Cámara de Comercio: El Gobierno le declaró la guerra a los empresarios
Dos altos ejecutivos de Farmatodo, la mayor cadena de farmacias de Venezuela, han sido arrestados en medio de una severa crisis económica que ha llevado al gobierno a endurecer las sanciones contra el sector empresarial para enfrentar la compleja situación, reseña Associated Press.
Los arrestos se sumaron a la ocupación por el gobierno de una cadena de pequeños supermercados y la detención de cinco empresarios. Dirigentes empresariales y opositores afirmaron el jueves que esas acciones incrementarán el clima de inseguridad jurídica, ahuyentarán las inversiones privadas, y agravarán la recesión, la inflación y el desabastecimiento de alimentos y otros productos básicos.
Un juzgado capitalino dictó el arresto del presidente ejecutivo de Farmatodo, Pedro Luis Angarita Azpúrua, y el vicepresidente de operaciones, Agustín Antonio Álvarez Costa, imputados por “boicot” y “desestabilización de la economía”, dijo la Fiscalía General en un comunicado que fue difundido la noche del miércoles.
Angarita y Álvarez habían sido detenidos el pasado 31 de enero con otros cinco gerentes de la cadena tras una inspección de funcionarios del organismo encargado de supervisar el control de precios y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) -la policía política-, a una farmacia de la cadena en la capital donde había una larga fila de compradores.
Los cinco gerentes quedaron en libertad, pero Angarita y Álvarez permanecieron detenidos prestando declaración durante cuatro días en la sede de la policía política.
La AP solicitó a Farmatodo una reacción sobre el arresto de los dos altos ejecutivos pero no hubo comentarios de momento.
Farmatodo, que tiene 167 farmacias en todo el país y más de 96 años de operaciones, defendió sus actuaciones asegurando que su conducta es “transparente”, y dijo el pasado 31 de enero en un comunicado que siempre ha estado a la disposición de las autoridades para que la fiscalicen.
La detención de los dos altos ejecutivos coincide con la ocupación temporal que acordó el gobierno el pasado 2 de febrero de la cadena de pequeños mercados Día a Día y la detención de cinco ejecutivos de una distribuidora de carnes del estado occidental de Falcón.
El presidente de la mayor cámara de empresarios del país, Jorge Roig, dijo el jueves en su cuenta de Twitter que “ahora los empresarios engrosarán la lista de presos políticos de este gobierno”.
“El gobierno le declaró la guerra económica a los empresarios venezolanos”, afirmó el jueves Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas, al asegurar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está recurriendo a la “represión” para tratar de enfrentar la escasez de alimentos y otros bienes que se ha recrudecido en las últimas semanas, y la multiplicación de las largas filas de clientes en las puertas de los comercios.
Maldonado dijo a la AP en entrevista telefónica que las acciones del gobierno agudizarán los problemas económicos. “Con el miedo no se produce más, con el miedo se produce menos. Los países donde hay confianza social son los países más prósperos y ese no es caso de Venezuela porque la confianza ha sido sustituida por la arbitrariedad y la represión dura y pura”, agregó.
La inflación cerró año pasado sobre 64% -la mayor de la región-, y el aparato productivo tuvo una contracción de 2,8%. Analistas y bancas de inversión ha proyectado que los problemas económicos de Venezuela se agravarán este año por la caída de los precios del petróleo que es la principal fuente de ingresos del país.
Maduro sostiene que la crisis que enfrenta Venezuela es consecuencia de una “guerra económica” del sector empresarial y la oposición. El gobierno ha señalado a algunas empresas de recurrir al almacenamiento irregular de mercancías para intensificar los problemas de desabastecimiento, y de incrementar de forma desproporcionada los precios para elevar sus ganancias.
Los empresarios han rechazado los señalamientos del gobierno y aseguran que la crisis responde al agotamiento del modelo de control de precios y cambio vigente desde hace doce años.
Fuente: Diario La Hora, 6-2-2015.
