domingo, 4 de octubre de 2026

Lula y Bolsonaro finalizan campaña con baño de multitudes en Sao Paulo

 

Lula y Bolsonaro finalizan campaña con baño de multitudes en Sao Paulo

Encuestas dan a Lula, el 45% de la intención de votos y a Bolsonaro (hijo), 40%

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (i), participa junto a candidato por el Gobierno de Sao Paulo, Fernando Haddad, en una caravana este sábado, en Sao Paulo (Brasil). EFE

El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival más próximo, el senador Flávio Bolsonaro, encabezaron este sábado masivas movilizaciones en distintos puntos del estado de São Paulo, el principal colegio electoral de Brasil, para exhibir su músculo político antes de la votación del domingo.

Mientras que el oficialismo ocupó el centro, con una caminata que comenzó en la Avenida Paulista y siguió hasta una de las plazas principales de la ciudad, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro encabezó una marcha de motocicletas entre dos localidades del interior del estado.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo, de los cuales 34 millones se encuentran en el estado de São Paulo, en donde ambos candidatos decidieron cerrar su campaña para las presidenciales y legislativas de este domingo.

Una marea roja por la reelección

Bajo un sol intenso, Lula avanzó a bordo de un camión de sonido luciendo su característico sombrero Panamá y agarrando las manos de una multitud vestida de rojo que se lanzaba sobre el vehículo para tocarlo.

Acompañado por su candidato a la gobernación del estado de São Paulo, Fernando Haddad, y las candidatas al Senado, Marina Silva y Simone Tebet, el líder progresista llamó a los presentes a ir a las urnas “con mucha tranquilidad, sabiendo que de un lado está la democracia y la soberanía”, y “del otro lado, la barbarie y la corrupción”.

Miles de personas se acercaron con banderas y camisetas con la frase “Brasil es de los brasileños”, uno de los lemas de gestión del mandatario desde que Donald Trump impuso tarifas a gran parte de las importaciones del país para torpedear el juicio que enfrentaba Bolsonaro padre y que acabó con una condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Beatriz Pimenta, una joven de 24 años que estuvo presente en la manifestación, afirmó a EFE que vota a Lula porque cree en “un Brasil soberano” y considera que el actual mandatario es “el político más fuerte para impedir una intervención de Estados Unidos”.

A través de sus redes sociales, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) reaccionó a la masiva convocatoria con una foto cenital de la caminata y escribió “DataPovo” (‘DataPueblo’), un juego de palabras frente a la encuestadora Datafolha y a los sondeos que lo ubican por debajo de su rival en el estado paulista.

Bocinazos por la libertad

Por su parte, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, acompañado por el gobernador del estado de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcísio de Freitas, encabezó una marcha de motocicletas entre las localidades de Santa Bárbara d’Oeste y Americana, a unos 130 kilómetros de la capital.

Allí, miles de simpatizantes acompañaron el recorrido de un punto al otro con motos, autobuses y caravanas de automóviles, ondeando banderas de Brasil y luciendo pancartas en respaldo al aspirante de extrema derecha y a su padre.

Simpatizantes del candidato a la presidencia de Brasil por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, acompañan una caravana este sábado, en Santa Bárbara d Oeste (Brasil). EFE

Bolsonaro hijo se saludó con sus seguidores en un clima marcado por los reclamos de libertad para los calificados por la multitud como “presos políticos”, entre los que figura el propio Jair Bolsonaro y los condenados por el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Durante el transcurso de la marcha, miles de personas se agolparon en los puentes sobre la carretera o siguieron a la caravana con sus vehículos por las rutas adyacentes tocando sus bocinas y exhibiendo banderas brasileñas por las ventanillas.

La campaña de Flávio cierra esta tarde con otra marcha de motocicletas en Río de Janeiro, en donde este domingo emitirá su voto en una escuela de la zona norte.

Para la primera vuelta, el líder progresista obtiene un 45 % de los votos válidos, mientras que el senador ultraderechista consigue el 40 %, excluyendo votos blancos y nulos, según una de las últimas encuestas, divulgada este jueves.

En caso de que este domingo ninguno de los candidatos alcance el 50 % de los votos válidos, se disputará una segunda ronda el 25 de octubre.EFE

Institucionalidad y garantías electorales

 

Institucionalidad y garantías electorales

“Son las elecciones legítimas y transparentes las que otorgan el piso político y la autoridad moral necesarios para refundar los poderes públicos, incluida la justicia, y no al revés”

El reciente anuncio de la Asamblea Nacional (AN) sobre el cronograma para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales es un paso lento, pero se saluda con beneplácito. La reactivación de este mecanismo abre una ventana formal para que la sociedad civil evalúe a los futuros integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, este avance, lejos de disipar las dudas, pone de relieve la paradoja central que ha marcado el debate político venezolano: el uso de la reinstitucionalización como un argumento de dilación.

