En Galipán hacen construcciones pasando por encima de la ley
Galipaneros opinan que es únicamente a los nativos a quienes Inparques no les otorga permisos | FOTO: OMAR VELIZ
A la vista de todos en el poblado del Ávila fabrican más viviendas, amplían construcciones y levantan muros perimetrales. Las obras no solo incumplen las disposiciones del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Waraira Repano, sino también de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe otorgar cualquier permiso con esos fines. Los galipaneros denuncian discriminación de Inparques, que se niega a declarar
11 DE OCTUBRE 2015 - 12:01 AM
Le llaman “la casa del árabe”. Era una vivienda humilde, de un piso, situada en un sector de Galipán conocido como El Cedrito, en referencia a un árbol que crece en la entrada. Antes perteneció a Mauricio Dáger y antes al galipanero Antonio Córdova. El árabe compró las bienhechurías y desde entonces la humildad se transformó en lujo. La casa, todavía en construcción, ahora tiene segundo piso, una gran terraza y piscina. En Galipán nadie lo llama por su nombre, no lo conocen, pero todos observan en silencio el chalet que construye.
Todo comenzó con la construcción de un muro perimetral que contó con el aval del Consejo Comunal San Isidro uno de los cinco sectores que componen el pueblo de Galipán al alegar que se trataba de una pared de contención.
Después del muro, la vivienda creció en metros cuadrados e instalaciones.
“Esos son más de los 150 metros cuadrados de construcción que puede autorizar Inparques, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso PORU del Parque Nacional Waraira Repano. En la obra debe haber unos 500 metros”, calcula Marlene Sifontes, secretaria de organización del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques.
La casa viola asimismo otra disposición del PORU: las construcciones deben tener una altura máxima de tres metros y medio y solo está permitida una planta.
La ampliación de la vivienda también va en contra de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emitida en 2009 y ratificada en 2012 y 2014. La sentencia 1738, del 16 de diciembre de 2009, prohíbe “el otorgamiento de cualquier permiso por parte de las autoridades nacionales, estadales o municipales para la remodelación o reacondicionamiento de las instalaciones habitacionales ya existentes, la incorporación de nuevas estructuras dirigidas a efectuar siembras con fines comerciales o de autosustento, la desviación artificial o represamiento parcial o total del cauce de las quebradas aledañas para fines prohibidos o restringidos por el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Waraira Repano”.
Esto significa que en el Ávila está prohibida cualquier construcción y la remodelación de inmuebles.
Pero la construcción tiene autorización. El 15 de octubre de 2013, a través de la Providencia Administrativa Aprobatoria N° 125, Ali Salim Abdul Hadi obtuvo permiso de la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales de Inparques para la “remodelación y ampliación de la terraza adyacente a la vivienda la cual sirve para el área de estacionamiento y para área social”.
La providencia apareció solo un día después de que a Ahmad Salim Abdul Hadi se le abriera un procedimiento administrativo sancionatorio y se le impusiera una multa de 500 bolívares por la construcción de la pared perimetral ambos ciudadanos administran empresas juntos, según el Registro Nacional de Contratistas. El documento agrega que Inparques, al conceder la autorización por vía de excepción, “se libera de cualquier responsabilidad y riesgo”, por consiguiente es Ali Abdul Hadi quien responderá por daños a terceros. Se contactó por teléfono a Abdul Hadi para consultarle por el permiso y amablemente dijo que delvolvería la llamada, lo que nunca ocurrió.
La decisión del TSJ, en cambio, sí ha aplicado para Emiliano Silva, sobrino del primer panadero que hubo en Galipán y cuya familia ha ocupado el área por varias generaciones. Silva necesita sustituir el techo de su negocio de un piso: “Tengo dos años solicitando el permiso a Inparques para hacer el cambio. Lo peor es que además de las goteras, el techo es de asbesto”.
Afirma que en dos oportunidades, desde que hizo la petición, funcionarios de Inparques han ido a inspeccionar el comercio. “Vinieron, tomaron fotos y no han vuelto”.
