Provea pidió que se renueve el mandato de la Misión de la ONU sobre Venezuela
- La ONG destacó que el trabajo humanitario e internacional debe continuar en el país debido a las denuncias de violaciones de derechos humanos
La organización no gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) emitió un comunicado el 2 de septiembre para pedir que se renueve el trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a que su mandato vence en septiembre de 2024.
“Su trabajo ha sido clave para denunciar cadenas de mando, el control judicial, centros de tortura, Arco Minero y más. Su mandato es más necesario que nunca porque la represión en Venezuela sigue”, escribió Provea en su cuenta oficial de X (Twitter).
La ONG precisó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe renovar la misión debido a la denuncias de violaciones de DD HH que, a su juicio, siguen ocurriendo en el país. Además, advirtieron que la sociedad civil está en riesgo por la aprobación de una “Ley Anti ONG de la Asamblea Nacional”.
“La Misión debe ser renovada por las víctimas, por la verdad, por la memoria y por la justicia”, cierra el comunicado.
Pronunciamientos de la Misión de la ONU sobre la situación en Venezuela
El 22 de agosto, la Misión de la ONU alertó sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela.
El organismo denunció que ambas instituciones han desempeñado un papel “dentro de la maquinaria represiva del Estado”.
“El gobierno ejerce una injerencia indebida sobre decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, destacó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
El 12 de agosto, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela publicó un comunicado para exigir al gobierno de Nicolás Maduro “detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El organismo describió que “las protestas en la calle y en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones, abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado”. En el texto, la Misión señaló que estas acciones ordenadas “desde sus más altas autoridades” han “creado un clima de temor generalizado”.
El panel de expertos también alertó que lleva un registro de 23 muertes en el contexto de protestas poselectorales y, advirtió, que la gran mayoría de las víctimas sufrieron “disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto”.
En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años de edad. “Las muertes denunciadas durante las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”, dijo Marta Valiñas.
Los expertos señalaron que la “gran mayoría” de las aprehensiones ocurrieron cuando “manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades” o “después de participar en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales”.
Foro Penal reportó 1.780 presos políticos en Venezuela
La ONG Foro Penal informó que en Venezuela hay un total de 1.780 presos políticos. De esta cifra, 1.581 de las detenciones ocurrieron en el contexto de las protestas poselectorales que iniciaron el 29 de julio.
Asimismo, la organización precisó en su reporte publicado el 28 agosto que, de ese total, 1.550 son hombres y 230 mujeres. En cuanto a las edades, 1.666 son adultos y más de 100 adolescentes. De esta cifra, se han conocido un total de 86 liberaciones con medidas cautelares, por lo que no se trata de una liberación.
En cuanto a la ocupación de los detenidos, 1.625 son civiles, mientras que 156 son militares.
De acuerdo con cifras oficiales, durante las protestas poselectorales se registran más de 2.400 detenidos y 25 muertes, de las cuales el gobierno responsabiliza a la oposición. Sin embargo, organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han denunciado el “uso arbitrario de la fuerza” por parte del Estado.
Foro Penal también denunció que la “gran mayoría” de los detenidos en Venezuela en protestas son acusados de “terrorismo”. La ONG detectó un “patrón claro” en las detenciones relacionado con la imputación de delitos, entre los que registran también “instigación al odio”.
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