Gobierno brasileño toma nota de la masiva protesta
La posibilidad de un juicio político contra Rousseff retoma fuerza en Brasil
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Manifestantes en Copacabana llevan un muñeco en alusión a Lula EFE
EL UNIVERSAL
martes 15 de marzo de 2016 12:00 AM
Brasilia.- El Gobierno y la oposición comenzaron a prepararse este lunes para un eventual juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exigido durante las protestas multitudinarias que el pasado domingo sacudieron las calles de todo el país.
"No podemos desconocer el tamaño de la manifestación", declaró el jefe del grupo oficialista en el Congreso, José Pimentel, al referirse a las manifestaciones, consideradas las mayores en la historia del país, y que movilizaron, al menos, a 3,6 millones de personas en cientos de ciudades, para exigir la destitución de la mandataria, informó Efe.
Pimentel participó este lunes en una reunión convocada por Rousseff con siete de sus ministros y algunos legisladores oficialistas para analizar el impacto de las protestas, de las que el Gobierno se limitó a reconocer su "carácter pacífico".
El legislador explicó a periodistas que una de las decisiones adoptadas es que la base parlamentaria oficialista debe promover un amplio diálogo para impedir que el proceso contra Rousseff prospere.
"Tenemos que conversar y escuchar mucho" y eso debe hacerse con "todos" los partidos políticos, incluidos los de oposición, que son los alientan el proceso contra la mandataria, afirmó Pimentel.
Un claro mensaje
La oposición, por su parte, sostuvo que el mensaje enviado desde las calles es "clarísimo".
Los brasileños "han dicho que quieren que este Gobierno acabe", declaró Antonio Imbassahy, jefe del grupo del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD) en la Cámara de Diputados.
"Las calles enviaron un claro recado y ahora el Congreso debe atender el llamado y acelerar el proceso" contra Rousseff, dijo el diputado Imbassahy, quien aseguró que "los brasileños estarán ahora mucho más atentos y no le darán otra oportunidad a los parlamentarios que se nieguen a escuchar su voz".
El proceso con miras a la posible destitución de Rousseff comenzó el año pasado, pero fue interrumpido en diciembre por una decisión de la Corte Suprema, que detectó "errores de procedimiento" en los trámites.
La mesa directora de la Cámara de Diputados, responsable por el desarrollo del proceso, pidió algunas aclaraciones, que el tribunal tiene previsto responder este miércoles, con lo que quedaría despejado el camino para reiniciar el trámite.
El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, ha anticipado que su intención es que el proceso sea retomado el mismo jueves, un día después de que la Corte Suprema de Brasil se pronuncie.
"Intentaremos que sea así", dijo Cunha, quien forma parte de las alas disidentes del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que también se han posicionado a favor del juicio político contra Rousseff.
El PMDB es liderado por el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de la mandataria, y este sábado, en una convención nacional, las facciones más díscolas reclamaron que el partido rompa con el Gobierno y apoye los intentos de la oposición por poner fin al mandato de Rousseff.
"No podemos desconocer el tamaño de la manifestación", declaró el jefe del grupo oficialista en el Congreso, José Pimentel, al referirse a las manifestaciones, consideradas las mayores en la historia del país, y que movilizaron, al menos, a 3,6 millones de personas en cientos de ciudades, para exigir la destitución de la mandataria, informó Efe.
Pimentel participó este lunes en una reunión convocada por Rousseff con siete de sus ministros y algunos legisladores oficialistas para analizar el impacto de las protestas, de las que el Gobierno se limitó a reconocer su "carácter pacífico".
El legislador explicó a periodistas que una de las decisiones adoptadas es que la base parlamentaria oficialista debe promover un amplio diálogo para impedir que el proceso contra Rousseff prospere.
"Tenemos que conversar y escuchar mucho" y eso debe hacerse con "todos" los partidos políticos, incluidos los de oposición, que son los alientan el proceso contra la mandataria, afirmó Pimentel.
Un claro mensaje
La oposición, por su parte, sostuvo que el mensaje enviado desde las calles es "clarísimo".
Los brasileños "han dicho que quieren que este Gobierno acabe", declaró Antonio Imbassahy, jefe del grupo del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD) en la Cámara de Diputados.
"Las calles enviaron un claro recado y ahora el Congreso debe atender el llamado y acelerar el proceso" contra Rousseff, dijo el diputado Imbassahy, quien aseguró que "los brasileños estarán ahora mucho más atentos y no le darán otra oportunidad a los parlamentarios que se nieguen a escuchar su voz".
El proceso con miras a la posible destitución de Rousseff comenzó el año pasado, pero fue interrumpido en diciembre por una decisión de la Corte Suprema, que detectó "errores de procedimiento" en los trámites.
La mesa directora de la Cámara de Diputados, responsable por el desarrollo del proceso, pidió algunas aclaraciones, que el tribunal tiene previsto responder este miércoles, con lo que quedaría despejado el camino para reiniciar el trámite.
El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, ha anticipado que su intención es que el proceso sea retomado el mismo jueves, un día después de que la Corte Suprema de Brasil se pronuncie.
"Intentaremos que sea así", dijo Cunha, quien forma parte de las alas disidentes del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que también se han posicionado a favor del juicio político contra Rousseff.
El PMDB es liderado por el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de la mandataria, y este sábado, en una convención nacional, las facciones más díscolas reclamaron que el partido rompa con el Gobierno y apoye los intentos de la oposición por poner fin al mandato de Rousseff.
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