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lunes, 23 de febrero de 2015

Aquellos $500 millones

Aquellos $500 millones


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Caso Swiss Leaks, Lista Falciani, Fondos de CVG depositados en Cuentas Cifradas de El Libano

Con el caso SwissLeaks se remueven enigmas inconclusos sobre depósitos de Venezuela en el exterior como el de los fondos de la CVG que aparecieron en unas cuentas cifradas en el Líbano. 


Por Joseph Poliszuk EL UNIVERSAL
domingo 22 de febrero de 2015  11:02 AM

Ahora que aparecieron cuentas del Gobierno nacional en la banca Suiza, el diputado por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, pregunta qué pasó con los más de 500 millones de
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CVG Guayana
dólares que hace cinco años aparecieron en el Líbano, a nombre de la Corporación Venezolana de Guayana.

"Hace rato que Venezuela tiene un desorden administrativo en sus cuentas públicas", dice Velásquez desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. "Son colocaciones que van y vienen por los bancos del mundo para pagar no sabemos qué cosas".

Los llamados SwissLeaks develaron que el Gobierno guardaba en Suiza más de 12.000 millones de dólares a nombre de dos instituciones del Estado. En medio de una filtración masiva de datos, los venezolanos descubrieron que el Banco del Tesoro era el cliente VIP de la rama que HSBC estableció en Ginebra. Así lo reveló la lista Falciani que abrió un canal a la institución financiera privada y la expuso a investigaciones en varios países.

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Venezuela 3er Pais con Depositos Irregulares en Suiza
No se trata, de cualquier modo, de la primera cuenta de la que se tienen noticias por terceros: otra filtración, pero desde el estado Bolívar, ya había advertido en 2010 que la CVG tenía una cuenta cifrada en Beirut.

El Vicepresidente del Consejo de Ministros para Planificación y Conocimiento, Rodolfo Marco Torres, respondió la semana pasada que el Banco del Tesoro no solo tenía fondos en el HSBC, sino en más de 15 bancos internacionales. "Son cuentas totalmente transparentes, no son cuentas ocultas", dijo en la edición del 12 de febrero del diario El Mundo, tras el escándalo de los llamados SwissLeaks. Pero en esa onda, Velásquez pide precisar las cuentas de Venezuela, y en especial, aquella que apareció en la sucursal que el poderoso banco ruso, Gazprombank Invest, tiene en Beirut.

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Gazprombank Rusia
"¿Dónde fueron a parar estos fondos?". La pregunta también fue formulada ante la Fiscalía Superior del Estado Bolívar, a través de un documento que formalizó el 29 de abril de 2010 el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana del Aluminio (Venalum), Manuel Díaz.

Con copia de los estados de cuenta, Díaz solicitó una investigación que precisara el destino del dinero depositado al otro lado del mundo. También las razones por las cuales esa cuenta estaba cifrada, lo que quiere decir que en lugar de estar a nombre de la Corporación Venezolana de Guayana, tenía un código reservado para quien la manejaba.

"Esta cuenta no tenía ningún control previo, firmaba el ex ministro así como su asesor", agregó Díaz en la denuncia que formalizó entonces contra el alcalde de Guatire, Rodolfo Sanz, quien en ese momento acababa de ser removido como ministro de Industrias Básicas y Minería.

De Guayana pa' Beirut

Rodolfo Sanz, cuyo nombre acaba de entrar entre los directivos del Partido Socialista Unido
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Rodolfo Sanz
de Venezuela, garantizó en 2010 la transparencia de la cuenta del Líbano. Tras el escándalo respondió que Nelson Merentes, como presidente del Banco Central de Venezuela y el resto del directorio de la institución, autorizaron abrir la cuenta ante la oficina que los rusos del Gazprombank tenían en el Medio Oriente.

"Fue la sucursal del Líbano porque así lo determinó Gazprombank. Los intereses son más altos que en Moscú y nos dijeron que era más ventajoso", afirmó el 6 de junio de 2010. "El problema no es dónde está, sino la transparencia de las operaciones".

El funcionario afirmó que el primer mandatario nacional, Hugo Chávez, nada tenía que ver en todo esto. "El responsable de esto soy yo. El Presidente no puede estar pendiente del manejo que hace cada ministro en una cuenta", dijo tras informar que allá a Beirut habían llegado los primeros pagos de los llamados contratos a futuro, que firmó -en nombre de la CVG- poco antes de entregar su gestión.

