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La de –por un lado- su Poder Legislativo, dominado desde la última elección -en la que Maduro fuera ampliamente derrotado- por la oposición democrática y, por el otro, el Poder Ejecutivo venezolano aún en manos del autoritario Nicolás Maduro y sus circunstanciales esbirros, que tiene el “apoyo” de lo más alto del Poder Judicial -designado por el mismo Maduro, a último momento- que poco y nada tiene de independiente y está, en rigor, absolutamente sometido a Nicolás Maduro, razón por la cual, en lugar de ser un árbitro independiente, es apenas un deplorable servidor de Maduro, que hace lo que éste quiere, con mayor o menor disimulo.
La batalla institucional que se inicia tiene que ver con la llamada “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, sancionada recientemente por el Parlamento venezolano, que es la voz del pueblo venezolano que Maduro desoye. Torpemente.
Esa norma está claramente destinada a liberar a todos los presos políticos que Maduro mantiene encerrados y maltratados en sus cárceles, después de haberlos procesado -y condenado- mediante “juicios” fraudulentos en los que el debido proceso legal estuvo siempre ausente. Así de grosero. Como en la peor de las tiranías. Como en Cuba, entonces.
Entre los detenidos que el pueblo venezolano procura liberar está Leopoldo López, ciertamente. Maduro anuncia que no respetará la norma sancionada y que jamás liberará a sus presos políticos. Nunca. Porque simplemente se le da la soberana gana. Así de arbitrario.
También se trata de liberar a Antonio Ledezma, Daniel Ceballosy Manuel Rosales. Todos ellos castigados dirigentes de los partidos de oposición, detenidos por ser tales, con toda suerte de acusaciones falsas.
Para impedir esas liberaciones, Maduro siembra cada vez más odio, resentimientos, y más divisiones, en la clásica y conocida forma de enfrentar -y dividir- a las sociedades la propia de los regímenes marxistas autoritarios. La vieja “lucha de clases”, en pocas palabras. De manual o de libro, entonces. Con un actor central deplorable. Patotero como pocos. Peligroso al máximo y capaz de dañar inmensamente a la sociedad venezolana, a la que su ineficaz administración ha sumido en el mayor de los caos económico-sociales imaginables, que incluye la privación y escasez de todo, hasta de los bienes de primera necesidad.
Maduro debe hacer publicar la nueva ley. Sin embargo, no lo hará, reitera, lo que precipitará un “conflicto de poderes” que, con un inicio más bien sordo, se ha ido profundizando, cada vez más.
Para el siempre confuso y caprichoso Nicolás Maduro, la ley es “el auto-perdón de asesinos”. Lo que no es muy distinto de calificar a los legisladores de su país de asesinos, directamente. A lo que agrega calificar, desaprensivamente, a la norma en discusión como: “la más criminal que jamás se haya aprobado en el país”. Lo que nuevamente califica a quienes la votaron como criminales ante los ojos del mundo que -desde hace rato ya- el inefable Maduro ha colmado en su capacidad de asombro.
La de Maduro es una conducta que es la antítesis más clara de la tolerancia y del respeto que imperan en todas las democracias. Es además una burla tan infame como perversa, de la que todos en América Latina somos objeto. Una provocación abierta.
Maduro puede ahora intentar, por lo menos, tres distintas estrategias. Vetar la norma. Enviarla de nuevo al Legislativo, con propuestas de modificaciones. O remitirla al Supremo Tribunal de Justicia (recordemos que todos sus miembros le están totalmente sumisos) para que “evalúe su constitucionalidad”.
Si nada de esto sucede en los próximos 10 días, la Asamblea Nacional tiene el deber y el derecho de promulgarla.
Cualquiera sea el camino que finalmente Nicolás Maduro elija, el proceso hacia la vigencia de la nueva norma puede ser largo y estar realmente lleno de toda suerte de obstáculos arbitrarios con los que se procure derribar o desnaturalizar la norma recientemente sancionada por los representantes del pueblo venezolano.
No debe descartarse que, según sea la conducta de Maduro, las reacciones de la gente no se hagan esperar, incluyendo la puesta en marcha de un referendo revocatorio, o empujar una reforma constitucional que apunte a acortar el desmesurado mandato de Maduro. Y que incluya las naturales manifestaciones de protesta de un pueblo que verá groseramente burlada su voluntad. Que se sentirá robado de su voluntad. Engañado. Y que seguramente no querrá seguir sintiéndose impotente frente a un gobierno que ha destruido su democracia y subvertido sus valores centrales.
Una situación que es sumamente peligrosa, por demás. Se cierne entonces una nueva tormenta sobre Venezuela y sobre su castigado su pueblo. Insólitamente, los organismos regionales, salvo la OEA, “miran para otra parte”, como si Venezuela siguiera siendo una democracia y es evidente que ciertamente ya no lo es. Los llamados al diálogo “pour la gallerie”, no alcanzan. Es hora de denunciar lo evidente. Nicolás Maduro ha destruido la democracia venezolana y se niega a respetar la voluntad de los representantes reales de su pueblo: los legisladores venezolanos. Lo que está claro, como el agua pura.
Lo cierto es que el desprejuiciado alto tribunal venezolano ya se ha transformado a sí mismo en una penosa e inédita aberración institucional. Lo hizo al “auto-blindarse” perversamente contra la posibilidad de ser controlado por el Parlamento. Paso aberrante, dado de espaldas al principio democrático esencial del equilibrio entre los distintos poderes del Estado, con mecanismos explícitos que aseguren que nadie está nunca por encima de la ley, ni puede operar sin contrapesos y controles adecuados.
El conflicto parece inevitable. En rigor, ya ha comenzado, como lo prueba la reciente declaración de inconstitucionalidad de la ley por la que el Poder Legislativo reformara el Banco Central, que ha sido ya anulada por los esbirros judiciales de Nicolás Maduro. Por eso, no es que se cierna una tormenta, sino que ella ha llegado ya a Venezuela. De su resultado pende la posibilidad de reformular una democracia groseramente deformada.
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas
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