Bancada socialista venezolana condenó “Ley Mordaza” de España
Con los votos de la revolución y un voto opositor, el hemiciclo aprobó un proyecto de acuerdo de solidaridad con el pueblo español y el mismo será elevado a todos los parlamentos del mundo
Nancy Mastronardi.- La bancada revolucionaria de la Asamblea Nacional, con un voto opositor, aprobó ayer un proyecto de acuerdo en rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana de España, conocida como la “ley Mordaza”, y en solidaridad con el pueblo español, el cual será remitido a todos los grupos de amistad y parlamentos del mundo.
El debate fue propuesto por la segunda vicepresidenta del Parlamento, Tania Díaz, y en un principio fue aprobado por la oposición, con el voto salvado del diputado Andrés Velázquez (Causa R).
“El acuerdo condena esta ley y será llevado a todos los parlamentos del mundo. No puede Venezuela quedarse callada ante el ataque contra los derechos ciudadanos”, dijo Tania Díaz durante la sesión ordinaria realizada ayer.
De acuerdo con Díaz, este instrumento legal censura al pueblo español, “incluso establece multas de 600 euros hasta 30 mil euros para los sin techo y para los ciudadanos que manifiesten”.
Díaz indicó que la ley española “busca callar a los más humildes, busca ocultar las quejas por los recortes sociales. Trata de criminalizar a cualquier persona que se oponga a que una familia sea desalojada de su vivienda”.
Explicó la diputada que el ciudadano que incumple con la ley primero debe pagar la multa y luego va a un juzgado, y si gana es que le devuelven el dinero.
Además, la ley establece la creación de un registro de infractores, “una lista negra”.
Por su parte, el diputado de la bancada revolucionaria Freddy Bernal destacó que el instrumento legal español permite aclarar dos modelos, el fascista y el socialista humanista.
Indicó que el concepto de seguridad ciudadana en el fascismo es represión, es no permitir el derecho a la protesta, “esa es la ley de seguridad ciudadana en España. En Venezuela, la seguridad ciudadana es permitir que se garanticen los derechos constitucionales del pueblo”.
“Cada vez que salimos de esta Asamblea hay un grupo de ciudadanos protestando por algo, ahora mismo hay un grupo afuera con pancartas”, refirió Bernal durante su derecho de palabra.
Dijo que la “ley Mordaza” española le da un blindaje a la policía para violar los derechos fundamentales del pueblo español y protege los grandes intereses económicos.
Oposición. El diputado opositor Biagio Pilieri expresó que todo lo que vulnere los derechos humanos fundamentales como el derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión, “por supuesto que lo rechazamos, nos oponemos y lo combatimos”.
Agregó: “Defendemos todas las formas de libertad de expresión, sea en España, en la China y por supuesto que en Venezuela. Ahora, cuando leemos este proyecto de acuerdo, en quinto considerando, pareciera que no se están refiriendo a España sino a Venezuela. Es una doble moral que rechacemos la mordaza en España y la aprueben en Venezuela con las leyes aprobadas por ustedes”.
Pilieri enfatizó que la MUD rechaza la mordaza en España, “pero también rechazamos la mordaza que sufrimos los diputados opositores en ANTV (canal de la Asamblea Nacional), porque no nos permiten expresarnos por ese medio”.
Sin embargo, Darío Vivas, diputado del Psuv, indicó que toda la sesión fue transmitida por el canal del Parlamento. “Dicen que no salen por televisión, pero los están viendo por televisión, Cantinflas, pues”, agregó.
Inhabilitaciones. El diputado opositor Arcadio Montiel propuso ayer una modificación en el orden del día para debatir sobre las inhabilitaciones de algunos dirigentes de la oposición, moción rechazada por la bancada oficialista.
En su derecho de palabra, el parlamentario Pedro Carreño (Psuv) sostuvo que la Contraloría General de la República tiene la facultad potestativa de imponer sanciones contra la corrupción.
Explicó que después que se establecen las responsabilidades administrativas, se impone la inhabilitación para ejercer un cargo en la administración pública.
Además, luego de que se asume un cargo público, el ciudadano tiene 30 días para presentar la declaración jurada de patrimonio, tal como lo señala el artículo 39 de la ley contra la corrupción.
