Misión de Determinación de los Hechos identifica múltiples patrones violencia de género en Venezuela

 

IPYS   En su más reciente informe, la Misión documentó casos de manoseo de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada, requisas invasivas, insultos sexistas

Mujeres Constructoras de Paz – 01/10/24

*“A uno le piden que se baje la ropa interior hasta las rodillas, luego hay que agacharse mientras otros ven. Tengo la menstruación, así no puedo ir a Yare a ver a mi hijo de 20 años que está preso. Todo es tan injusto, él no estaba protestando”. 

*“Revisan de esa forma para ver si uno está pasando drogas, pero imagínate, por todo lo que estamos pasando, con nuestros hijos presos, que deberían estar ya preparándose para regresar a clases, uno aguantando esta humillación, solo para verlos y saber que están bien”.

“Nunca me habían hecho eso. Fue horrible: Nos revisaron a todas con el mismo guante, el mismo dedo. Me maltrataron ahí abajo y es antihigiénico. ¿Y si se me pega alguna enfermedad?… No le he contado a mi familia, porque me da pena”.

Son testimonios que narran actos de agresiones sexuales sufridas por tres mujeres cuando intentaron ver a sus familiares detenidos luego del 29 de julio, en el contexto de las protestas poselectorales.

Violaciones que identificó en su informe reciente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Específicamente, los observadores documentaron actos de violencia sexual basada en género en seis mujeres, tres niñas y tres hombres. 

De acuerdo al informe presentado el 17 de septiembre, los actos de violencia incluyeron amenazas de violación o de otras formas violencia sexual y reproductiva (incluido un caso en el que se amenazó de producirle un aborto a una adolescente embarazada).

También registraron manoseo de senos, glúteos y genitales; desnudez forzada delante de custodios y otros detenidos de sexo opuesto, en ocasiones con la obligación de realizar ejercicios físicos; requisas invasivas; innumerables insultos sexistas; y denegación de derechos sexuales y reproductivos de mujeres embarazadas o lactantes en reclusión.

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019; y tiene el mandato de investigar las violaciones graves de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014.

En este informe, presentado de conformidad con la resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, la misión proporciona una actualización de las violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. 

Resalta que “a partir del 29 julio de 2024, luego de que la autoridad nacional electoral proclamara ganador al presidente Nicolás Maduro, se desencadenaron protestas por todo el país y denuncias de fraude, que fueron reprimidas. La reactivación de la modalidad más violenta de la maquinaria represiva del Estado condujo a violaciones graves de derechos humanos y delitos, en la que constituyó una de las crisis más agudas de los años recientes”.

Antes del 28 de julio de 2024, el caso más significativo investigado por la misión fue el de John Álvarez, quien sufrió tortura sexualizada. Álvarez recibió descargas eléctricas en los genitales en una comisaría de Caracas durante su detención. La misión también documentó en el periodo previo al 28 de julio, cinco casos de desnudez forzada y requisas de mujeres durante visitas a personas privadas de libertad, incluido en el centro de detención El Rodeo I. 

En otro caso, destacó que un periodista fue sometido a desnudez forzada por funcionarios de cuerpos de seguridad que lo detuvieron mientras cubría una noticia. Entre los casos posteriores a las elecciones presidenciales, la misión investigó el de dos niñas de 15 y 17 años que fueron detenidas durante las protestas, aun sin haber participado en ellas. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que las detuvieron las golpearon, les tiraron del pelo, las tildaron de “perras guarimberas” y a una de ellas la tocaron entre las piernas por encima de su ropa. 

Posteriormente, las muchachas fueron trasladadas al comando de la GNB, donde fueron golpeadas y humilladas. A una de ellas la obligaron a bajarse los pantalones y le tocaron los genitales. 

La misión expuso en su informe, la historia de una mujer, familiar de una persona detenida, que fue extorsionada por un funcionario que le exigió favores sexuales a cambio de mejorar las condiciones de detención de su familiar.

Tras las protestas postelectorales, la misión registró “una multitud de casos de requisas invasivas y de desnudez forzada de mujeres y niñas detenidas. Estas prácticas se identificaron especialmente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina”.