Galipaneros opinan que es únicamente a los nativos a quienes Inparques no les otorga permisos, lo que se demuestra con otra construcción que erigen desde cero en el sector San Antonio. De la nueva vivienda solo están listas las columnas. La guía de circulación de materiales otorgada por la Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano, y sellada por Inparques, permitió la entrada a Galipán de 2.000 bloques de arcilla, 200 sacos de cemento gris, 20 metros cúbicos de arena lavada, cientos de cabillas, láminas de techo, tuberías, un tanque de polietileno de 3.000 litros, cumbreras, un fregadero, 8 marcos de ventanas, 2 lavamanos, poceta, calentador y cerámica para cubrir 100 metros cuadrados, entre otros materiales.
La guía especifica que la obra fue autorizada según oficio N° 513, por vía de excepción para la construcción de una vivienda unifamiliar. La autorización está a nombre de José Nuno Das Dores, vinculado familiarmente con Luz del Valle Amario Das Dores, directora general de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización del Ministerio de Vivienda y Hábitat.
En Galipán le dicen “la casa de la viceministra”. Uno de los trabajadores de la obra asegura que la construcción comenzó hace más de dos meses y que los propietarios necesitaron dos años para lograr el permiso de Inparques. “Hay que tener suerte y plata”, opina León. Al ser consultado sobre los propietarios de la vivienda, el constructor señala: “Dicen que trabaja para el gobierno, pero no sé si es viceministra”. Junto con León hay por lo menos otros cuatro hombres dándole forma a la vivienda a partir del concreto y las cabillas.
Roberto Pérez, representante del Consejo Comunal San Isidro, sostiene que al momento de iniciar la construcción, los dueños prometieron hacer 10 viviendas en el lugar para las familias de pobladores autóctonos. Hasta ahora no han edificado ninguna.
“Se pretende convertir Galipán en una especie de country club, al permitir que una casa pequeña termine convertida en un chalet. Hay un contrasentido de Inparques que frena un techo, pero permite una gran construcción que no apareció de la noche a la mañana y cuyos materiales deben pasar frente a la Guardia Nacional”, asevera Edgard Yerena, profesor de Áreas Protegidas del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar.
Agrega que cualquier permiso que haya otorgado Inparques para la nueva construcción es írrito.
“No pueden tener el permiso porque hay una sentencia del TSJ; por otro lado, hacer una casa nueva a partir de un ranchito también es ilegal. El PORU vigente especifica unas tipologías de construcción y unas características arquitectónicas propias de Galipán”, explica.
Poblado autóctono. La declaratoria del Ávila como Parque Nacional se oficializó el 12 de diciembre de 1958. El decreto abarcaba 66.192 hectáreas.
Más tarde, en 1974, el gobierno de Carlos Andrés Pérez amplió el área, por lo que quedó con una superficie de 85.192 hectáreas. De ese terreno, el poblado de Galipán solo ocupa 1.720 hectáreas, de las cuales están efectivamente desarrolladas 433.
Los galipaneros están en la montaña mucho antes del decreto de 1958. Los primeros registros de la existencia del poblado datan de 1873, cuando el lugar era habitado por inmigrantes canarios dedicados a la actividad agrícola.
Roberto Pérez afirma que a raíz de la declaratoria de Parque Nacional correspondía que el Estado hiciera expropiaciones en el área o un reglamento para el sector, pero no cumplió. “A partir de entonces lo que hubo fue una guerra psicológica, empezaron los desalojos forzosos y obligaron a muchas familias a irse, hasta que en 1986 logramos un amparo agrario”.
Quien los ayudó en ese proceso fue el abogado Henrique Meier, coordinador de la especialización en Gerencia Pública en la Universidad Metropolitana: “La Fiscalía actuó como intermediaria entre los galipaneros e Inparques y se logró llegar al acuerdo que los reconoció como poblado autóctono, con lo que se les permitió crear posadas, mejorar las carreteras y sus viviendas. Antes eran objeto de muchos atropellos; quedó demostrado que su presencia no era incompatible con el parque y que se trataba de ocupantes legítimos. Que se les pongan trabas a los galipaneros ahora es regresar a las prácticas antiguas”.