Para el caso del exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez (inhabilitado) hay responsabilidad administrativa; hoy la Comisión Permanente de Contraloría de la AN aprobará el informe y remitirá la copia al Ministerio Público para que imponga la responsabilidad civil y mercantil.
El debate fue propuesto por la segunda vicepresidenta del Parlamento, Tania Díaz, y en un principio fue aprobado por la oposición, con el voto salvado del diputado Andrés Velázquez (Causa R).
“El acuerdo condena esta ley y será llevado a todos los parlamentos del mundo. No puede Venezuela quedarse callada ante el ataque contra los derechos ciudadanos”, dijo Tania Díaz durante la sesión ordinaria realizada ayer.
De acuerdo con Díaz, este instrumento legal censura al pueblo español, “incluso establece multas de 600 euros hasta 30 mil euros para los sin techo y para los ciudadanos que manifiesten”.
Díaz indicó que la ley española “busca callar a los más humildes, busca ocultar las quejas por los recortes sociales. Trata de criminalizar a cualquier persona que se oponga a que una familia sea desalojada de su vivienda”.
Explicó la diputada que el ciudadano que incumple con la ley primero debe pagar la multa y luego va a un juzgado, y si gana es que le devuelven el dinero.
Además, la ley establece la creación de un registro de infractores, “una lista negra”.
Por su parte, el diputado de la bancada revolucionaria Freddy Bernal destacó que el instrumento legal español permite aclarar dos modelos, el fascista y el socialista humanista.
Indicó que el concepto de seguridad ciudadana en el fascismo es represión, es no permitir el derecho a la protesta, “esa es la ley de seguridad ciudadana en España. En Venezuela, la seguridad ciudadana es permitir que se garanticen los derechos constitucionales del pueblo”.
“Cada vez que salimos de esta Asamblea hay un grupo de ciudadanos protestando por algo, ahora mismo hay un grupo afuera con pancartas”, refirió Bernal durante su derecho de palabra.
Dijo que la “ley Mordaza” española le da un blindaje a la policía para violar los derechos fundamentales del pueblo español y protege los grandes intereses económicos.
Oposición. El diputado opositor Biagio Pilieri expresó que todo lo que vulnere los derechos humanos fundamentales como el derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión, “por supuesto que lo rechazamos, nos oponemos y lo combatimos”.
Agregó: “Defendemos todas las formas de libertad de expresión, sea en España, en la China y por supuesto que en Venezuela. Ahora, cuando leemos este proyecto de acuerdo, en quinto considerando, pareciera que no se están refiriendo a España sino a Venezuela. Es una doble moral que rechacemos la mordaza en España y la aprueben en Venezuela con las leyes aprobadas por ustedes”.
Pilieri enfatizó que la MUD rechaza la mordaza en España, “pero también rechazamos la mordaza que sufrimos los diputados opositores en ANTV (canal de la Asamblea Nacional), porque no nos permiten expresarnos por ese medio”.
Sin embargo, Darío Vivas, diputado del Psuv, indicó que toda la sesión fue transmitida por el canal del Parlamento. “Dicen que no salen por televisión, pero los están viendo por televisión, Cantinflas, pues”, agregó.
Inhabilitaciones. El diputado opositor Arcadio Montiel propuso ayer una modificación en el orden del día para debatir sobre las inhabilitaciones de algunos dirigentes de la oposición, moción rechazada por la bancada oficialista.
En su derecho de palabra, el parlamentario Pedro Carreño (Psuv) sostuvo que la Contraloría General de la República tiene la facultad potestativa de imponer sanciones contra la corrupción.
Explicó que después que se establecen las responsabilidades administrativas, se impone la inhabilitación para ejercer un cargo en la administración pública.
Además, luego de que se asume un cargo público, el ciudadano tiene 30 días para presentar la declaración jurada de patrimonio, tal como lo señala el artículo 39 de la ley contra la corrupción.
Para el caso del exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez (inhabilitado) hay responsabilidad administrativa; hoy la Comisión Permanente de Contraloría de la AN aprobará el informe y remitirá la copia al Ministerio Público para que imponga la responsabilidad civil y mercantil.
NOTA: ¡Qué cínicos son los comunistas de la sumisa AN!
www.ultimasnoticias.com.ve, 22 de julio de 2015.
www.ultimasnoticias.com.ve, 22 de julio de 2015.
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