10 de enero: ¿el inicio de una nueva ola migratoria hacia Colombia?
Según estudios de opinión, cuatro de cada diez venezolanos contemplarían abandonar el país si Edmundo González no asume la presidencia el 10 de enero de 2025
A tan solo días del 10 de enero, las expectativas se disparan en los medios de comunicación, las calles de Venezuela y, por supuesto, en la comunidad internacional. Colombia no escapa a esta realidad, y el debate sobre la posible presencia de algún funcionario de la Cancillería colombiana en el acto de investidura de Nicolás Maduro está al rojo vivo. Este tema se está tragando toda la agenda informativa, opacando una cuestión que es igual o más relevante: la posible avalancha migratoria que podría desencadenarse a partir del 10 de enero.
El presidente Gustavo Petro y su gobierno se refugian en la ambigüedad respecto al acto de posesión de Maduro y en la indiferencia ante la migración. La migración es como el elefante blanco en el cuarto: todos saben que está allí, pero nadie quiere hablar del tema. Muchos lo ignoran porque piensan que es como el cuento del gallo pelón, una historia que se anuncia, pero no se concreta. Otros lo evitan porque, sencillamente, no es políticamente conveniente abordarlo en este momento. Sin embargo, el drama de la población migrante no desaparece con la fórmula de silencio más indiferencia.
En los primeros ocho meses de 2024, el ingreso de ciudadanos venezolanos a Colombia aumentó un 40 %, según cifras del Consejo Danés para los Refugiados. Esto ha generado mayores desafíos en regiones fronterizas como Norte de Santander, Santander y La Guajira, donde las capacidades institucionales han sido desbordadas por el alto flujo de migrantes tras las elecciones presidenciales en Venezuela. A su vez, la migración irregular se ha disparado en zonas como San Andrés y Providencia, donde las redes criminales han cobrado mayor protagonismo, afectando el ecosistema y la calidad de vida de los habitantes locales.
La situación económica y social en Venezuela se ha deteriorado aún más después del proceso electoral del 28 de julio. La moneda se ha devaluado más del 30 % desde esa fecha, la inflación ha vuelto a los dos dígitos, y el costo de la canasta alimentaria en dólares sigue creciendo de manera vertiginosa. Además, los apagones han regresado a algunas regiones, mientras que los servicios de agua y conectividad a internet permanecen extremadamente precarios.
Este panorama podría agravarse si en enero no se concreta el cambio político anhelado por la mayoría de los venezolanos. Según estudios de opinión, cuatro de cada diez venezolanos contemplarían abandonar el país si Edmundo González no asume la presidencia el 10 de enero de 2025.
Ante este escenario, es evidente que Colombia sería el país más afectado por una nueva oleada migratoria. Su cercanía geográfica, el gran número de migrantes ya asentados y la facilidad de acceso la convierten en el destino predilecto para quienes decidan huir de Venezuela. A esto se suma el hecho de que Estados Unidos, tradicionalmente el destino más apetecido por los venezolanos, endurecerá aún más sus controles a partir del 20 de enero, con el retorno de Donald Trump a la presidencia.
Lo más preocupante es que las instituciones colombianas no parecen estar preparándose para esta contingencia. En los discursos del presidente Petro, la migración venezolana no aparece mencionada, ni siquiera de manera tangencial, lo que también ocurre en las declaraciones del canciller. En ocasiones, las autoridades colombianas parecen replicar la narrativa del régimen venezolano, asegurando que la migración no es tan significativa como se percibe y que es consecuencia de las sanciones internacionales.
La respuesta de la Cancillería ante un posible aumento de la presión migratoria se limita al Permiso Especial de Permanencia para tutores (PEP Tutor) y a una visa de visitante. Aunque el primero busca regularizar a los tutores o representantes legales de niños, niñas y adolescentes venezolanos con Permiso por Protección Temporal (PPT) vigente al 31 de diciembre de 2023, es una medida insuficiente. Por otro lado, la visa de visitante, que tiene una duración de dos años, no otorga un estatus migratorio definitivo. Además, su costo elevado dificulta el acceso para los más vulnerables, y solo aplica para quienes hayan ingresado a Colombia antes de la publicación del decreto, dejando desprotegidos a los que lleguen después del 10 de enero.
La situación se complica aún más al considerar a la población refugiada, compuesta por quienes salieron del país tras la reciente ola de encarcelamientos y persecuciones políticas. Muchos de ellos esperan regresar en enero si se produce un cambio político. Sin embargo, si esto no ocurre, ¿qué pasará con ellos? ¿Existe un plan concreto de la Cancillería para atender su situación? ¿Habrá un proceso más ágil para las solicitudes de refugio, o se mantendrá la lentitud actual?
De manera que Colombia tiene retos significativos en materia migratoria para el 2025. Desde aumentar los recursos para atender la problemática con un enfoque global hasta coordinar acciones con los organismos internacionales para aliviar la presión migratoria en las zonas fronterizas.
De aquí al 10 de enero queda mucha tela por cortar y no todas las cartas están sobre la mesa. Colombia, como Estado, debe reconocer este problema y entender que los derechos humanos no tienen fronteras. Para enfrentar este desafío, es necesario salir del marco ideológico y abordar la crisis migratoria como una cuestión de protección de derechos humanos, honrando los compromisos establecidos.
LA GRAN ALDEA
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