La institucionalidad a cocción lenta

Ahora que se habla más abiertamente de elecciones en Venezuela, sin embargo, sigue imponiéndose la corriente de la necesaria reinstitucionalización del país para poder asegurar procesos electorales confiables. De hecho, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, aseguró que en Venezuela habrá elecciones, pero que antes era necesario un proceso de revisión institucional que genere mejores condiciones antes de dar ese paso.

La receta institucional puso como ingrediente principal al TSJ, así se anunció el pasado 12 de agosto, y desde entonces la cocción ha sido lenta. Casi 20 días después, la AN aprobó la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ que reestructura al Comité de Postulaciones Judiciales, pero lo cierto es que, luego de 50 días, todavía no se ha conformado el Comité de Postulaciones Judiciales.

En todo caso, ese orden propuesto: primero la reinstitucionalización y luego la elección, plantea un asunto peligroso, porque condiciona el ejercicio de soberanía popular a la alcabala de la reforma judicial que avanza al ritmo discrecional del propio poder que la promueve.

La experiencia histórica de las transiciones democráticas demuestra exactamente lo contrario: son las elecciones legítimas y transparentes las que otorgan el piso político y la autoridad moral necesarios para refundar los poderes públicos, incluida la justicia, y no al revés.

¿Adecuación institucional sin garantías?

Hemos sido consistentes en admitir que lo electoral no es el punto de partida ni el fin último de la causa venezolana, pero forzoso es precisar que un proceso electoral, con voluntad y compromiso político, es la mejor herramienta para restaurar la confianza institucional, de manera ordenada y pacífica con fundamento constitucional; además, formaliza el verdadero cambio democrático, con suficiente piso legítimo. El rescate institucional no debe sacrificar a la soberanía popular.

La adecuación institucional para el proceso electoral no se debe someter a la fecha de una elección, hay un conjunto de imprescindibles garantías que preceden a ese proceso. De hecho, varias de ellas se han activado, aunque de un modo espasmódico, sin reforma institucional y sin compromiso de no reincidencia.

Por ejemplo, el levantamiento del bloqueo de varios portales o las excarcelaciones de un grupo de presos políticos son muy buenas señales del cambio que el país merece. Pero la estructura y la alta discrecionalidad de la Conatel está intacta, y lo mismo puede decirse de los cuerpos represivos. Son decisiones facultativas, que no reinstitucionalizan nada, ni hay medidas que eviten que se vuelvan a cometer abusos.

Pidamos garantías: ¡desmonten el andamiaje punitivo! Antes del proceso electoral nacional se pueden crear y sostener las condiciones mínimas para su realización, para ello es necesario desmontar al sistema que criminaliza al disenso, limita la participación plural y la acción cívica en su conjunto.

El secuestro de la libre asociación política. En la práctica se ha instrumentalizado a los órganos de justicia para despojar a varios partidos de sus legítimas directivas, de sus siglas, símbolos y colores. Una buena señal de rescate institucional sería detener de inmediato esa perversa judicialización. Para ello no hacen faltas grandes reformas, ni una transformación estructural, basta volver a la senda constitucional: restituir el derecho de las militancias a elegir a sus autoridades. También se requiere restablecer los canales formales para la constitución de nuevos partidos políticos.

La asfixia de la contraloría ciudadana. Dejen de criminalizar a las organizaciones civiles que siempre promovieron la participación electoral informada, hicieron auditorías y observación técnica electoral, formaron a testigos y monitorearon centros de votación, dando así garantía de credibilidad y confianza en los resultados electorales. Eso significa la derogación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, con ella impusieron una serie de controles burocráticos y registros estatales que terminaron por criminalizar y forzar el cierre de varias de esas organizaciones.

Criticar al gobierno no es odio

La derogación de la Ley Constitucional contra el Odio es un verdadero compromiso institucional. En la práctica se ha aplicado a la opinión y a la crítica vehemente y altisonante, los sujetos preferidos han sido periodistas, activistas y políticos de oposición, y las sanciones son tan desproporcionadas que, en lugar de promover la paz o la convivencia pacífica, como su nombre ofrece, ha provocado autocensura, afectando así a la conversación pública y al discurso político en tiempos de campaña electoral.

Ahora que la ONU vuelve a ser popular para el interinato, deberían chequear el Plan de Acción de Rabat, adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en él se propone una guía para definir cuándo una expresión puede ser restringida o criminalizada como incitación al odio.

