EL FRAUDE
ELECTORAL DEL
28 DE JULIO DE
2024
El 6 de agosto de 2024 Ámbito
Jurídico reportó:
-La Misión de
Observación Electoral (MOE) publicó un informe crítico sobre las recientes
elecciones presidenciales en Venezuela, revelando discrepancias significativas
entre los resultados oficiales y los datos observados. Según el informe, el
poder electoral venezolano no había entregado las actas escrutadas hasta el 2
de agosto, lo que impidió una verificación completa del resultado. Las actas
publicadas en la web de la oposición, liderada por María Corina Machado y
Edmundo González, muestran que el verdadero ganador sería Edmundo González y no
Nicolás Maduro, como lo había anunciado el Consejo Nacional Electoral (CNE),
dice la MOE.
La fuente agregó:
-El informe detalla que
la diferencia de votos entre González y Maduro es de 3.500.797, cifra que
supera los votos faltantes por contabilizar, que son 2.871.377. Incluso si
todas las actas faltantes se incluyeran y fueran a favor de Maduro, González
mantendría una ventaja de 629.420 votos.
El informe también
destaca que la diferencia entre los resultados de las actas y los boletines
oficiales es tan grande que las actas faltantes no alterarían el resultado
final. La MOE concluyó que, a pesar de las afirmaciones del CNE, los resultados
finales mostraron a Edmundo González con 6.392.350 votos frente a los 2.891.553
votos de Nicolás Maduro.
Por su parte el Centro Carter, observador del proceso electoral, indicó que el mismo “no se adecuó»
a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo
que «no puede ser considerada como democrática”.
De igual modo señaló que “el hecho
de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa
electoral constituye una grave violación de los principios electorales” y que
las elecciones “no se adecuaron a los parámetros y estándares internacionales
de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas” en ninguna de
sus etapas relevantes”, ya que ha infringido numerosos preceptos de la propia
legislación nacional y se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas
en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y
medios de comunicación.
El Centro Carter igualmente destacó
que “A lo largo del proceso electoral,
las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en
contra de las candidaturas de la oposición” y que el registro “de partidos y candidatos tampoco se adecuó a
estándares internacionales”, por cuanto “En
los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones
judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos
para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación
de sus candidaturas”.
Y añadió:
-De manera aún más importante, la inscripción
de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la
discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin
respetar principios jurídicos básicos.
La campaña electoral se desarrolló
con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos. La
candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la
gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó
el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización
de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la
candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y la radio,
tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa. Las
autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la
persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron
bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo.
Igualmente
apuntó:
-Pese a este contexto, la ciudadanía
venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus
preferencias. La jornada de votación transcurrió de una manera cívica, pese a
restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y, sobre
todo, testigos de partidos, mecanismos de eventual presión sobre el electorado
(puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para
verificar la asistencia de los votantes) e incidentes de tensión o violencia
reportados en algunas localidades. En el número limitado de recintos visitados,
los equipos de observadores del Centro Carter comprobaron la voluntad de la
ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y
demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos
y observadores. Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de
transparencia del CNE en la difusión de los resultados.
Además, el Panel de Expertos de la Organización
de las Naciones Unidas emitió un informe
el 13 de agosto el cual estaría disponible para el CNE donde detalló como fue
el proceso electoral del 28 de julio.
El documento reveló:
-El período preelectoral estuvo
marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político. La campaña
del gobierno dominó los medios de comunicación estatales, con acceso muy
limitado para los candidatos de la oposición. Numerosas restricciones al
derecho a postularse para cargos públicos se mantuvieron vigentes para varias
figuras políticas prominentes. A pesar de la ausencia de igualdad de
condiciones, el período preelectoral se desarrolló en general de manera
pacífica, en medio de un entusiasmo renovado.
