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domingo, 22 de febrero de 2015

La concepción totalitaria del kirchnerismo en evidencia

La concepción totalitaria del kirchnerismo en evidencia


Lo insólito del no acompañamiento oficial a la marcha del silencio



ELDIARIO EXTERIOR.COM, 22 febrero 2015
Rafael Eduardo Micheletti

La lógica totalitaria del gobierno argentino no tiene vuelta atrás. Una mentalidad fundamentalista no retrocede. Hacerlo implicaría perder la cerrada congruencia que nubla la razón pero da al individuo una fuerza ciega. Cristina Fernández se ve arrastrada así por una corriente irreversible que la obliga a llevar su reduccionismo al insensible ridículo de desprestigiar una marcha en memoria de un fiscal que dio su vida por su trabajo, y por una causa tan noble como la justicia.

Nisman mismo y hasta su familia fueron colocados en el bando del mal por el interesado maniqueísmo oficial. No hubo carta de condolencias, apoyo institucional ni la más mínima muestra de empatía de parte de la presidenta.

El gobierno se ha encargado sistemáticamente de politizar todo lo que toca, crispando y dividiendo a la sociedad. Ha convertido a los derechos humanos en un tergiversado baluarte ideológico. Les ha negado todo apoyo institucional a organizaciones independientes de la sociedad civil mientras concedía millonarios privilegios a sus equivalentes adictas.

D’Elía es a los ojos del gobierno merecedor de un infinito respaldo mientras Pérez Esquivel se ha ganado el ostracismo en su propia tierra, donde conquistara el Premio Nóbel de la Paz. Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora no existen para el Estado, mientras a personajes como Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto se les abren las puertas, incluso sin controles efectivos en el manejo de fondos públicos, porque ellas no se oponen a todo autoritarismo, sino sólo al derechista.
           
Es el gobierno el que todo lo tiñe de política partidaria, bajo la mentirosa excusa de que “todo es política” cuando hay muchas cosas que son políticas pero no partidarias, y que no pueden estar en discusión en una democracia.
           
Pero el oficialismo se molesta si un grupo de fiscales convoca a una marcha por la muerte de un colega en extremadamente dudosas circunstancias mientras investigaba al poder y el día previo a ir a informar al Congreso Nacional sobre una grave denuncia. Eso, para el gobierno, por arte de magia, no es política, o no es política legítima. Los únicos habilitados para hacer política, y de cualquier manera, con la máxima desprolijidad y prepotencia, son ellos. El resto no tenemos derechos. Sólo ellos los tienen, con lo cual los derechos humanos se transforman en privilegios humanos.
           
La marcha del silencio fue en memoria de Nisman, pero también fue claramente un reclamo por todo aquello que no puede estar en discusión en una democracia. El silencio refleja eso: la serenidad y seguridad con que hay que rodear ciertos valores inamovibles, como la justicia, la igualdad ante la ley, la transparencia y la división de poderes.
          
Hay una política partidaria y una política democrática. La última llega a todos lados y nos compete a todos, incluso a los fiscales. Sólo en ese sentido se puede afirmar que “todo es política”. La política partidaria, en cambio, sólo se desenvuelve dentro de los límites impuestos por la política democrática.
           
El gobierno, con su visión simplista y violenta en blanco y negro, deslegitima la política democrática y extiende la política partidaria hasta volverla omnipresente y asfixiante. Y todavía tiene la hipócrita desfachatez de escandalizarse por un grupo de fiscales que decidieron convocar a una marcha para homenajear a un colega aparentemente asesinado por hacer su trabajo.
           
Lejos de atacar a una marcha tan democrática y humana como la del silencio, el gobierno debería haberla acompañado y apoyado. Pero claro, también debería haberse puesto serenamente a disposición de la justicia ante cada una de las numerosas denuncias en su contra, como lo haría cualquier gobierno civilizado o gobernante con la conciencia tranquila.


miércoles, 18 de febrero de 2015

¿Escalada autoritaria en Argentina?

¿Escalada autoritaria en Argentina?


La sobrerreacción de la presidenta Cristina Fernández tras ser imputada por presuntamente haber tratado de encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado terrorista de 1994 contra el centro comunitario israelita AMIA en Buenos Aires, sugiere que las cosas en Argentina se van a poner peor, antes de ponerse mejor.