Esta pequeña lista de acciones propuestas son parte de la agencia ciudadana que nos toca a todos, se inscribe en los mecanismos de presión para lograr una institucionalidad que se procura con hechos y no con promesas de rescate. Son garantías que se pueden dar ya mismo, que generan la sana expectativa de un proceso electoral equilibrado y justo. La idoneidad del proceso de transición no se decreta desde arriba ni se importa desde afuera.

Las garantías democráticas y de participación no son la meta final de una reforma institucional condicionada; son el derecho elemental sobre el cual se debe construir la reconstrucción de Venezuela.

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

De la misma autora: ¿Oportuno para quién? La ciudadanía activa como motor de la transición venezolana

Autor(a)  EFECTO COCUYO

¿Qué se sabe sobre el caso Caguaripano?

 

¿Qué se sabe sobre el caso Caguaripano?

La defensa exige anular el juicio original por violaciones al debido proceso

El capitán (r) Juan Carlos Caguaripano es uno de los presos políticos más emblemáticos del país. La atención de su familia y de los defensores de derechos humanos está puesta en la decisión que debe tomar la justicia sobre la apelación a la sentencia de 30 años de prisión. 

El pasado 16 de septiembre venció el lapso legal de 10 días hábiles que tenía la Sala N.º 1 de la Corte de Apelaciones para emitir su fallo. Aunque la norma permite un retraso por la complejidad de la causa Paramacay, la intervención de un ente administrativo externo paraliza la resolución.

Esta semana el expediente del capitán fue retirado de la Corte de Apelaciones por la presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, una acción irregular que mantiene paralizada la emisión de la sentencia e impide que los magistrados publiquen el dictamen sobre el oficial y los otros 22 procesados por el caso Fuerte Paramacay.

La abogada defensora Theresly Malavé, en un contacto telefónico con Efecto Cocuyo la tarde de este 2 de octubre, advirtió que las competencias de la directiva del circuito son estrictamente administrativas y carecen de injerencia en resoluciones judiciales. “Afecta en el sentido que pareciera ser manipulación de la decisión y no tiene sentido jurídico que hayan pedido el expediente”, explicó.

Para el equipo legal, la intromisión busca revertir un dictamen que resultaba positivo para los acusados. “Si hay interferencia por parte del gobierno, es que seguramente la decisión era favorable”, argumentó la jurista y representante legal del capitán Caguaripano.

Sobre el proceso también circulan versiones extraoficiales que apuntan a la solicitud de vacaciones por parte de dos de los magistrados encargados de evaluar la apelación, pero la defensora no confirmó estos rumores. 

Malavé acudirá este lunes 5 de octubre  a la ciudad de Valencia para verificar directamente en la sede del tribunal estas ausencias y el estatus operativo de la corte.

Vicios en el proceso judicial

Caguaripano fue detenido en agosto de 2017 tras asaltar  la Brigada Blindada del Ejército en el Fuerte Paramacay, estado Aragua, y condenado a 30 años de prisión en diciembre de 2025 por los delitos de rebelión militar, traición a la patria y sustracción de armas pertenecientes a la Fuerza Armada.

Los representantes del militar, sometido a torturas, exigen la nulidad absoluta del juicio original tras denunciar transgresiones graves, como condenas dictadas en ausencia, una práctica prohibida por las leyes venezolanas. 

“Es un expediente contentivo de crímenes de lesa humanidad, de violaciones de derechos humanos, donde se prescindieron un porcentaje importante de pruebas, los sentenciaron sin probar participación y al momento de sentenciar se hizo sin nosotros como defensores”, señaló la abogada y defensora de derechos humanos.

La demora de la decisión prolonga el confinamiento del oficial bajo condiciones extremas en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, donde lo obligan a usar capucha y grilletes solo para cruzar al baño. Durante la reciente audiencia telemática, en la que su abogada pudo acompañarlo por primera vez, se evidenció que Caguaripano perdió la motricidad fina al intentar escribir, además de mostrarse profundamente conmovido tras volver a tener contacto humano sin estar esposado.

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Me dedico al periodismo con enfoque en derechos humanos. Hago cobertura sobre violencia en un país con pocas garantías

Desbloqueo selectivo de la censura digital: 74 dominios libres y 145 portales siguen bloqueados

 

Desbloqueo selectivo de la censura digital: 74 dominios libres y 145 portales siguen bloqueados

El desbloqueo de medios de comunicación comenzó el 16 de septiembre

La censura en el espacio digital venezolano se mantiene, pese a los anuncios oficiales y al levantamiento gradual de restricciones ordenado entre el 16 y el 25 de septiembre, De acuerdo con el reporte número 5, publicado este 29 de septiembre por la organización VE Sin Filtro, un total de 74 dominios han dejado de estar bloqueados en al menos un proveedor de internet (ISP); sin embargo, 145 sitios web continúan bajo medidas de bloqueo activo en el país. 

