12 PEMONES PRESOS REQUIEREN
ATENCIÓN MÉDICA URGENTE
El 7 de enero de 2021 la periodista
Luna Perdomo, de TalCual, reportó:
-Tras la muerte
del indígena pemón Salvador Franco,
ocurrida el 3 de enero de 2020, aumenta la preocupación por el estado de salud
de los otros 12
pemones que continúan recluidos en el Rodeo II. Gonzalo
Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, dice que “están en las mismas condiciones”,
aunque no tan delicados de salud como Salvador Franco.
Todos fueron detenidos en en diciembre de 2019 por supuestamente estar implicados en
el asalto al Batallón 513 de Infantería
de Selva Mariano Montilla, en el sector Luepa
del municipio Gran Sabana, estado Bolívar, ocurrido el 22 de diciembre.
Estos
12 pemones están identificados como Fiacencio Meya Fernández, Lisandro
González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García,
Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amílcar José Pérez, Frederick
Fernández, Frank José Fernández, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Jóvito Mesía,
pertenecientes a la comunidad indígena Kumaracapay.
Himiob añadió:
-Están expuestos a las mismas
situaciones, condiciones, enfermedades a las que estaba expuesto Salvador
Franco…en este centro penitenciario desde hace mucho tiempo hay brote de
tuberculosis que no ha sido debidamente atendido; lo
que pone a todos los reclusos del lugar en situación de riesgo, sumando a la desnutrición,
falta de alimento, agua potable para el consumo y la falta de medicinas.
Por su parte, el coordinador Nacional de Pueblos
Indígenas de la mencionada ONG, Olnar Ortiz, cree que los otros 12 pemones
que quedan detenidos en el Rodeo II también pueden estar contagiados de
tuberculosis, por ser una enfermedad que se transmite fácilmente de persona a
persona; por lo que piden al tribunal encargado de esta causa “el traslado a un
centro de salud de todos los indígenas para que sean sometidos a evaluaciones y
tratamientos médicos de manera urgente”.
El
activista especificó además que ante el delicado
estado de salud de Salvador Franco habían interpuesto múltiples denuncias ante
el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, organismos internacionales de
protección de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), representantes de la oficina de Michelle Bachelet, Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas y, aunque Salvador
Franco murió esperando atención médica, el Foro Penal confía en que los
pronunciamientos sean más contundentes con los otros pemones.
-Los familiares de los pemones –denunció-
no los han visto y solo logran saber de sus condiciones de vida cuando van al
centro penitenciario a llevarles comida y medicinas, y los funcionarios del
lugar les dan un poco de información.
En el reporte de la periodista se
lee también que en enero de 2019, el
fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab, dijo que los
asaltantes del Batallón 513 cargaron con “131 fusiles, nueve cañones, cinco
lanzagranadas, cinco escopetas, dos ametralladoras, 209 granadas, 99 bayonetas
y miles de cartuchos con municiones para todas estas armas”, aunque aclaró que la mayor parte del material bélico había sido recuperado, a su
juicio por la “efectiva actuación de los
cuerpos de seguridad” del Estado.
-En ese entonces, -precisó- 18 personas fueron imputadas por supuestamente
estar involucradas en el
asalto, además de los 13 pemones, cinco militares fueron apresados.
En tal sentido Gonzalo Himiob aseguró que han solicitado la excarcelación de los
pemones por estar “detenidos arbitrariamente por motivos políticos”, y que los
cargos que se le imputan son “falsos, no existe evidencia alguna que los vincule a la comisión de
ningún delito”.
También sostuvo que por ellos
pertenecer a una etnia indígena “tienen derechos -con base en la Constitución-
a ser juzgados por sus pares”; es decir, por las personas dentro de su
comunidad encargadas de hacer justicia, “acción que se reclamó en su momento,
pero el tribunal negó toda posibilidad”.
Sobre el mismo caso Carolina Alcalde,
del
medio La Voz de América, escribió el
29 de enero del mismo año:
-Las
condiciones de reclusión de 12 indígenas de la etnia Pemón, considerados presos
políticos son “peligrosas y de alto riesgo”, de acuerdo a la organización Foro
Penal, que denuncia serias violaciones a los derechos humanos del grupo de
indígenas y exige que les brinden atención médica especializada.
La periodista agregó:
-Aunque en noviembre un tribunal
ordenó trasladarlo para que fuera sometido a una revisión médica, Salvador
Franco, nunca recibió atención médica y murió el 3 de enero por desnutrición,
shock séptico y edema cerebral asociado a tuberculosis, según el acta de
defunción emitida tras la autopsia. Él era uno de los 13 indígenas de la etnia
Pemón detenidos “arbitrariamente”, según la defensa, en diciembre de 2019 por
su presunta vinculación con el asalto y sustracción de armamento de una
instalación militar.
