En los últimos 7 años organismos del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos. La lista incluye a civiles y militares señalados en 2008, 2011, 2013 y 2014 de violar los derechos humanos, cooperar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y grupos terroristas y estar involucrados en el tráfico de drogas.
En 2008 Estados Unidos acusó a Ghazi Nasr al Din, ex representante diplomático de Venezuela en Damasco y ex presidente del Centro Islámico Chiita, de asistir financieramente al grupo Hezbolá. Es el mismo funcionario que la semana pasada apareció solicitado en la lista de terroristas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Ese año el Departamento del Tesoro incorporó en la OCFA, también conocida como la lista negra, por presunto narcotráfico y nexos con las FARC, a los generales Hugo Carvajal y Henry Rangel Silva, junto al capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín. Los dos últimos son los actuales gobernadores de Trujillo y Guárico, respectivamente.
En 2011 aparecieron en esa lista el general Clíver Alcalá Cordones por la “creación de una ruta de armas por droga”, los diputados Freddy Bernal, por intermediación en la venta de armas a irregulares, y Amílcar Figueroa, acusado de proveer armas y contactar a las FARC, y el comisario Ramón Madriz (inteligencia) por supuestamente coordinar la seguridad de la guerrilla. Fueron congelados en suelo estadounidenses los activos de estos funcionarios.
En 2013, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, por presuntos vínculos internacionales con el narcotráfico. Villarroel fue identificado como un “capo de la droga”.
La Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, firmada por Barack Obama en diciembre de 2014, involucra a 56 funcionarios venezolanos, según la lista difundida por el senador republicano Marco Rubio, señalados de violar los derechos humanos durante las protestas que comenzaron en febrero de ese mismo año.
En este grupo figurarían la fiscal Luisa Ortega, la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, el ex ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres; el ministro Elías Jaua, los gobernadores José Vielma Mora, Henry Rangel Silva, Francisco Rangel Gómez y Alexis Ramírez; los generales Justo Noguera, Aref Richany, Sergio Rivero, Antonio Benavides, Miguel Vivas, Franklin García Duque, Hugo Carvajal, Iván Hernández Dala, Manuel Quevedo, Manuel Bernal, Julio Morales y Marcos Rojas Figueroa, entre otros.
A inicios de la semana pasada el diario ABC de España aseguró tener información según la cual el capitán de corbeta Leamsy Salazar Villafaña, antiguo escolta del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo habría acusado ante la DEA de liderar el Cartel de los Soles. El militar también formó parte del anillo de seguridad del presidente Hugo Chávez.
En 2011 Pdvsa apareció en el grupo de siete empresas sancionadas por el Departamento de Estado por mantener relaciones comerciales con Irán. Ese año también fue señalada la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, cuya sanción se extendió en 2013 por un lapso de dos años que vence este mes de febrero. El cuestionamiento estadounidense hacia Cavim fue el intercambio de equipos o tecnología con Irán, Corea del Norte y Siria.
Investigaciones prioritarias. “No hay que singularizar una ofensiva contra Venezuela. El tema del narcotráfico es de alta prioridad para el gobierno de Estados Unidos y su política de seguridad”, sostuvo Carlos Bivero, ex funcionario del servicio exterior. Señaló que en varias fiscalías de ese país hay causas sobre drogas, e indicó que los derechos humanos forman parte fundamental de su política exterior.
Añadió que la legislación estadounidense exige hacer pronunciamientos y sancionar de acuerdo con los procesos de investigación. “A veces hay un tratamiento un poco escandaloso de la información sobre el narcotráfico en Venezuela, la cual solo conocemos por terceros. El gobierno de Nicolás Maduro maneja la versión del ataque al pueblo porque no hay manera de contrastar la información que llega”, señaló Bivero.
Destacó que “en un país donde los poderes públicos funcionaran adecuadamente, se abrirían investigaciones imparciales ante los señalamientos”. Indicó que la calificación de un Estado forajido es subjetiva y se determina en la medida en que un país se aleja de la normativa internacional.
“Es importante diferenciar los procesos penales de los actos administrativos”, advirtió Angelina Jaffé, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana.
La abogada explicó que las acusaciones de narcotráfico se dirimen en los tribunales y pueden originar órdenes internacionales de captura, congelación de bienes y la prohibición de establecer nexos comerciales con Estados Unidos. En el caso de violación de derechos humanos, las sanciones son administrativas y rigen solo en el territorio estadounidense con la suspensión de visas y el congelamiento de bienes y propiedades.
Aislamiento. “El objetivo del expediente venezolano es colocar en la palestra mundial la trascendencia de los derechos humanos. La piedra angular está en establecer precedentes, mecanismos y procedimientos, porque el brazo largo de la justicia tarda pero llega”, aseveró José Antonio Rivas Leone, investigador de la ULA.
Rivas señaló que los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia son esenciales. De allí que su violación por particulares, funcionarios públicos o por el Estado acarrean responsabilidades civiles, administrativas y penales. Llamó la atención sobre la ausencia de investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y corrupción en el país.
La autonomía de los poderes públicos en Estados Unidos se refleja en las investigaciones que realizan, consideró Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Señaló que el expediente contra funcionarios venezolanos también se alimenta con los señalamientos que ha hecho la Unión Europea, por lo que cree que no puede subestimarse.
Un día después de la firma de sanciones americanas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que está “seriamente preocupada por el cada vez más deteriorado clima de confrontación en Venezuela y las continuas detenciones arbitrarias de líderes de la oposición y de estudiantes”.
Contreras cree improbable que Estados Unidos aplique sanciones con efectos nacionales, como el embargo hacia Cuba, pero destacó el aislamiento de los presuntos involucrados en delitos, pues no pueden salir del país ante la posibilidad de ser detenidos.
Los cooperantes “apátridas”
El capitán de corbeta Leamsy Salazar Villafaña es la última de las voces que han hecho señalamientos sobre supuestos ilícitos de funcionarios venezolanos. En este grupo de cooperantes considerados por el oficialismo como “apátridas” está el militar retirado y exmagistrado Eladio Aponte Aponte.
Aponte declaró desde Estados Unidos, en 2012, tras su destitución del TSJ. Dio detalles sobre la manipulación de la justicia desde el Ejecutivo y acusó a jefes militares de la FANB de fungir como zares de la droga.
La AN investigó a Aponte por expedir una credencial que identificaba al presunto narcotraficante Walid Makled como su asistente cuando era el fiscal general militar. En 2014 la Fiscalía anunció la orden de captura internacional contra Rafael Isea, ex gobernador de Aragua, por la adquisición de “dólares en acciones delictivas”. Según medios internacionales, en 2013 Isea llegó a Estados Unidos como colaborador de la DEA.
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