterior Asamblea Nacional en diciembre pasado, que violando normas constitucionales y la Ley Orgánica del TSJ designó magistrados ilegalmente.
En este marco, Márquez puntualizó que “dados los reiterados ataques y el desconocimiento de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que ha cometido fraudes contra la Carta Magna, especialmente las Salas Constitucional y Electoral, en particular en las dos últimas actuaciones en las que por una parte desconocen la facultad de la AN de rechazar el estado de excepción a través de la emergencia económica decretada por el presidente de la República, y por la otra anular la reforma parcial de la Ley del Banco Central para restituir la autonomía del ente emisor financiero del país.
Señaló Walter Márquez que esta situación requiere una respuesta no solo desde el punto de vista parlamentario, sino social, por eso, además de remover a los magistrados, se debe organizar una gran movilización nacional, en uso del derecho constitucional a la manifestación pacífica, que además del liderazgo político debe estar acompañada de los sectores estudiantiles, académicos, campesinos, deportistas, empresarios; en síntesis, todos los factores de las fuerzas sociales, económicas, políticas, culturales del país, porque frente al desconocimiento del poder legislativo y la limitación de los poderes de la AN, el gobierno está cerrando una solución constitucional mediante el diálogo y la concertación.
Plantea el historiador que la gran movilización social debe ir acompañada de la sensibilidad de los cuadros jóvenes de las fuerzas armadas nacionales. “Históricamente no ha sido fácil salir en América Latina de regímenes como el venezolano sin el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, que actualmente está dividida. La cúpula apoya al régimen, pero los cuadros medios de comandante para abajo están ampliamente identificados con la democracia y la constitución, por eso es importante que se genere una alianza cívico militar, los civiles reclamando sus derechos en la calle y los militares haciendo respetar la constitución y las leyes de la República”.
Entre otros temas opinó que el gobierno anunció que va a obstaculizar la Ley de Amnistía, que es un derecho histórico. “En Venezuela tenemos más de 200 años que se promulgaron leyes de amnistía, la primera fue en noviembre de 1811 propuesta por el general Francisco de Miranda, y aprobada por el Congreso de 1811, hasta la última Ley de Amnistía que fue promulgada en 2007 por parte del presidente Chávez para quienes estaban involucrados en el golpe de estado y el paro petrolero de 2002”.
Asegura Walter Márquez que como historiador y parlamentario jubilado ve con preocupación que la Asamblea se esté dejando acorralar por el Tribunal Supremo de Justicia y por el propio gobierno. “Tiene que reaccionar dentro del marco legal, pero acompañada de una gran movilización y una respuesta contundente como es la destitución de los magistrados ilegalmente designados, porque este es un gobierno que no respeta reglas ni leyes; se ha convertido en una dictadura atípica que está al margen de la constitución de la República, y que utiliza de manera descarada a sus fichas políticas para tomar decisiones con apariencia de legalidad y desconocer así las facultades de la AN, como fue el caso de Calixto Ortega, designado ilegalmente magistrado, y que siendo dirigente del Psuv fue ponente en la Sala Constitucional para la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela”.
Acoso sistemático a comunicadores sociales
Rechazó las constantes agresiones a comunicadores sociales de la entidad, alegando que quienes ocupan cargos de poder se comportan fuera de la ley e irrespetan al ciudadano; “los abusos no solo los comete el presidente Nicolás Maduro, sino también el propio gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, como la agresión de la que fueron víctimas las comunicadoras sociales Mariana Duque y Fabiola Niño, además de los ataques contra Ecos del Torbes en una reciente rueda de prensa por parte del primer mandatario regional”.
Para concluir, cuestionó el acoso de este gobierno regional a los medios de comunicación ha sido sistemático al igual que las agresiones físicas y verbales a los trabajadores de los medios de comunicación, por lo que “ya hemos denunciado con pruebas contundentes este tipo de delitos ante las relatorías para la libertad de expresión de la OEA y de la ONU; en esta oportunidad igualmente elevaremos la denuncia de manera oficial ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional y posteriormente a las relatorías de estos organismos multilaterales”.