Andrés Oppenheimer
EL DIARIO EXTERIOR.COM 17 febrero 2015

Fernández, quien debe dejar la presidencia tras las elecciones de octubre, en las que no puede aspirar a un tercer mandato, dijo a través de sus voceros que los cargos formales presentados el viernes contra ella, el canciller Héctor Timerman y otros dos cercanos colaboradores, constituyen un intento de “golpe judicial” contra su gobierno.

En lugar de continuar con su estrategia anterior de tratar de minimizar las acusaciones diciendo que son jurídicamente insostenibles por falta de pruebas, la presidenta decidió redoblar la apuesta.

El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, calificó la imputación como un acto de “golpismo judicial”, y el secretario presidencial Aníbal Fernández la denunció como “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”.

Ambos funcionarios se referían a la decisión del fiscal Gerardo Pollicita de imputar a la presidenta y a Timerman por supuestamente haber conspirar para encubrir la responsabilidad de funcionarios iraníes de alto rango en el bombazo que destruyó la AMIA en 1994 que dejó 85 muertos y unos 300 heridos.

El fiscal Pollicita validó la denuncia penal de 289 páginas que había sido presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman el 14 de enero, cuatro días antes de que fuera encontrado muerto de un balazo en la cabeza en su apartamento. El gobierno en un principio calificó la muerte de Nisman como un suicidio, y luego admitió que podría haberse tratado de un asesinato.

Muchos juristas se preguntan por qué el gobierno reaccionó con tanta vehemencia ante la imputación de Pollicita, si está tan convencido de que se trata de una acusación jurídicamente endeble. De hecho, la imputación formal de Pollicita solo elevó la acusación de Nisman en un pequeño escalón legal, ya la suerte del caso dependerá de si un juez decide darle curso, o declararlo inadmisible por falta de pruebas.

Entonces, ¿por qué el gobierno de Fernández sobrerreaccionó, si los cargos son tan endebles como asegura?

Una teoría es que fue una reacción automática de un gobierno populista autoritario, que instintivamente califica de “intento desestabilizador” a acusaciones en su contra que en cualquier democracia moderna serían vistas como parte normal del funcionamiento del sistema de separación de poderes.

Al igual que en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ya ha denunciado cuatro supuestos intentos de golpes desde que asumió el cargo hace dos años, sin aportar pruebas sólidas en ningún caso, Fernández puede estar tratando de desviar la atención pública de sus crecientes problemas políticos y económicos.

En Argentina, además de la nueva imputación contra Fernández por supuesto encubrimiento en el caso de la AMIA, el vicepresidente Amado Boudou está siendo procesado en al menos dos casos de corrupción, y hay alrededor de 300 otras causas que alegan que funcionarios de alto rango del gobierno y sus parientes cercanos participaron en actos de corrupción.

Además, la economía de Argentina está yendo cuesta abajo. La mayoría de los economistas coinciden en que la economía se contraerá un 1.3 por ciento este año, tras una caída similar el año pasado, y que la inflación alanzará un 33 por ciento anual.

En medio de todo esto, varios fiscales han llamado a una marcha masiva el miércoles 18 para exigir una investigación efectiva sobre la muerte de Nisman, y una mayor independencia judicial. La mayoría de los líderes de oposición han dicho que participarán en la marcha.

Otra teoría es que Fernández ha decidido contraatacar con fuerza como parte de una estrategia planeada para mantenerse en el centro de la escena política durante sus últimos meses de gobierno, mantener a sus seguidores motivados, y asegurarse tanto la lealtad del candidato oficialista como una representación significativa en el Congreso después de las elecciones de octubre.

“Cristina (Fernández) doblará la apuesta”, escribió el columnista Mariano Obarrio, del diario La Nación. “La orden presidencial es acusar de una confabulación a fiscales, jueces, espías díscolos, prensa, corporaciones e intereses internacionales.”

Santiago Cantón, director del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos en Washington D.C., coincide en que “la presidenta quiere ocultar la corrupción, crímenes y violaciones de su gobierno bajo el manto de acusaciones golpistas a quienes creemos en la justicia y la libertad de prensa”.

Mi opinión: La sobrerreacción de Fernández tras su imputación sugiere que en los próximos meses veremos una escalada autoritaria del gobierno para tratar de proyectar una imagen de fortaleza mientras trata de negociar su impunidad, y la de sus colaboradores, después de las elecciones de octubre.

Hasta entonces, prepárense para un aumento de abusos gubernamentales en Argentina. 

Publicado en El nuevo Herald 

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