Destacada, QUINTO DÍA, 2-3-2016

La Fiscal denuncia descomposición policial

Hay casos de alianzas de policías con la delincuencia y hasta organizan bandas

La Ley de Amnistía no favorece la reconciliación y la paz

Es el Consejo Moral y no la Asamblea quienes califican las faltas graves de los magistrados

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, advierte que la Ley de Amnistía no contribuye a la reconciliación nacional, ni a la paz.

Hizo otra observación.

Es el Consejo Moral y no la Asamblea, quien califica las fallas graves.

En su entrevista habló también de lo ocurrido en Tumeremo.

-¿Cuándo ustedes hablan de desaparecidos, ya es seguro?

-Sí, estaban desaparecidos, pero ya todos fueron encontrados. Te recuerdo que en la fosa donde habían sido lanzados las 17 personas que ejecutaron, porque fueron ejecutadas todas con armas de fuego, murieron producto de disparos en la región craneal y en la región torácica. Esos 17 fueron exhumados, los encontramos 17 nada más, porque inicialmente nosotros teníamos una denuncia que eran 18, pero de las pesquisas que realizamos determinamos que solamente eran 17, porque un primo, que fue el que denunció que su familiar estaba desaparecido nunca suministró otro dato, ni siquiera la cédula de identidad. Lo hemos llamado, hemos llamado a los familiares y los familiares no han aportado ninguna, no han insistido en que está desaparecido, entonces pareciera que no está desaparecido.

-O sea, ¿Había una fosa común en la mina de Hoja de Lata?

-Hoja de Lata no, eso se llama El Barral, algo así se llama, ahorita no me viene el nombre a la mente. Pero es un sitio donde hay mucho barro y allí depositaron los cadáveres, los depositan y le pusieron arriba un encerado, que llaman.

-Ahora Fiscal, ¿Es cierto lo que denuncia el diputado Américo De Grazia, que el camión donde llevaban los cadáveres iba escoltado por una camioneta doble cabina del Cuerpo de Policía Judicial, del CICPC, como se llama ahora?

-Eso es parte de la investigación, nosotros estamos investigando la certeza de todas las afirmaciones que se han hecho en torno a este caso y nosotros vamos descartando, de pronto se hace una denuncia, se hacen afirmaciones y nosotros técnicamente, científicamente vamos determinando la veracidad o no de esas afirmaciones.

-¿Ustedes pueden llamar al Diputado a declarar?

-Claro, hay un artículo del Código Orgánico Procesal Penal que señala que los altos funcionarios deben prestar la colaboración también en las entrevistas y establece que el beneficio que tienes es que ellos van a señalar el lugar y la hora en que pueden rendir su entrevista. En ese sentido, ya el día de hoy le está saliendo la comunicación para el diputado De Grazia para que lo que pueda aportar a la investigación y que permite que ayude al esclarecimiento de estos hechos, es bienvenido por parte del Ministerio Público.

-¿Los autores, qué saben de ellos?

-Mira, tenemos varias personas privadas de libertad, hasta ahora cuatro: Luis Tomás Rivera Malavé, Rosa Zoraida Gil Salazar, Manuel Alejandro Balaguera Pérez, Carlos Alfonso Balaguera Hernández. La mujer ya fue imputada por el Ministerio Público por cómplice necesario en el delito de homicidio calificado con alevosía, por motivos fútiles e innobles, y, además, legitimación de capitales. Presuntamente ella estuvo en el sitio en el momento que se ejecutaron las personas y en el momento que fueron lanzadas en este barro y que se les colocó el encerado encima. Y los otros tres fueron imputados por los delitos de, bueno, uno solo fue imputado por el delito de legitimación de capitales y asociación para delinquir. Porque los otros dos van a ser presentados en el día de hoy, porque, o sea, ellos no participaron en el evento pero coadyuvaron, colaboraron presuntamente, eso está también por demostrarse.

-¿Anteriormente a esta tragedia, esta banda operaba allí?

-No, eso es parte de la investigación y es parte de lo que queremos esclarecer del caso.

-Porque los habitantes dicen que era una pelea entre bandas.

-Bueno, esa es una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público, pero eso es lo que va a determinar con la investigación.

-Se ha dicho que el líder de estos grupos delictivos es un ecuatoriano, ¿Eso está confirmado?

-Sí.

-¿Pero no está detenido?

-No, ese es uno de los que tiene orden de captura y que, bueno, el nombre se filtró y como se filtró yo no confirmé. Pero ciertamente él tiene orden de captura, él tiene nacionalidad ecuatoriana, tenemos confianza en que los cuerpos de seguridad logren su aprehensión.

-¿Estaban descuartizados?

-En ese caso no estaban descuartizados, no habían mutilaciones, estaban completos todos.

-Está bien, pero en otros sí, ¿Qué pasa con eso, qué está pasando con ese tipo de violencia?