Las vacas flacas llegaron a las empresas básicas de Guayana en esa época y para paliar la poca liquidez que comenzaban a sufrir a lo interno las industrias básicas, Sanz resolvió afrontar la crisis firmando unos contratos a futuro con trasnacionales como Glencore, Noble y Sumtex que a cambio de dinero contante y sonante, se reservaban la producción de alumina y aluminio de los cinco años siguientes.

Y ese dinero de Guayana fue depositado precisamente en Beirut. "Esa cuenta la abrimos en octubre del año pasado (2009), cuando realizamos las ventas de aluminio a futuro", dijo.

"El banco ruso, Gazprombank, fue uno de los intermediarios porque el Gobierno tiene una alianza estratégica con Rusia y ese banco", insistió Sanz. Eso dijo en junio de 2010, pero dos meses después el dinero apareció en la cancha del entonces ministro de Economía y Finanzas, Jorge Giordani.

Desviaron los fondos


Los recursos salieron de las cuentas del Ministerio de Industrias Básicas y Minería a las de la cartera de Finanzas: uno de los movimientos bancarios filtrados a la opinión pública indicó que más de 700 millones de dólares acumulados en la famosa cuenta del Líbano pasaron entre el 10 y 18 de marzo de 2010 a otra cuenta del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional, Fonden.

Fue el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana del Aluminio (Venalum), Manuel Díaz, quien volvió a presentar los movimientos bancarios, esa vez para mostrar a dónde llegó el dinero que debieron recibir las empresas básicas por la producción de alúmina y aluminio que la Corporación Venezolana de Guayana se comprometió a entregar a varias trasnacionales entre 2010 y 2015.

Desde el sindicato de Venalum preguntó cómo iban a producir el aluminio que comprometieron a futuro, sin el adelanto que garantizaba materia prima y repuestos para poner a funcionar las máquinas. "Es de hace notar ciudadano Ministro que Guayana requiere con urgencia de esos recursos para consolidar su desarrollo y aumentar su producción", escribió en una carta que a finales de agosto de 2010 envió desde el estado Bolívar al despacho de Giordani.

Díaz advirtió, en esa carta, que sin ese dinero no sería posible cumplir con los contratos que el ex ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, había firmado a finales de 2010 con trasnacionales como Glencore, Noble y otras que depositaron sus compromisos en la misma cuenta bancaria del Líbano sobre la que se han tejido tantas leyendas.

"En pro del fortalecimiento de la región y aunado a la consolidación del nuevo modelo productivo, solicitamos muy urgentemente (... ) sean asignados los recursos necesarios a las reductoras de aluminio, a los fines de evitar su inminente paralización y cierre", escribió Díaz a Giordani. No hubo respuestas sin embargo.

Ni Giordani ni ningún otro representante de su equipo declaró públicamente por qué recibieron los fondos de las industrias básicas. Entonces tampoco fue posible precisar una respuesta de José Khan, quien acababa de recibir el Ministerio de Insdustrias Básicas y Minería. En ese y los demás organismos involucrados apelaron entonces al bajo perfil.

Quien sí confirmó que el dinero no fue reinvertido en las industrias básicas fue el empresario Roberto Wellisch, el representante de la trasnacional Glencore en Venezuela. Frente a un auditorio de trabajadores que pedían luces sobre los contratos a futuro que firmó con Sanz, admitió que el dinero no fue destinado para lo acordado.

"Nosotros pagamos 312 millones de dólares entre Venalum, Alcasa y Bauxilum", dijo el 17 de agosto de 2010 en una asamblea realizada en el auditorio Orinoco de Puerto Ordaz. "¿Qué hizo la CVG con ese dinero? Lamentablemente se que no llegó a la industria del aluminio; sabemos que fue a distintos lugares, incluso a una generación de electricidad de Sidor, y hasta allí llego".

Es un tema difícil, añadió Wellisch, un empresario a quien no se le suele ver en público y sobre el que la prensa argentina y venezolana lo han señalado de estar involucrado en denuncias como la de las llamadas coimas o comisiones que acusó en 2010 el embajador de Buenos Aires en Caracas, Eduardo Sadous.

Ese día, sin embargo, a Wellisch se le vio en una asamblea de trabajadores y a contracorriente de las denuncias en su contra, agregó que Glencore se había mantenido como socio de la CVG durante décadas y que seguirían así aún con la crisis que comenzaba en las empresas básicas.