El amparo agrario fue el antecedente del PORU, decretado en 1992 y publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 4548, del 26 de marzo de 1993.
Como poblado autóctono los habitantes de Galipán tienen la responsabilidad de proteger el estilo de vida, costumbres y la agricultura propias de los primeros habitantes canarios, y eso es lo que ha procurado hacer Antonio González.
En San Isidro se encuentra Rancho Ajuro, bautizado así por la terquedad de González para construir la casa. Recuerda que la inauguró en 1973, el mismo día que Rafael Caldera puso en funcionamiento el tendido eléctrico del pueblo. Su familia ha estado en Galipán por más de seis generaciones. “Mi esposa y yo vivíamos en la casa de mis padres en Galipán con nuestros ocho hijos y era imposible que me dieran el permiso para construir una propia.
Aprovechamos que ya había una carretera de tierra y los vecinos me ayudaron a subir los materiales en la noche. Hice la casa en ocho meses”. Tapaban la obra con sábanas y para evitar que la tumbaran su esposa, Sonia Oropeza, y los niños tuvieron que ocupar la vivienda que no tenía pisos, puertas ni ventanas. “Siempre ha existido roce entre Inparques y los galipaneros porque no quieren que hagamos nada, ni poner una teja o un bloque. Lo de estas nuevas construcciones es horrible porque es gente de afuera y se lo han permitido; pero el pobre galipanero para pasar un tubo debe hacerlo a escondidas”, afirma Oropeza.
Más concreto. Hay una tercera construcción cuya propiedad los pobladores vinculan con un alto diputado del oficialismo. Allí fabricaron un muro, completaron la carretera y ahora instalan tuberías. Extraoficialmente se supo que las obras en esta vivienda superan los 200 metros cuadrados de construcción más de los 150 permitidos por el PORU. En lo alto del punto en el que se ubica la casa se divisa el hotel Humboldt y al frente el mar.
“La crítica se hace porque hay dinero o influencias políticas que hicieron que Inparques mirara a los lados”, afirma José Matute, secretario general de Sunep-Inparques. “Un permiso de excepción debe ser para una obra de importancia social, no para la casa de un funcionario del gobierno”, agrega el sindicalista.
A las autoridades del instituto se les solicitó una entrevista para que respondieran a estas denuncias, pero en más de tres semanas El Nacional no recibió respuesta.
La sentencia. Desde que fue publicada la sentencia 1738 del TSJ, los galipaneros intentan que se flexibilice. Sin embargo, al ser una decisión de la Sala Constitucional con ponencia de la magistrada Luisa Estella Morales la medida es inapelable.
Pérez afirma que la decisión del tribunal ocurrió por una situación puntual que se presentó entre un “latifundista” y unos pobladores del Ávila cerca de Guatire, a quienes querían sacar del terreno. “Allí lo que hubo fue un amparo y eso solo debería afectar a las partes. La ley no es retroactiva, únicamente cuando beneficia, y esa sentencia no nos beneficia. Ya nosotros tenemos unos derechos reconocidos por ser pobladores autóctonos”, dice el vocero del consejo comunal.
El 11 de septiembre pasado el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, acompañado del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Elvis Amoroso, declaró a Globovisión que tendrían una reunión con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, para revisar la sentencia, y Amoroso se refirió a la necesidad de anularla. García Carneiro propuso construir 49 viviendas en la montaña el próximo año.
No obstante, ambientalistas sostienen que el fallo es necesario para garantizar la permanencia del parque nacional. “No es solo poner la casa.
Una nueva construcción demanda energía, agua, y genera aguas servidas y basura. También hay que pensar en los materiales con los que se fabricó; la edificación debería tener la menor cantidad de cemento posible. Sin la sentencia habría un desastre dentro del parque”, explica Yazenia Frontado, directora del Proyecto Ávila.