-Bueno, la violencia criminal, sí, ese es un grave problema; fíjate que el día que presenté mi informe yo lo abordé y yo lo quiero repetir hoy, ese es un problema de la descomposición policial. Las policías que se organizan, alianzas de las policías con la delincuencia común, crean bandas organizadas por conflictos o por territorios o drogas, por el control de los territorios, de las drogas y una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público en este caso es por el control de los espacios, control de las minas, de la explotación minera de forma ilegal. Entonces, eso degenera también corrupción, esos elementos son los que hay que atacar, atender al policía, garantizarle seguridad social al policía, garantizarle preparación, formación en valores, en éticas, en formación y eso garantiza cuando tenemos un policía que tiene buen sueldo, que tiene una seguridad social, por supuesto tendremos un mejor servicio. Y hay que sancionar a los policías que aparezcan responsables de hechos delictivos, no solamente los policías, el funcionario público que aparezca incurso en hechos irregulares, en hechos delictivos hay que sancionarlos para que se vea que hay castigo, porque cuando no hay castigo estos hechos se transforman, así como van creciendo.

-Me dicen que por ejemplo, eso no es nuevo ahí, hace muchos años.

-Sí, es de vieja data.

-¿Cuántos funcionarios envió usted a Tumeremo para eso?

-El Ministerio Público tenía 19 funcionarios inicialmente desde que comenzó este caso, encabezado por el director general de Actuación Procesal, que incluso, él maneja muy bien la criminalística. Envié a la directora de Gestión Social también para el tratamiento y el acompañamiento a las víctimas. Enviamos patólogos, odontólogos forenses, el mejor odontólogo forense que hay en el país lo tiene el Ministerio Público, que es el doctor Víctor Avidad, estaba allá también para la identificación de las víctimas, lo que es la dentadura.

-¿Qué propondría usted como penalista al Estado venezolano?

-En este aspecto, voy a hablar de la materia que me toca a mí, no vayas a preguntar sino de la materia que me toca a mí. Aquí hay que diseñar una política criminal, una política general criminal que aborde, incluso, el sistema de justicia penal, que se aborde la prevención, el control y la represión. Eso debe ser, o sea, una máxima controlada, prevenir y reprimir, también que son los órganos que sancionan. Pero debe ser sostenida, no pueden ser espasmódica, es decir, hoy salgo con un plan y dentro de 5 meses salgo con otro plan. No, debe ser sostenida. Y también tú tienes que particularizar las regiones, el abordaje que tú vas a hacer, por ejemplo, en los Valles del Tuy no puede ser el mismo que vas a hacer en Chacao, que vas a hacer en Vargas, o vas a hacer en las zonas fronterizas.

-Vamos a hablar de la Ley de Amnistía, ¿Qué le parece?

-La propuesta de la Ley de Amnistía. Yo he hecho varias observaciones y puedo continuar haciéndole muchas observaciones, porque de verdad que esa propuesta no va a conducir ni a la reconciliación, ni a la paz. Es muy amplia, lo que va a generar es impunidad, no recoge lo que debería ser una ley de perdón.

-¿Por qué?

-Mira, ahí incluyen los delitos de droga, previstos en la Ley de Drogas, en la Ley Contra la Corrupción y en la Ley de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. O sea, que ante la Comunidad Internacional nosotros nos vamos a ver como un Estado que no funciona ante estos delitos, además que el texto, el que me mostraron a mí, pareciera que quieren despenalizar algunos delitos como por ejemplo, el uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir, el delito de porte y venta de armas de fuego.

-Pero eso está allí.

-Eso está allí, yo te lo puedo mandar. Tú leíste la Ley.

-No, no la he visto.

-Ah, entonces es demasiado grave, pero hay la otra cosa que es la que yo digo que me parece extremadamente peligrosa. Imponen a los jueces y a los fiscales que tienen que decidir de esta manera, o sea, usted es juez, usted tiene que hacer esto y usted fiscal tiene que hacer esto. Si usted no hace eso, esto no está establecido en ninguna norma, lo vamos a sancionar penalmente, es decir, que los jueces y los fiscales se van a investigar por no hacer lo que dice la Ley y se van a sancionar.

-¿Qué otra cosa, Fiscal? Hay una polémica Gerardo Blyde, que es constitucionalista, dice que la Asamblea Nacional puede destituir al Poder Moral, incluyendo al Fiscal y Tribunal Supremo.

-Claro, pero es que óyeme una cosa. El procedimiento establecido en la Ley, porque la Constitución es la norma general, establecida en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para la Remoción o Destitución de un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, es que hay que primero calificar la falta grave. O sea, ese procedimiento dice: El Consejo Moral Republicano califica la falta grave y allí luego que la falta grave está calificada, es condenado porque incurrió en violación de la ética pública o la moral administrativa pueden removernos la Asamblea Nacional, pero antes no. O sea, que hay un requisito de procedibilidad para que ello ocurra. Hay un caso que ocurrió aquí en Venezuela, creo que fue en el 2006, con un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que él había forjado un documento, es decir, que hubo irregularidades en el proceso para su elección. Y la Asamblea no lo destituyó, sino que tuvo que el Consejo Moral Republicano calificar la falta grave para poderlo destituir posteriormente. Eso es precisamente los pesos y contrapesos que deben funcionar en un Estado de Derecho.

Oliver Parra