Entre el 16 y el 29 de septiembre, el ecosistema digital venezolano experimentó un giro tras años de restricciones sistemáticas. Las decisiones anunciadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enmarcadas en las recomendaciones del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, derivaron en la orden de restablecer el acceso a decenas de portales informativos y plataformas web en los principales proveedores de internet del país.

El anuncio oficial se gestó en dos fases. La primera se hizo pública la noche del miércoles 16 de septiembre, cuando el vicecanciller Oliver Blanco difundió un comunicado del Programa para la Paz en el que se recomendaba a la Presidencia de la República “eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación” tras un proceso de consultas con diversos sectores. Horas más tarde, Conatel confirmó en sus canales oficiales la emisión de la “notificación técnica” dirigida a las empresas operadoras para habilitar las infraestructuras digitales a partir del 17 de septiembre.

A pesar de los anuncios de apertura, las mediciones técnicas independientes demuestran que la medida no representó el fin de la censura en línea. El monitoreo técnico desarrollado por el observatorio VE Sin Filtro, mediante herramientas como OONI Probe en Cantv, Movistar, Digitel, Inter, NetUno, Airtek y ThunderNet, determinó que, de un universo amplio de páginas restringidas, 74 dominios han logrado ser desbloqueados en al menos un proveedor de internet. Sin embargo, la brecha de la conectividad persiste y solo 38 dominios cuentan con un acceso libre y homogéneo en la totalidad de los proveedores monitoreados.

Segunda etapa de desbloqueos

La segunda ola de reactivaciones se formalizó a partir del 25 de septiembre, cuando el Ejecutivo ordenó el levantamiento de medidas administrativas contra 55 dominios adicionales. Esta ronda incluyó a portales de noticias, verificadores de datos, organizaciones de derechos humanos y plataformas internacionales. 

El comportamiento de la empresa estatal Cantv, el principal proveedor de telefonía e internet de Venezuela, evidencia el carácter arbitrario y fragmentado de la medida. Aunque Cantv ejecutó la instrucción de habilitar el tráfico hacia medios como Efecto Cocuyo, El Pitazo, Crónica Uno y Tal Cúal, mantuvo inalterados los bloqueos por Sistema de Nombres de Dominio (DNS) e inspección de paquetes contra portales de investigación. 

 La operadora estatal sigue impidiendo el acceso directo a sitios como Armando.info, El Nacional, Infobae, NTN24 y La Patilla, cuyos servidores continúan respondiendo con fallas dirigidas para los usuarios de la red pública.

El análisis de las técnicas aplicadas revela además que el levantamiento de restricciones carece de estabilidad en las telefónicas privadas. VE Sin Filtro alertó  que en la red de Movistar se registraron “rebotamientos” o reactivaciones temporales de bloqueos que ya habían sido retirados, como ocurrió con el portal de Radio Fe y Alegría Noticias y el sitio web de The Wall Street Journal, los cuales continuaron arrojando anomalías por DNS y HTTP en ciertos nodos móviles.

Sociedad civil exigió el desbloqueo

La respuesta de la sociedad civil organizada ante los anuncios ha sido cautelosa. Espacio Público y la Alianza por la Libre Expresión recordaron que este levantamiento parcial ocurre a seis meses de la movilización realizada el 13 de marzo de 2026 ante la sede de Conatel. En esa oportunidad, más de 30 instituciones, defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios entregaron un documento al ente regulador exigiendo el cese de la censura digital, una petición que no recibió respuesta formal hasta el despliegue de las órdenes ejecutivas de septiembre.

Los recientes comunicados de las autoridades evidenciaron que el bloqueo a las páginas web en el país siempre ha dependido del Estado. El director de VE Sin Filtro, Andrés Azpúrua, señaló a Espacio Público que esta acción demuestra que el gobierno siempre tuvo la capacidad administrativa para frenar la censura digital. 

“El desbloqueo de estos medios es un paso pequeño hacia la regularización del ejercicio de la libertad de información. Sin embargo, se queda muy corto porque la magnitud de la violación es inmensa. Documentamos más de 188 dominios que estaban bloqueados; levantar una fracción de ellos demuestra que el Gobierno siempre tuvo en sus manos la eliminación de esta censura que viola el derecho de la ciudadanía a buscar y recibir información”, dijo. 

La infraestructura de censura del Estado sigue intacta. Con casi un centenar de medios aún bloqueados, organizaciones civiles y periodistas independientes insisten en que el acceso a la información en internet debe garantizarse como un derecho ciudadano pleno y no como una concesión política.

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Me dedico al periodismo con enfoque en derechos humanos. Hago cobertura sobre violencia en un país con pocas garantías

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