Causar daño

Nicole Hernández, investigadora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), tomando el contexto anterior destaca que en efecto la mujer ha sido doblemente vulnerada, es decir es víctima diferenciada y agravada de los mecanismos de represión que está ejerciendo el Estado.

“No solo es víctima de persecución sino que además es víctima diferenciada y desproporcionada en este contexto. A pesar de que la represión es un mecanismo generalizado que utiliza el Estado contra toda persona que perciba como enemigo, cuando estas acciones ocurren contra mujeres sobresalen actitudes que pueden considerarse como discriminación y  violencias que sí están  basadas en el género, como son los insultos sexistas, la denegación de los derechos sexuales y reproductivos, la desnudez forzada, entre otros”. 

En definitiva, recalca, las mujeres no solo son víctimas de la violencia por parte del Estado, sino que además enfrenta agresiones específicas basadas en su género. “La Misión ha documentado en el pasado el impacto diferenciado que sufren las mujeres en el contexto de represión en Venezuela, por ejemplo, en la instrumentalización de las mujeres en el ejercicio de la violencia política, la forma en la que las familiares se convierten en víctimas de persecución, la violencia sexual y de género en lugares de detención, las agresiones que sufren cuando visitan al familiar detenido, el uso de insultos o amenazas basadas en el género, entre otros”.

Pero, un tema muy alarmante que no había documentado es lo que está ocurriendo con las niñas y adolescentes, que según el último informe de la Misión, son detenidas junto con hombres adultos y sin ningún tipo de protección procesal en su condición de menor de edad. 

“Entre los actos de violencia sexual y basada en género, la misión identificó dos adolescentes de 15 y 17 años que fueron detenidas durante las protestas, aun sin haber participado en ellas. A estas chicas, según afirma la Misión, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana las golpearon, les tiraron del pelo y las abusaron sexualmente. Igual de alarmante es el caso de las amenaza de producirle un aborto a una adolescente embarazada. 

“La violencia ejercida no solo refleja una represión política, sino también una violencia de género que se manifiesta a través de amenazas de violación, abusos sexuales, y denegación de derechos reproductivos. Estas prácticas buscan no solo silenciarlas, sino también enviar un mensaje de terror y control, utilizando las violencias basadas en el género como un arma para imponer miedo y sumisión. Ahora bien,  la inclusión de adolescentes y niñas en estos actos muestra un mecanismo atroz para causar terror y una intención de infligir un daño profundo y prolongado, en las víctimas, en sus familiares y en la población”.

¿Pero qué pasa cuando el Estado no reconoce las vejaciones y agresiones sufridas? La investigadora sostiene que  las víctimas quedan en una situación de total desprotección. 

“No hay acceso a justicia ni reparación, lo que perpetúa el ciclo de impunidad. Las víctimas, por tanto, se enfrentan a un sistema que no solo las agrede, sino que también las abandona, dejándolas sin recursos ni apoyo para encontrar justicia”. 

A pesar de eso, considera que las organizaciones de la sociedad civil independiente se han convertido en una ventana de denuncia para las víctimas, “y las organizaciones internacionales de defensa y protección de derechos humanos hoy mantienen vigentes mecanismos como el de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que se convierte en una ventana de esperanza para las mujeres víctimas, de que se conozca la verdad y que puedan en un corto plazo encontrar justicia y reparación”.

Medidas inmediatas 

De hecho, la Misión consideró que algunas de las violaciones documentadas (entre ellas las agresiones sexuales) constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos. “Dicho crimen se ha venido cometiendo a personas críticas del Gobierno, opositoras políticas u otras percibidas como tales”.

Por tanto, pidió, entre otras recomendaciones, adoptar medidas inmediatas para garantizar que todas las personas,independientemente de su identidad de género, estén protegidas contra la violencia sexual y de género durante una detención. 

Asimismo, asegurar que cualquier acto de violencia de este tipo, incluidas las requisas invasivas y la desnudez forzada, sea investigado y sancionado conforme a la ley.

*Madres de adolescentes detenidos, tras las protestas poselectorales del 29 de julio.