Estos son los 54 funcionarios de Maduro en la mira de EE. UU.
De estos, tres están detenidos por la Fiscalía venezolana y uno está prófugo. Dos están en poder de Estados Unidos: uno condenado y otro detenido.
Si hay un país que en los últimos diez años ha movido su influencia para sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, ha sido Estados Unidos. Desde 2017, a través de cuatro instituciones bajo su mando, enfiló baterías contra 54 funcionarios del régimen chavista con el fin de asfixiarlos económica y judicialmente y que haya una transición política en ese país.
EL COLOMBIANO hizo un recuento por los nombres que, desde entonces, reposan en los archivos de la justicia gringa por señalamientos que van desde el mal manejo económico en Venezuela (que la llevó a tener una inflación del 193 % al cierre de 2023), la represión de manifestantes en las calles (por las protestas de 2014) y la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, hasta las violaciones a los derechos humanos, corrupción, tráfico de drogas, terrorismo y lavado de dinero.
Este listado —realizado cruzando reportes de prensa internacional y la información en las bases de datos de los departamentos de Estado, del Tesoro y de Justicia y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos— arrojó que solo dos están en poder de las autoridades norteamericanas, tres están detenidos por la Fiscalía de Venezuela, uno está prófugo de la justicia y una falleció.
El exdiputado de la Asamblea Nacional, Hugo “El Pollo” Carvajal, y el mayor general Clíver Alcalá son los que están saldando sus cuentas ante los tribunales gringos. Carvajal está detenido desde julio de 2023 y esperando que un juez dicte sentencia; mientras que Alcalá fue condenado en abril pasado a 21 años de prisión por suministrar armas a las Farc en Colombia.
Entre tanto, el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, el exsuperintendente de las criptomonedas Joselit Ramírez y el empresario Samark López se encuentran detenidos por la Fiscalía venezolana por delitos de corrupción. A los tres, el ICE los busca por delitos relacionados con maniobras para evadir sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro, así como narcotráfico internacional y lavado de activos.
Ramírez y El Aissami están en el cartel de los más buscados de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Así mismo, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (2017-2022), Maikel Moreno Pérez, es quien está fugitivo. Lo buscan el Departamento de Justicia por delitos relacionados con terrorismo, lavado de dinero y otros delitos y el Departamento del Tesoro por “usurpar la autoridad de la legislatura democráticamente electa”, en referencia a la convocatoria de la Asamblea Constituyente en 2017.
Y Tibisay Lucena, quien fue presidenta del Consejo Nacional Electoral entre 2006 y 2020, falleció en abril de 2023 mientras el Departamento del Tesoro la requería por la convocatoria a la Constituyente.
La más dura acusación de 2020
Seis altos funcionarios del Gobierno de Venezuela fueron acusados por el Departamento de Justicia por los delitos de narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero en marzo de 2020, en hechos que involucraban tráfico de cocaína en asocio con los desertores del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”.
Estos señalados, además del presidente Nicolás Maduro, son el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; Maikel Moreno; Tarek El Aissami; el diputado y número dos del chavismo, Diosdado Cabello Rondón; así como a “El Pollo”Carvajal y a Clíver Alcalá.
De ese grupo, Cabello tiene otra causa que le abrió el Departamento del Tesoro en mayo de 2018 por ser parte del “yugo de políticos corruptos que se aferran al poder mientras se llenan los bolsillos” por medio de una red de corrupción en la que participaron familiares y allegados suyos.
Allí, también fueron vinculados su hermano José David Cabello Rondón, quien actualmente es superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y exministro de Infraestructura y del Poder Popular para las Industrias; Rafael Alfredo Sarria Díaz, señalado testaferro de Diosdado, y Marleny Contreras Hernández, esposa del secuaz de Maduro y actual diputada de la Asamblea por el Estado de Monagas.
Investigados por Constituyente
Desde julio de 2017, el Departamento del Tesoro señaló a once altos funcionarios de Maduro por la convocatoria a la Constituyente que terminó anulando la Asamblea Nacional elegida en 2015, que era de mayoría opositora.
En ese sentido, fueron sancionados la fallecida Tibisay Lucena; el exministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua; el actual fiscal Tarek William Saab; la diputada María Iris Varela; Maikel Moreno; la presidenta del Consejo Electoral y actual embajadora de Venezuela ante España, Gladys María Gutiérrez Alvarado, y los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia Carmen Zuleta de Merchán, Lourdes Suárez Anderson, Calixto Ortega Ríos, Juan José Mendoza y Luis Damiani Bustillos.
Causas por violación de DD.HH.
Exministros y exmiembros de las fuerzas de policía de ese país también tienen sanciones e investigaciones por violencia, represión, violaciones contra los derechos humanos y represión por parte del Departamento del Tesoro en julio de 2017.
Estos son el exministro de Energía Eléctrica y actual presidente de Corpozulia, Néstor Luis Reverol; el comandante general de la Guardia Nacional de Venezuela, Sergio José Rivero; el diputado Jesús Rafael Suárez y el exdirector de la Policía Nacional Bolivariana, Franklin Horacio García. Fueron sancionados por “violencia y represión”.
Así mismo, en agosto de 2019 el Departamento de Estado señaló al líder de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Rafael Enrique Bastardo, y al comandante de contrainteligencia militar (DGCIM), Iván Rafael Hernández, por cometer “graves violaciones” contra los derechos humanos.
De igual manera, en enero de 2018 el Tesoro sancionó por “corrupción y represión” al ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, al exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez; al ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz, Gerardo Jose Izquierdo, y al comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, Fabio Enrique Zavarse.
Se sumarían otros 60 a la lista
Según dio a conocer la agencia de noticias Reuters, el gobierno de Joe Biden tendría una lista con 60 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a los que les aplicaría sanciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Las personas que integran esa lista harían parte de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema y la policía de contrainteligencia.
Las sanciones que les aplicarían, por medio del Departamento de Estado, serían prohibiciones de viaje a ellos y sus familiares afectados, así como la prohibición de celebrar negocios con cualquier entidad o empresa estadounidense.
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