Como reconocieron todos los
contendientes, el sistema de votación electrónica estaba bien diseñado y era
confiable, y estaba programado para funcionar con importantes procedimientos de
auditoría y la difusión de protocolos de resultados (actas) en las mesas de
votación. El CNE también había implementado un mecanismo robusto para el
proceso de transmisión de resultados: la transmisión digital de resultados
desde cada máquina de votación al centro principal de tabulación del CNE, con
varios niveles de protección contra conexiones no autorizadas y ciberataques.
Luego apuntó:
-La transmisión electrónica de
resultados funcionó bien inicialmente, pero se detuvo bruscamente en las horas
posteriores al cierre de las mesas de votación, sin que se proporcionara
información o explicación alguna a los candidatos en ese momento, ni al Panel.
Al momento de anunciar los resultados, el Presidente del CNE declaró que un
ciberataque terrorista había afectado la transmisión y había causado un retraso
en el proceso de tabulación. Sin embargo, el CNE pospuso y posteriormente
canceló tres auditorías post electorales clave, incluyendo una sobre el sistema
de comunicación que podría haber arrojado luces sobre la ocurrencia de ataques
externos contra la infraestructura de transmisión.
En las primeras horas del 29 de
julio de 2024, el Presidente del CNE anunció oralmente que … Nicolás Maduro
había ganado la elección con 5 150 092 votos (51.2 %), seguido por Edmundo
González con 4 445 978 votos (44.2 %), afirmando que se habían recibido
resultados del 80 % de las mesas de votación. El 2 de agosto, el CNE confirmó
al Presidente Maduro como ganador con 6 408 844 votos (51.95 %), seguido por
González con 5 326 104 votos (43.18 %), basándose en lo que según el CNE eran
el 96.97 % de los resultados de las mesas. Los anuncios de resultados
consistieron en comunicaciones orales sin apoyo infográfico. El CNE no publicó,
y aún no ha publicado, ningún resultado (o resultados desglosados por mesa de
votación) para respaldar sus anuncios orales, según se contempla en el marco
legal electoral.
Asimismo precisó:
-El Panel revisó una pequeña muestra
de los documentos que actualmente son de dominio público (incluidos aquellos
publicados en línea por la oposición) y que son reportados como protocolos
(actas) de resultados de diversas mesas de votación. Todos aquellos que fueron
revisados exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos
originales de los resultados. Esto sugiere que una medida de salvaguardia clave
de transparencia estaría disponible, como estaba previsto, respecto a cualquier
resultado publicado oficialmente. (El Panel no se propuso verificar o revisar
el total de los votos).
En resumen, el proceso de gestión de
resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de
transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones
creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y
todos los plazos establecidos fueron incumplidos. En la experiencia del Panel,
el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o
la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en
elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la
confianza del resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del
electorado venezolano.
A pesar de que las cifras de fuentes
nacionales varían y que el Panel no intentó verificar su exactitud, el Panel
tomó nota de los informes que afirman que más de 20 personas murieron,
incluyendo un soldado, y que más de 1000 personas fueron detenidas entre el 29
de julio y el 2 de agosto de 2024 como resultado de las protestas tras el
anuncio de los resultados. Las cifras reportadas han seguido aumentando. El
Panel también recibió informes de amenazas e intimidación contra agentes de
partidos políticos y oficiales de mesas de votación.
El 18 de septiembre desde Madrid,
según reporte del portal El Diario,
el Presidente Electo, doctor Edmundo González Urrutia, aclaró en un video que
fue coaccionado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y
Delcy vicepresidente ejecutiva, para firmar un documento que reconocía la
sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que dio como
ganador al candidato perdedor Nicolás Maduro.
En el citado video, aseguró que fue objeto de coacciones
por lo que “está viciado de nulidad” por no contar con su consentimiento.
Ello
ocurrió en la Embajada de España, donde se encontraba refugiado, luego de
permanecer en la sede diplomática de Países Bajos.
Allí,
en presencia del embajador español Ramón Santos los hermanos Rodríguez le
presentaron el documento y le indicaron que debía firmarlo y salir del país.
-En
otras palabras, -explicó- o firmaba o me
atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y
presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que
encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano.
