¿Escalada autoritaria en Argentina?
La sobrerreacción de la presidenta Cristina
Fernández tras ser imputada por presuntamente haber tratado de encubrir la
responsabilidad de Irán en el atentado terrorista de 1994 contra el centro
comunitario israelita AMIA en Buenos Aires, sugiere que las cosas en Argentina
se van a poner peor, antes de ponerse mejor.
Andrés
Oppenheimer
EL DIARIO EXTERIOR.COM 17 febrero 2015
Fernández, quien debe dejar la presidencia tras las
elecciones de octubre, en las que no puede aspirar a un tercer mandato, dijo a
través de sus voceros que los cargos formales presentados el viernes contra
ella, el canciller Héctor Timerman y otros dos cercanos colaboradores, constituyen
un intento de “golpe judicial” contra su gobierno.
En lugar de continuar con su estrategia anterior de tratar
de minimizar las acusaciones diciendo que son jurídicamente insostenibles por
falta de pruebas, la presidenta decidió redoblar la apuesta.
El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, calificó la
imputación como un acto de “golpismo judicial”, y el secretario presidencial
Aníbal Fernández la denunció como “una clara maniobra de desestabilización
antidemocrática”.
Ambos funcionarios se referían a la decisión del fiscal
Gerardo Pollicita de imputar a la presidenta y a Timerman por supuestamente
haber conspirar para encubrir la responsabilidad de funcionarios iraníes de
alto rango en el bombazo que destruyó la AMIA en 1994 que dejó 85 muertos y unos
300 heridos.
El fiscal Pollicita validó la denuncia penal de 289 páginas
que había sido presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman el 14 de
enero, cuatro días antes de que fuera encontrado muerto de un balazo en la
cabeza en su apartamento. El gobierno en un principio calificó la muerte de
Nisman como un suicidio, y luego admitió que podría haberse tratado de un
asesinato.
Muchos juristas se preguntan por qué el gobierno reaccionó
con tanta vehemencia ante la imputación de Pollicita, si está tan convencido de
que se trata de una acusación jurídicamente endeble. De hecho, la imputación
formal de Pollicita solo elevó la acusación de Nisman en un pequeño escalón
legal, ya la suerte del caso dependerá de si un juez decide darle curso, o
declararlo inadmisible por falta de pruebas.
Entonces, ¿por qué el gobierno de Fernández sobrerreaccionó,
si los cargos son tan endebles como asegura?
Una teoría es que fue una reacción automática de un gobierno
populista autoritario, que instintivamente califica de “intento
desestabilizador” a acusaciones en su contra que en cualquier democracia
moderna serían vistas como parte normal del funcionamiento del sistema de
separación de poderes.
Al igual que en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ya ha denunciado cuatro supuestos intentos de golpes desde que asumió el
cargo hace dos años, sin aportar pruebas sólidas en ningún caso, Fernández
puede estar tratando de desviar la atención pública de sus crecientes problemas
políticos y económicos.
En Argentina, además de la nueva imputación contra Fernández por supuesto encubrimiento en el caso de la AMIA, el vicepresidente Amado
Boudou está siendo procesado en al menos dos casos de corrupción, y hay
alrededor de 300 otras causas que alegan que funcionarios de alto rango del
gobierno y sus parientes cercanos participaron en actos de corrupción.
Además, la economía de Argentina está yendo cuesta abajo. La
mayoría de los economistas coinciden en que la economía se contraerá un 1.3 por
ciento este año, tras una caída similar el año pasado, y que la inflación
alanzará un 33 por ciento anual.
En medio de todo esto, varios fiscales han llamado a una
marcha masiva el miércoles 18 para exigir una investigación efectiva sobre la
muerte de Nisman, y una mayor independencia judicial. La mayoría de los líderes
de oposición han dicho que participarán en la marcha.
Otra teoría es que Fernández ha decidido contraatacar con
fuerza como parte de una estrategia planeada para mantenerse en el centro de la
escena política durante sus últimos meses de gobierno, mantener a sus
seguidores motivados, y asegurarse tanto la lealtad del candidato oficialista
como una representación significativa en el Congreso después de las elecciones
de octubre.
“Cristina (Fernández) doblará la apuesta”, escribió el
columnista Mariano Obarrio, del diario La Nación. “La orden presidencial
es acusar de una confabulación a fiscales, jueces, espías díscolos, prensa,
corporaciones e intereses internacionales.”
Santiago Cantón, director del Centro Robert F. Kennedy para
la Justicia y los Derechos Humanos en Washington D.C., coincide en que “la
presidenta quiere ocultar la corrupción, crímenes y violaciones de su gobierno
bajo el manto de acusaciones golpistas a quienes creemos en la justicia y la
libertad de prensa”.
Mi opinión: La sobrerreacción de Fernández tras su imputación sugiere que en los próximos meses veremos una escalada autoritaria del gobierno para tratar de proyectar una imagen de fortaleza mientras trata de negociar su impunidad, y la de sus colaboradores, después de las elecciones de octubre.
Hasta entonces, prepárense para un aumento de abusos
gubernamentales en Argentina.
Publicado en El nuevo
Herald
