20 ejecuciones policiales durante las OLP en 2015 denuncian ante la CIDH
Muy poco ha trascendido sobre las averiguaciones contra 25 funcionarios de seguridad por los excesos cometidos en las razzias ejecutadas en los barrios populares
3 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
Llevaban el rostro cubierto, pero se podían ver las insignias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en sus uniformes. A las 2:30 de la madrugada del 17 de agosto de 2015 comenzaron a “peinar” el barrio Villa Zoita, un urbanismo de la Misión Vivienda en la isla de Margarita. Los policías irrumpieron violentamente en 172 viviendas, y en una de ellas mataron a Ángel Joel Torrealba, de 16 años de edad, quien estaba durmiendo. Era una las redadas desarrolladas en las comunidades populares del país como parte de la llamada Operación de Liberación del Pueblo.
Olga Meza, la madre del joven, recuerda haber escuchado cuatro detonaciones antes de que el agente del Cicpc encendiera las luces del dormitorio: “Se acercó al cuerpo, le miró el rostro y sacudió la cabeza, dando a entender que mi hijo no era la persona que buscaban”.
Luego de asesinar a Torrealba, los funcionarios policiales obligaron a toda la familia a salir de la vivienda. La madre escuchó más disparos y a uno de los agentes gritar: “¡Un enfrentamiento, un enfrentamiento! ¡Tenía un arma!”.
El relato corresponde a 11 de los casos de ejecuciones policiales que se habrían cometido durante las razzias realizadas en 2015 como parte de la OLP, que fueron directamente documentados por el Programa Venezolano de Educación-Acción y Derechos Humanos y Human Rights Watch. En total serían 20 ejecuciones policiales, cuyos detalles están referidos en un informe titulado “Poder sin Límites. Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela”. La denuncia será formalizada hoy en una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“En total, 245 personas murieron en el marco de ejecución de la OLP en 2015, en casos en los que intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad, según el Ministerio Público. En reiteradas declaraciones, funcionarios públicos han afirmado que estas muertes durante las redadas se produjeron en el marco de enfrentamientos con delincuentes armados. Sin embargo, las evidencias que obtuvimos –que incluyen relatos de testigos y familiares– sugieren que las personas que murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad no representaban una amenaza. En varios de estos casos, los agentes habrían provocado la muerte de personas que estaban bajo su custodia, y en al menos un caso la víctima estaba acostada en su propia cama”, señala el documento.
Provea y Human Rights Watch argumentan que “la marcada disparidad entre el número de personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad y la cantidad de personal de seguridad que resultó herido o que murió en redadas de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser muy superior a la cantidad de casos analizados”. El informe indica que 3 agentes de seguridad murieron y 14 resultaron heridos.
Detenciones y deportaciones arbitrarias. En el informe que se presentará hoy ante la CIDH, se recuerda que el gobierno reportó más de 14.000 detenciones, con el propósito de “verificar” si los detenidos estaban solicitados por la presunta comisión de algún delito. “Pero menos de 100 de ellas fueron finalmente imputadas, de modo que la enorme disparidad entre la cantidad de personas aprehendidas y las que fueron llevadas ante fiscales para ser acusadas por delitos sugiere que muchas de las detenciones, y muy probablemente la mayoría, se realizaron de manera indiscriminada y arbitraria”.
La OLP comenzó en la Cota 905 de Caracas el 13 de julio de 2015, con un saldo inicial de 14 muertos. Sin criterios claros, se extendió por todo el país. Los resultados fueron especialmente dramáticos en las poblaciones del estado Táchira próximas a Colombia, indica el informe: “Ninguno de los más de 700 colombianos entrevistados por la Defensoría del Pueblo de Colombia después de haber sido deportados de Venezuela manifestó que hubiera tenido una audiencia para poder cuestionar su expulsión. Más de 400 de los ciudadanos colombianos que regresaron a Colombia eran personas que habían pedido asilo o a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados, conforme indica el Grupo Temático Mundial sobre Protección (Global Protection Cluster) en Colombia”.
La impunidad
fomenta
los atropellos
Las ONG insistieron en la responsabilidad de los policías y militares: “Las muertes por disparos que investigamos, y los casos en los cuales las personas fueron vistas por última vez bajo custodia policial y luego fueron halladas muertas, en general ocurrieron durante la madrugada, cuando agentes de seguridad se llevaron a numerosas personas y saquearon viviendas, e incluso en algunas ocasiones todas las viviendas de vecindarios enteros. En algunos casos, los testigos relataron que agentes de seguridad dispararon a las víctimas a quemarropa. En otros, indicaron haber visto por última vez a las víctimas cuando estaban bajo custodia de agentes de seguridad. Se les ha negado sistemáticamente un recurso efectivo a las víctimas y sus familiares”.
Aunque fuentes del Ministerio Público informaron a Provea que 25 funcionarios policiales y militares estarían siendo investigados por los excesos cometidos durante la OLP, no se conocen mayores detalles. Apenas se sabe que hay una investigación abierta por una ejecución ocurrida en Zulia y otra por desalojos forzosos en un barrio de Miranda.
Además de la denegación de justicia, los familiares de los presuntos ejecutados han tenido que pagar el costo de haber denunciado los atropellos. Olga Meza, por ejemplo, quien denunció la ejecución de su hijo el mismo 17 de agosto de 2015 dijo a Provea y a Human Rights Watch que han sido acosados por funcionarios de los cuerpos de seguridad. La mujer aseguró que en una oportunidad la persiguieron cuando fue a visitar la tumba de su hijo.
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