Las actividades en un parque nacional deben ser sustentables y responder a los principios del ecoturismo y la agricultura sostenible. Alexander Luzardo, doctor en Derecho Político y Ambiental y autor de las normas ambientales de la Constitución, refiere que la declaratoria de parque nacional en cualquier parte del mundo impone restricciones a la ocupación humana. “La sentencia es clara y se apega a la Constitución, ordena abstenerse y queda prohibido a las autoridades otorgar cualquier permiso.
Estas construcciones son un incumplimiento evidente que debe ser sancionado penalmente, y por otro lado hay una incitación al desacato por parte del gobernador. El TSJ debe, de manera expresa, hacer cumplir la sentencia. Hay que investigar a qué funcionarios pertenecen las construcciones y cómo justifican esa compra”.
Luzardo asegura que se están violando los artículos 38, 40, 41, 42 y 43 de la Ley Penal del Ambiente, referidos a la degradación o alteración nociva de la topografía por actividades urbanísticas, la ocupación ilícita de áreas naturales protegidas, la modificación o destrucción de bienes protegidos, la edificación en terrenos no edificables y el otorgamiento de permisos sin estudios de impacto ambiental. Señala que también se viola el capítulo “De los derechos ambientales” de la Constitución y el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales.
Quienes han vivido en Galipán por generaciones se niegan a renunciar a la apacibilidad de la montaña con vista al mar, pero exigen un trato igualitario. Argenis Deniz opina: “No puede ser que tengamos que hacer las reparaciones a escondidas y movilizar los materiales como si fuéramos contrabandistas. Necesitamos que Inparques otorgue los permisos, pero más que nada que estén las reglas claras y que no se utilice la sentencia del TSJ como estrategia para manipularnos”.
Demoler los excesos
De comprobarse la existencia de bienhechurías que incumplen la normativa del parque, el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Waraira Repano establece en el artículo 119 que estas deben ser removidas sin indemnización. En ese caso no sería la primera vez que se demuelen viviendas en un parque nacional. Cuando se decretó el Parque Nacional Morrocoy, en 1974, Carlos Andrés Pérez ordenó derrumbar 890 “palafitos”, unas viviendas lujosas ubicadas en la costa, cuyas descargas contaminaban las aguas. A principios de los años noventa Inparques dio la orden de demoler grandes casas fabricadas en los parques Mochima y Los Roques por personas adineradas vinculadas con los sectores público y privado.
“Toda construcción hecha después de 2009 cuando se publicó la sentencia del TSJ en el Ávila es ilegal, e Inparques debe actuar y demolerla. El gobierno debe tener una política ambiental fuerte, que entienda que se trata de un tema de carácter estratégico, y no romántico. Los parques nacionales garantizan el acceso al agua y la generación de energía”, destaca José Matute, biólogo y secretario general de Sunep-Inparques.
Mario Gabaldón, director de parques nacionales entre 1989 y 1995, indica que es necesario crear un reglamento específico para Galipán, conocido como plan de sitio, y que se nombre una autoridad única para el pueblo: “No debe ser un general, sino un profesional con criterio, con un equipo ordenado y responsable, que se encargue de la planificación, considerando los criterios que deben regir a un poblado autóctono”. Gabaldón afirma que el crecimiento de Galipán, con posadas y restaurantes administrados por personas que no son galipaneros, genera un beneficio de lucro a comerciantes que no aportan nada al manejo del parque, por lo que sugiere que exista un impuesto para tales establecimientos y que los recursos recaudados sean para el funcionamiento de la autoridad única. El plan de sitio para Galipán fue desarrollado por el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la USB en 2002 y 2003 por solicitud de Inparques, pero el documento no llegó a consulta pública. Roger Martínez, coordinador del proyecto, explica que se buscó dar la gestión de Galipán a los galipaneros para que pudiesen hacer arreglos menores sin la mediación de Inparques. Martínez opina que el plan no llegó a aprobarse porque faltó autoridad y liderazgo del instituto sobre el proyecto que ya estaba “suficientemente conversado”.
Edgard Yerena, de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, considera que es necesario formalizar el plan local: “Inparques está en mora con los galipaneros. Ese plan de sitio habría que retomarlo, mejorarlo y viabilizarlo. Es lo único que podría levantar la medida del TSJ”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario