Defensor del Pueblo no apoya "corredor humanitario" para traer medicinas
Tarek William Saab reiteró su respaldo a la importación de materia prima para la elaboración de medicinas en laboratorios farmacéuticos en el país y la firma de convenios con países aliados de Venezuela para la importación de fármacos.
Caracas.- No es un “corredor humanitario” para el envío de donativos de medicinas e insumos médicos, sino la importación de materia prima para su elaboración en laboratorios farmacéuticos en el país y la firma de convenios con naciones aliadas de Venezuela para la importación de fármacos, lo que solucionará el abastecimiento de medicinas en Venezuela. Así lo sostiene el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
“Más allá de unas medidas esporádicas o espasmódicas, yo estoy de acuerdo con una solución integral, estructural”, declaró a diferentes medios de prensa y resaltó que Venezuela debe firmar convenios marco con Estados que producen medicinas.
“Nosotros tenemos extraordinarias relaciones la India, con China, con Cuba, entre otros países que pueden ayudarnos en este momento de una manera coherente y no cotidiana, no por la coyuntura sino que esto tenga un largo plazo”. Agregó que también debe considerarse convenios con organismos como Mercosur y la Celac.
Sobre contar con materia prima de químicos para la elaboración de fármacos en el país, Saab señaló: “yo estoy de acuerdo con que se importe la materia prima para que los laboratorios, que son extraordinarios, puedan adelantar aquí su trabajo”.
Pero lo que sí rechazó es que los grandes laboratorios abusen de la necesidad de medicina de los enfermos, sobre todo aquellos que padecen patologías críticas. “Basta ya de los laboratorios que utilizan para enfermedades catastróficas una especie de ‘inmoral precio’ para este tipo de tratamientos”, asegurando que tales costos pueden alcanzar entre 120 a 200 mil dólares para tratamientos como el cáncer.
Mencionó que el Gobierno impulsa preponderantemente el Motor Farmacéutico para concretar soluciones en este problema.
Denuncias contra los CLAP
De las denuncias registradas con respecto a un supuesto manejo político o ineficiente de la distribución de alimentos por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el Defensor del Pueblo contestó que “toda actividad que pueda ser investigada en base a una irregularidad tiene que llevarse hasta sus últimas consecuencias”.
Recordó que William Contreras, la autoridad de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ha denunciado que hay funcionarios públicos y privados involucrados en las mafias “bachaqueras” en los grandes abastos y supermercados.
Agresiones a periodistas en la Avenida Fuerzas Armadas
Sobre las agresiones físicas y robos que 19 trabajadores de la comunicación social, entre reporteros gráficos y periodistas, sufrieron este jueves en las inmediaciones de la Avenida Fuerzas Armadas, en el centro de Caracas, el Defensor del Pueblo, reiteró de nuevo su condena a la violencia sea como sea y venga de donde venga.
“No podemos permitir que la actuación de cualquier trabajador de la prensa tanto pública o privada sea agredido, por manifestantes o cualquier otro grupo violento”, dijo Tarek William Saab.
Sostuvo que en este caso lo que se impone es una sanción. En ese sentido señaló que la fiscal 13 del Área Metropolitana está trabajando en conjunto con la Defensoría del Pueblo, “para que haya no solo una investigación sino que finalmente se determinen las responsabilidades a que haya a lugar”.
Nuevo protocolo para la defensa de usuarios de clínicas privadas
Con el fin de defender los derechos de los usuarios que van a las clínicas privadas del país, Saab informó que, en un trabajo en conjunto entre la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, la Superintendencia de Control de Precios y la Defensoría del Pueblo, se firmó un convenio para realizar un trabajo articulado, con un protocolo conjunto para la actuación en esta materia.
Precisó que “se han observado casi 15 mil denuncias” de personas que han aportado documentación de sus casos, que incluyen el cobro excesivo de servicios, la inducción para el uso de servicios que no necesitan y la manipulación del tiempo de prestación de servicios para cobrarles más, entre otros.
“Esto no tiene que ver con la circunstancia económica especial que vive el país, esto tiene décadas ocurriendo. Es la primera vez que hay una unidad institucional para abordar este tema”.
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