El
20 de septiembre, en un artículo titulado “El chantaje”, El Nacional expresó:
-Los venezolanos vivimos
en un clima permanente de inquietud y asombro. No hay el menor atisbo de lo que
ocurrirá en el país y cada ciudadano teme, con razón, sobre la suerte de su
propia seguridad personal y familiar. Cuando se pensaba, se masticaba y se decía,
durante la campaña electoral, que lo peor estaba por venir, dando por muy
previsible la fenomenal victoria electoral efectivamente alcanzada el 28J,
nadie imaginó -quizás tan solo algunos esclarecidos- que eso peor fuera de la
hondura escabrosa de lo que se está viviendo en las horas más recientes.
La
fuente de tanto desasosiego individual y colectivo es, sin embargo,
identificable: la cúpula siniestra atornillada en Miraflores, probadamente
incompetente y corrupta para poner el agua y la luz en los hogares, convertida
en una engrasada maquinaria para sembrar el terror. Una maquinaria represiva
que ha desplegado a la vez, como lo destaca el reciente informe de la Misión de
Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, una acción
indiscriminada y focalizada.
Y continuó:
-Acorralar,
amenazar y presionar a Edmundo González Urrutia, el presidente electo de los
venezolanos, el símbolo que representa la soberanía popular, se transformó, en
la perspectiva señalada, en un objetivo focalizado y perentorio. Primero con
insultos y luego con una tenaza de acciones judiciales, policiales e incluso
personales, en varios escenarios que provocaron su salida del país hacia
España. Ahora sabemos, desde la tarde del miércoles, que González Urrutia fue
coaccionado a firmar una carta en el que acata la cocinada sentencia del
Tribunal Supremo que convalida la victoria electoral de Nicolás Maduro. Solo
así se concederían los respectivos salvoconductos para él y su esposa.
Luego
indicó:
-Esto
último ocurrió, como se sabe, en la residencia del embajador español en
Caracas, Ramón Santos, quien le abrió las puertas a Jorge Rodríguez y a su
hermana Delcy Rodríguez, para que frente a él se consumara la rúbrica del
documento que el régimen pretende usar para seguir ocultando la presentación de
las actas del escrutinio electoral del 28J. Santos, que tiene casi 40 años de
carrera diplomática, debía saber que el hombre que estaba solicitando el asilo
en su país, Edmundo González, era una víctima de persecución política y quienes
lo forzaron a firmar, dos de sus victimarios más encumbrados.
De
igual modo señaló:
-El
gobierno de Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones del comportamiento de su
representante diplomático en Caracas. El
líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la
comparecencia inmediata de Sánchez en el Congreso de los Diputados. “La
diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica,
no puede estar al servicio de un régimen dictatorial”, afirmó el líder del
Partido Popular. Los oficios de José Luis Rodríguez Zapatero, señala incluso el
diario El País, estaban de por medio
en el episodio de la embajada.
Nada
impidió, sin embargo, que ayer el Parlamento Europeo reconociera a González Urrutia
como el “presidente legítimo y democráticamente electo” de Venezuela, con los
votos de los populares y la derecha más radical. La socialdemocracia votó en
contra, con la excepción de un grupo de eurodiputados de Portugal, bajo el
argumento de que es un reconocimiento precipitado. Parece seguir apostando por
la “mediación” ante una tiranía negada a cualquier negociación política.
(La narcodictadura, que desató una arremetida violenta contra los
manifestantes que protestaban por el burdo fraude electoral cometido el 28J,
con la anuencia del presidente del nefasto CNE, Elvis Hidrobo Amoroso, Vladimir
Padrino López, responsable del Plan República, y la Sala Electoral del chavista
Tribunal Supremo, creó que con la expulsión del doctor Edmundo González Urrutia
el caso del fraude sería cerrado. Pero
ocurrió todo lo contrario, porque desde España el Presidente Electo está
desplegando una exitosa labor política en Europa, que en Venezuela no podía
porque corría peligro de perder la libertad o ser asesinado por los esbirros
del narcodictador Nicolás Maduro)
Finalmente
aseveró:
En
la misma fecha que circuló en las redes sociales el anterior artículo
periodístico, El Debate reseñó:
-Delcy
y Jorge Rodríguez utilizaron la embajada de España para tender una trampa a
Edmundo González/ Tras las
fotos, el régimen de Maduro difunde también grabaciones de lo ocurrido en la
residencia del embajador, Ramón Santos. Fue él quien recibió a los hermanos y
los condujo hasta el opositor.