Fue entonces cuando el empresario de pelo blanco, lentes grandes y acento sureño, reconoció que el dinero de los contratos a futuro no llegaron a la CVG: en medio de preguntas, peticiones y reclamos con dirigentes sindicales de las empresas básicas, Wellisch informó que "en los contratos figura que el dinero tenía que estar destinado a cada una de las empresas".

Pero no fue así. Al final, el dinero no llegó a las empresas básicas y por eso el diputado por el estado Bolívar e integrante de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Andrés Velásquez, ahora insiste en preguntar por aquellos fondos de las industrias básicas depositados en la filial libanesa del Gazprombank de Rusia.

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SwissLeaks, Lista Falciani, Venezuela 3er Lugar
"¿Por qué tenemos que enterarnos dónde están las cuentas del erario por una filtración periodística?", preguntó Velásquez, desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela cundo se enteró que dos cuentas guardadas en Suiza convertían al gobierno venezolano en el cliente VIP de la filial suiza del banco HSBC. "El Gobierno puede colocar en ese o en cualquier otro banco los recursos del Estado, pero también debe explicar con detalle a qué responden esos recursos".

Aprovecha, de igual modo, para preguntar dónde están los 500 millones de dólares de las empresas básicas de Guayana. "Dijeron que esos fondos habían sido depositados en la filial libanesa del Gazprombank de Rusia pero luego desaparecieron", denunció. "El Gobierno nos tiene acostumbrados a no informar y, entretanto, ahora resulta que aparecen dos cuentas en un banco suizo".

jpoliszuk @eluniversal.com

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lunes, 2 de febrero de 2015

Se abulta expediente internacional contra funcionarios venezolanos

Se abulta expediente internacional contra funcionarios venezolanos

Desde 2008 Estados Unidos investiga a más de 60 civiles y militares. Sobre los señalados se ciernen procesos administrativos y penales 
En los últimos 7 años organismos del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos. La lista incluye a civiles y militares señalados en 2008, 2011, 2013 y 2014 de violar los derechos humanos, cooperar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y grupos terroristas y estar involucrados en el tráfico de drogas.
En 2008 Estados Unidos acusó a Ghazi Nasr al Din, ex representante diplomático de Venezuela en Damasco y ex presidente del Centro Islámico Chiita, de asistir financieramente al grupo Hezbolá. Es el mismo funcionario que la semana pasada apareció solicitado en la lista de terroristas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Ese año el Departamento del Tesoro incorporó en la OCFA, también conocida como la lista negra, por presunto narcotráfico y nexos con las FARC, a los generales Hugo Carvajal y Henry Rangel Silva, junto al capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín. Los dos últimos son los actuales gobernadores de Trujillo y Guárico, respectivamente.
En 2011 aparecieron en esa lista el general Clíver Alcalá Cordones por la “creación de una ruta de armas por droga”, los diputados Freddy Bernal, por intermediación en la venta de armas a irregulares, y Amílcar Figueroa, acusado de proveer armas y contactar a las FARC, y el comisario Ramón Madriz (inteligencia) por supuestamente coordinar la seguridad de la guerrilla. Fueron congelados en suelo estadounidenses los activos de estos funcionarios.
En 2013, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, por  presuntos vínculos internacionales con el narcotráfico. Villarroel fue  identificado como un “capo de la droga”.
La Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, firmada por Barack Obama en diciembre de 2014, involucra a 56 funcionarios venezolanos, según la lista difundida por el senador republicano Marco Rubio, señalados de violar los derechos humanos durante las protestas que comenzaron en febrero de ese mismo año.
En este grupo figurarían la fiscal Luisa Ortega, la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, el ex ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres; el ministro Elías Jaua, los gobernadores José Vielma Mora, Henry Rangel Silva, Francisco Rangel Gómez y Alexis Ramírez; los generales Justo Noguera, Aref Richany, Sergio Rivero, Antonio Benavides, Miguel Vivas, Franklin García Duque, Hugo Carvajal, Iván Hernández Dala, Manuel Quevedo, Manuel Bernal, Julio Morales y Marcos Rojas Figueroa, entre otros.
A inicios de la semana pasada el diario ABC de España aseguró tener información según la cual el capitán de corbeta Leamsy Salazar Villafaña, antiguo escolta del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo habría acusado ante la DEA de liderar el Cartel de los Soles. El militar también formó parte del anillo de seguridad del presidente Hugo Chávez.
En 2011 Pdvsa apareció en el grupo de siete empresas sancionadas por el Departamento de Estado por mantener relaciones comerciales con Irán. Ese año también fue señalada la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, cuya sanción se extendió en 2013 por un lapso de dos años que vence este mes de febrero. El cuestionamiento estadounidense hacia Cavim fue el intercambio de equipos o tecnología con Irán, Corea del Norte y Siria.