Los abogados y familiares de los 12
pemones de la comunidad de Kumarakapay en el Estado Bolívar al sur de
Venezuela, que siguen recluidos en una cárcel en las afueras de Caracas, temen
que corran con la misma suerte que su compañero, Salvador, cuya muerte es
considerada responsabilidad del Estado venezolano y fue denunciado como delito
de lesa humanidad.
A continuación expresó:
-Llenos de situación vulnerable
porque la alimentación que hoy el centro penitenciario “El Rodeo II” les da es
una sola porción de comida, el resto tiene que ser proporcionada por sus
familiares, en el caso de ellos es mucho más grave porque estando a 1.200 km de
distancia, de este centro penitenciario, evidentemente no pueden darle la
alimentación debida. Estamos solicitando que se le haga una prueba para
diagnosticar si tienen o no tuberculosis ya que ellos convivían con Salvador”, afirma
Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal.
La periodista igualmente señaló que “En varias ocasiones, los abogados de los
pemones, cuya inocencia defienden, han denunciado que en ningún momento se les
ha garantizado el debido proceso y que han sido sometidos a “tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.
En efecto el anteriormente citado
activista de derechos humanos indicó que “Desde el primer momento de sus
detenciones arbitrarias no fueron respetadas en este caso la jurisdicción
especial indígena, este delito de los cuales ellos son acusados se cometió en
una jurisdicción indígena, es por ello que si en ese momento respetando los derechos de los pueblos indígenas
tenían que haber sido juzgados en sus propios territorios”.
Igualmente apuntó que recientemente,
familiares de los pemones, recorrieron más de mil kilómetros hasta el centro de
reclusión donde se encuentran para clamar por su liberación.
“Por favor, internacionalmente
ayúdennos para que nuestros hijos sean liberados y que se respeten nuestros
derechos”, exclamó Felicia Pérez, madre de tres de los indígenas pemones
detenidos.
Precisamente hace un año, el
gobierno en disputa responsabilizó a la oposición liderada por el presidente
interino Juan Guaidó de organizar la denominada “Operación Aurora”.
En esa ocasión, el fiscal general de
la narcodictadura, Tarek William Saab, expresó irónicamente:
-Quien me diga que el robo de estas
armas es para promover actividades pacíficas en verdad está en una situación de
enajenación mental grave.
El 13 de febrero del mismo año el
periodista José Rivas, del diario Correo
del Caroní, reportó:
-Luego de más de 13 meses presos y
sin pruebas en su contra, los 12 pemones recluidos en el centro penitenciario
El Rodeo II fueron excarcelados durante la mañana de este sábado 13 de febrero
en una medida sorpresiva, confirmó Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro
Penal.
Y agregó:
-Stefanía Migliorini, una de las tres
abogadas de los pemones, informó que los 12 indígenas fueron trasladados en una
avioneta oficial con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim) hasta Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana. Desde
allí se trasladarían a la comunidad indígena de Kumarakapay, su lugar de
residencia al sur de Bolívar.
Para dicha abogada, “Fue un momento
bastante emotivo”. Asimismo indicó que hasta los momentos no saben las razones
de la excarcelación y resaltó que dos de
los indígenas estaban en condiciones delicadas de salud.
“Estaban escupiendo sangre (…)
estaban de verdad bastante delicados de salud”, relató.
Por su parte Felicia Pérez, madre de
tres de los detenidos, expresó su felicidad por la liberación. Sin embargo,
señaló: “Nunca tuvieron que ser detenidos, fue injusto porque los muchachos
sufrieron, aguantaron muchas cosas”. De igual modo le exigió al gobierno que
deje vivir en paz a la comunidad en su territorio.
“Queremos vivir tranquilos, que no nos manden
militares a nuestras comunidades”, reiteró.
Al final del reportaje Rivas apuntó:
-Los 12 pemones fueron
detenidos en diciembre de 2019 luego del asalto al Batallón 513 de Infantería
de Selva Mariano Montilla en Luepa, en el Municipio Gran Sabana, y eran
acusados de conspiración en forma política, sustracción de armas de fuego con
municiones en resguardo, terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento
al terrorismo.
Este proceso de detención fue mucho
más que irregular. Los pemones padecieron violaciones al debido proceso,
retardo procesal, maltratos y estuvieron recluidos sin garantías de
alimentación y salud.
Tanto así que sufrieron
sintomatología de COVID-19, bajaron de peso y la falta de garantías de vida
generaron la muerte por tuberculosis y desnutrición del pemón Salvador Franco,
el cual tenía una orden de traslado a un centro médico y falleció sin atención
médica dentro del recinto penal.
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