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En este marco, Márquez puntualizó que “dados los reiterados ataques y el desconocimiento de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que ha cometido fraudes contra la Carta Magna, especialmente las Salas Constitucional y Electoral, en particular en las dos últimas actuaciones en las que por una parte desconocen la facultad de la AN de rechazar el estado de excepción a través de la emergencia económica decretada por el presidente de la República, y por la otra anular la reforma parcial de la Ley del Banco Central para restituir la autonomía del ente emisor financiero del país.
Señaló Walter Márquez que esta situación requiere una respuesta no solo desde el punto de vista parlamentario, sino social, por eso, además de remover a los magistrados, se debe organizar una gran movilización nacional, en uso del derecho constitucional a la manifestación pacífica, que además del liderazgo político debe estar acompañada de los sectores estudiantiles, académicos, campesinos, deportistas, empresarios; en síntesis, todos los factores de las fuerzas sociales, económicas, políticas, culturales del país, porque frente al desconocimiento del poder legislativo y la limitación de los poderes de la AN, el gobierno está cerrando una solución constitucional mediante el diálogo y la concertación.
Plantea el historiador que la gran movilización social debe ir acompañada de la sensibilidad de los cuadros jóvenes de las fuerzas armadas nacionales. “Históricamente no ha sido fácil salir en América Latina de regímenes como el venezolano sin el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, que actualmente está dividida. La cúpula apoya al régimen, pero los cuadros medios de comandante para abajo están ampliamente identificados con la democracia y la constitución, por eso es importante que se genere una alianza cívico militar, los civiles reclamando sus derechos en la calle y los militares haciendo respetar la constitución y las leyes de la República”.
Entre otros temas opinó que el gobierno anunció que va a obstaculizar la Ley de Amnistía, que es un derecho histórico. “En Venezuela tenemos más de 200 años que se promulgaron leyes de amnistía, la primera fue en noviembre de 1811 propuesta por el general Francisco de Miranda, y aprobada por el Congreso de 1811, hasta la última Ley de Amnistía que fue promulgada en 2007 por parte del presidente Chávez para quienes estaban involucrados en el golpe de estado y el paro petrolero de 2002”.
Asegura Walter Márquez que como historiador y parlamentario jubilado ve con preocupación que la Asamblea se esté dejando acorralar por el Tribunal Supremo de Justicia y por el propio gobierno. “Tiene que reaccionar dentro del marco legal, pero acompañada de una gran movilización y una respuesta contundente como es la destitución de los magistrados ilegalmente designados, porque este es un gobierno que no respeta reglas ni leyes; se ha convertido en una dictadura atípica que está al margen de la constitución de la República, y que utiliza de manera descarada a sus fichas políticas para tomar decisiones con apariencia de legalidad y desconocer así las facultades de la AN, como fue el caso de Calixto Ortega, designado ilegalmente magistrado, y que siendo dirigente del Psuv fue ponente en la Sala Constitucional para la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela”.
Acoso sistemático a comunicadores sociales
Rechazó las constantes agresiones a comunicadores sociales de la entidad, alegando que quienes ocupan cargos de poder se comportan fuera de la ley e irrespetan al ciudadano; “los abusos no solo los comete el presidente Nicolás Maduro, sino también el propio gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, como la agresión de la que fueron víctimas las comunicadoras sociales Mariana Duque y Fabiola Niño, además de los ataques contra Ecos del Torbes en una reciente rueda de prensa por parte del primer mandatario regional”.
Para concluir, cuestionó el acoso de este gobierno regional a los medios de comunicación ha sido sistemático al igual que las agresiones físicas y verbales a los trabajadores de los medios de comunicación, por lo que “ya hemos denunciado con pruebas contundentes este tipo de delitos ante las relatorías para la libertad de expresión de la OEA y de la ONU; en esta oportunidad igualmente elevaremos la denuncia de manera oficial ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional y posteriormente a las relatorías de estos organismos multilaterales”.
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