¿Escuadrones de la muerte?
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| Escuadrones de la Muerte en El Salvador |
Escueta y espeluznante, la noticia da cuenta del
ajusticiamiento de dos jóvenes estudiantes cuyos cadáveres -maniatados,
amordazados, golpeados y baleados con saña- fueron encontrados en Catia
el viernes por funcionarios policiales que, en comunicado también escueto y
sospechosamente expedito, señalan, para curarse en salud, que los familiares de
Luis Arianyi García, de 21 años de edad, y Yasmir Jesús Tovar Madrid, de 23,
habrían negado “que hayan sido detenidos y asesinados por efectivos policiales
por participar en protestas en Caracas”.
Sin embargo, los periodistas apostados en la morgue de Bello
Monte no pudieron corroborar con allegados a las víctimas esa declaración que
suscita más dudas que convicciones; y, si no tenía velas en ese entierro, ¿por
qué el gobierno pagó los gastos del funeral?
Con este infausto hallazgo, el número de jóvenes asesinados
en la capital desde el 19 de febrero se eleva a seis, media docena de
ejecuciones que sólo serán tomadas en cuenta con fines estadísticos y, lo mismo
que otras similares, engrosarán el archivo de casos sin resolver, y sus
autores, que podrían pertenecer a esos colectivos parapoliciales que actúan -con
tácito visto bueno gubernamental- al margen de la ley, pero cuadrados con la
revolución, gozarán de libertad absoluta y hasta subsidiada.
Acierta María Corina Machado cuando sostiene que “el
asesinato de los estudiantes ratifica la urgencia de la transición”, pues es un
hecho que este régimen no está en capacidad de garantizar la seguridad
ciudadana, como revelan las escalofriantes cifras referentes a robos,
secuestros y homicidios que son perpetrados al por mayor en todo el territorio
nacional.
Esas muertes ocurren en un país aquejado por la precariedad
del abastecimiento alimentario, la recurrencia de las colas, los fallos
reiterados en la prestación de servicios públicos, la agudización de la
represión del justo reclamo y la coerción del ejercicio de los derechos y
libertades ciudadanas; es decir, en términos del acontecer nacional, se reducen
a una tragedia sin más dolientes que los parientes y amigos de los fallecidos,
cuya sed de justicia no será satisfecha, como no es satisfecha la mayor parte
de sus necesidades.
En este contexto cabe preguntarse para qué existe un
supuesto poder moral -que de ética no puede presumir, porque sus órganos están
al servicio del opresor- cuyo emblema, la Defensoría del Pueblo, no ampara a
quien, teóricamente, debe representar y es su razón de ser: el hombre común y
corriente maltratado por un gobierno que le persigue, raciona y limita su ya de
por sí reducida capacidad de compra y escamotea la protección que,
constitucionalmente, está obligado a prestarle.
Razón, y mucha, tienen quienes han empezado a sumarse al
“acuerdo para la transición” porque está claro que no se habrá de resolver con
prontitud ni diligencia lo que no se ha entendido ni atendido a lo largo
de los 16 años que llevamos viviendo al borde del peligro y de un ataque de
nervios.
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