No solo hicieron fotos. También lo
grabaron todo dentro de la embajada de España en Venezuela, con dispositivos ocultos.
El presidente de la Asamblea Nacional, electa en 2020, Jorge Rodríguez, hizo públicos en la tarde de este jueves varios
audios sobre la supuesta negociación con Edmundo González previa a su expatriación.
Luego
indicó:
-El
último giro de tuerca evidencia que el régimen de Nicolás Maduro utilizó la embajada española en Caracas para
tender una trampa al candidato opositor. Cuando, en teoría, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez ni siquiera
podían estar ahí, porque ambos tienen prohibida la entrada en territorio de la
UE y, por tanto, en cualquier embajada de los Veintisiete en cualquier parte
del mundo. Durante su comparecencia, un periodista preguntó al presidente del
Parlamento venezolano si González
Urrutia fue consciente de que le estaban grabando. Él dio la
callada por respuesta.
Y hay
más. Porque cada detalle que va trascendiendo compromete más al embajador
español. Ramón Santos en
persona fue quien recibió en su residencia a los hermanos Rodríguez, obviando las sanciones de
la UE. No solo eso, sino que además condujo a la vicepresidenta de Venezuela y
al presidente de la Asamblea Nacional hasta Edmundo González, que estaba dentro.
Así
lo reveló el propio Jorge
Rodríguez en una entrevista en Telesur, en la que utilizó al
embajador español como coartada. Con el argumento de que cómo iban él y su
hermana a coaccionar y chantajear al opositor venezolano si el documento fue
firmado en presencia del diplomático español. “Cómo ocurre que la
vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional
van a la embajada de España, son recibidos por el embajador y el embajador los
conduce a la reunión con González
Urrutia”, describió Rodríguez,
hablando de sí mismo en tercera persona.
Según
la versión del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares dio “instrucciones directas” al embajador
de “no inmiscuirse en las gestiones que pudiera realizar el líder opositor” con
el régimen de Nicolás Maduro para
salir de Caracas. Pero, atendiendo a las declaraciones del presidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela, Santos no
fue un mero observador.
El
diplomático español no es ningún advenedizo. Fue embajador de España en Bolivia
entre 2008 y 2013, con José Luis Rodríguez Zapatero, que lo tiene en alta
consideración. Santos llegó a Caracas en enero de 2023 para ocupar un puesto
que llevaba vacante desde 2020 por distintas desavenencias de la dictadura
chavista con España.
También
advirtió:
-El
papel de Zapatero es más turbio aún. El
Mundo publica este viernes que el expresidente español animó al opositor a
marcharse a España y que llamó a Delcy Rodríguez antes de que ésta se
presentara en la embajada española. Zapatero envió a un interlocutor al
encuentro. Un emisario cuya identidad no ha querido revelar el régimen de
Maduro. De hecho, en las grabaciones difundidas su voz aparece distorsionada.
(Se trata de Eudoro
González, activista del partido Primero Justicia que fue expulsado por ese
abominable acto)
Las
preguntas en torno a lo sucedido intramuros de la embajada española el 8 de
septiembre sacudieron ayer la Moncloa, precisamente el día en el que los
socialistas volvieron a votar en contra del reconocimiento de González Urrutia
como vencedor de las elecciones y presidente electo. Esta vez, en el Parlamento
Europeo. El miércoles había sido en el Senado y, una semana antes, en el
Congreso.