Investigaciones prioritarias. “No hay que singularizar una ofensiva contra Venezuela. El tema del narcotráfico es de alta prioridad para el gobierno de Estados Unidos y su política de seguridad”, sostuvo Carlos Bivero, ex funcionario del servicio exterior. Señaló que en varias fiscalías de ese país hay causas sobre drogas, e indicó que los derechos humanos forman parte fundamental de su política exterior.
Añadió que la legislación estadounidense exige hacer pronunciamientos y sancionar de acuerdo con los procesos de investigación. “A veces hay un tratamiento un poco escandaloso de la información sobre el narcotráfico en Venezuela, la cual solo conocemos por terceros. El gobierno de Nicolás Maduro maneja la versión del ataque al pueblo porque no hay manera de contrastar la información que llega”, señaló Bivero.
Destacó que “en un país donde los poderes públicos funcionaran adecuadamente, se abrirían investigaciones imparciales ante los señalamientos”.  Indicó que la calificación de un Estado forajido es subjetiva y se determina en la medida en que un país se aleja de la normativa internacional.
“Es importante diferenciar los procesos penales de los actos administrativos”, advirtió Angelina Jaffé, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana.
La abogada explicó que las acusaciones de narcotráfico se dirimen en los tribunales y pueden originar órdenes internacionales de captura, congelación de bienes y la prohibición de establecer nexos comerciales con Estados Unidos. En el caso de violación de derechos humanos, las  sanciones son administrativas y rigen solo en el territorio estadounidense con la suspensión de visas y el congelamiento de bienes y propiedades.
  
Aislamiento. “El objetivo del expediente venezolano es colocar en la palestra mundial la trascendencia de los derechos humanos. La piedra angular está en establecer precedentes, mecanismos y procedimientos, porque el brazo largo de la justicia tarda pero llega”, aseveró José Antonio Rivas Leone, investigador de la ULA.
Rivas señaló que los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia son esenciales. De allí que su violación por particulares, funcionarios públicos o por el Estado acarrean responsabilidades civiles, administrativas y penales. Llamó la atención sobre la ausencia de investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y corrupción en el país.
La autonomía de los poderes públicos en Estados Unidos se refleja en las investigaciones que realizan, consideró Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Señaló que el expediente contra funcionarios venezolanos también se alimenta con los señalamientos que ha hecho la Unión Europea, por lo que cree que no puede subestimarse.
Un día después de la firma de sanciones americanas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que está “seriamente preocupada por el cada vez más deteriorado clima de confrontación en Venezuela y las continuas detenciones arbitrarias de líderes de la oposición y de estudiantes”.
Contreras cree improbable que Estados Unidos aplique sanciones con efectos nacionales, como el embargo hacia Cuba, pero destacó el aislamiento de los presuntos involucrados en delitos, pues no pueden salir del país ante la posibilidad de ser detenidos.

Los cooperantes “apátridas”
El capitán de corbeta Leamsy Salazar Villafaña es la última de las voces que han hecho señalamientos sobre supuestos ilícitos de funcionarios venezolanos. En este grupo de cooperantes considerados por el oficialismo como “apátridas” está el militar retirado y exmagistrado Eladio Aponte Aponte.
Aponte declaró desde Estados Unidos, en 2012, tras su destitución del TSJ. Dio detalles sobre la manipulación de la justicia desde el Ejecutivo y acusó a jefes militares de la FANB de fungir como zares de la droga.
La AN investigó a Aponte por expedir una credencial que identificaba al presunto narcotraficante Walid Makled como su asistente cuando era el fiscal general militar. En 2014 la Fiscalía anunció la orden de captura internacional contra Rafael Isea, ex gobernador de Aragua, por la adquisición de “dólares en acciones delictivas”. Según medios internacionales, en 2013 Isea llegó a Estados Unidos como colaborador de la DEA.

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