Alberto
Núñez Feijóo pidió desde Roma la dimisión del ministro Albares y el cese del
embajador, al que el día de autos -8 de septiembre- se vio acompañando a
Edmundo González hasta la escalerilla del avión de las Fuerzas Armadas española
que lo trajo a Madrid, con gesto amigable. “El Gobierno ha mentido. La
diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica,
no puede estar al servicio de un régimen dictatorial”, señaló el líder de los
populares.
Posteriormente destacó:
-El
Gobierno de España lleva dos semanas aferrándose a la versión de que su papel
fue, única y exclusivamente, acordar con el Ejecutivo de Caracas el papeleo
sobre el coche que trasladó a González al aeropuerto y el avión que lo condujo
directo al exilio. Pero la imagen de Edmundo González firmando lo que le ponen
delante en la embajada de España vale más que mil palabras, a decir del PP y
Vox. “La diplomacia española no puede estar al servicio del crimen”, sentenció
la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo.
La
polémica pilló a Albares en Bruselas. El ministro de Exteriores no aclaró los
muchos interrogantes, sino que cargó contra el PP por sus “acusaciones falsas
de desestabilización”, que comparó con las realizadas por el propio régimen de
Maduro. También pidió a Feijóo que desautorizara a Esteban González Pons por
decir “cosas que son absurdas, pero tremendamente injuriosas para nuestro país”.
Lo que había dicho el vicesecretario de Institucional del PP fue que el
Gobierno de Pedro Sánchez ha sido “cooperador necesario” del «golpe de Estado
en Venezuela. Con Zapatero como el “gran urdidor”.
El 18
de septiembre el miembro de la Plataforma
de Unidad Democrática, César Pérez Vivas, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un
recurso para solicitar “la nulidad” de la sentencia de la Sala Electoral que
convalidó, el pasado agosto, el resultado oficial de las presidenciales del 28
de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección
de Nicolás Maduro.
En un video compartido en su cuenta
de X el querellante aseguró que “La Sala Electoral ha incurrido (…) en el vicio de
usurpación de funciones y violación al debido proceso, a los derechos
fundamentales que tienen los ciudadanos en Venezuela, como es el derecho al
sufragio”,
Igualmente sostuvo quehizo su
solicitud ante la Sala Constitucional del TSJ para que corrija “el gigantesco
exabrupto jurídico cometido por la Sala Electoral” y así garantizar “la paz de
la república”.
También recordó “que la Sala
Electoral inició la validación de resultados electorales tras un recurso
interpuesto por Maduro en compañía del procurador general, Reinaldo Muñoz, de
modo que se “aplicó un privilegio que no le es dado a ninguna persona” y se
creó “un procedimiento que no existe en el ordenamiento jurídico”.
(Es
conveniente recordar que el narcodictador Nicolás Maduro fue acompañado
al TSJ por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino, quien tiene en su poder
las actas de escrutinio de las elecciones del 28J, siendo recibido en la
entrada de esa máxima instancia judicial por su presidente Caryslia Rodríguez,
autora de la sentencia que convalidó el fraude de Elvis Hidrobo Amoroso)
Igualmente dijo:
-El
día de hoy hemos presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud
de nulidad de la demanda interpuesta por la Sala Electoral relativa a la
elección presidencial del 28J. Dicha Sala ha emitido una sentencia que
constituye una flagrante violación al orden.
Cabe
señalar que, “Pese al fallo de la Sala, la Plataforma Unitaria Democrática
(PUD) afirma que el resultado oficial de las presidenciales es “fraudulento” y
que el ganador es su abanderado, Edmundo González Urrutia, una afirmación que
dicen demostrar a través del “83,5 % de las actas electorales” reunidas a
través de testigos y miembros de mesa y, posteriormente, publicadas en una página web.
Pero la narcodictadura considera
“falsos” estos documentos, pese a que contaron con la validación de grupos
de veeduría internacional, como el panel de expertos de la ONU, invitado por el
CNE en las presidenciales.
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