Aplicación sesgada de Ley del Poder Municipal abre paso al juicio político de alcaldes
Daniel Ceballos, exalcalde del municipio San Cristóbal | Foto: VivoPlay
La defenestración de Delson Guarate y Warner Jiménez fue precedida por las de Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Lumay Barreto, todos mandatarios locales de la oposición
10 DE OCTUBRE 2016 - 12:01 AM
La reciente decisión de dos concejos municipales dominados por el oficialismo de sustituir a los alcaldes opositores Warner Jiménez (Maturín, Monagas) y Delson Guarate (Mario Briceño, Aragua), miembros del partido Voluntad Popular, y poner en su lugar a concejales del PSUV ha encendido -una vez más- las alarmas de abogados, disidentes del chavismo y de la Asociación de Alcaldes por Venezuela.
Expertos en derecho administrativo, como Luis Alfonso Herrera, advierten que la interpretación que hicieron los concejales oficialistas de Maturín y Mario Briceño Iragorry del articulado de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal -que les sirvió de marco legal- puede abrir la puerta para la instauración del juicio político contra los alcaldes incómodos al poder central.
“La Loppm habría que revisarla en profundidad porque si su redacción permite que haya un juicio político con destitución del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo a nivel de municipio eso no se puede permitir y habría que plantear una reforma. Ello implicaría la eliminación de la división de poderes. Se presta para que cada vez que se quiera, desde el consejo legislativo, acusar al alcalde de mal administrador, proceder a separarlo del cargo y designar a uno que sea afín al partido que tiene la mayoría, pues invocan la ley y listo”, advirtió Herrera.
El diputado Juan Pablo Guanipa (MUD), encargado del proyecto de reforma de la Loppm, ofreció una lectura política coincidente con la advertencia jurídica: “¿Cuál es el objetivo del PSUV? Ir a esos municipios donde gobierna la oposición, pero la cámara les favorece a ellos, para crear imputaciones irreales, que se detenga al alcalde y que el concejo pesuvista designe a un alcalde sin haber sido elegido para ese cargo. El objetivo político del PSUV es controlar las alcaldías que no pudo controlar a través del voto. Eso no se puede aceptar”.
Incluso Jesús Cepeda, ex diputado del PSUV-Guárico y de reciente ruptura con el oficialismo, se opuso a la decisión: “Rechazo los atropellos de que están siendo víctimas muchos alcaldes y dirigentes en este país. No se puede criminalizar la disidencia. La democracia se basa en la alternabilidad en aceptarnos, tolerar los diferentes enfoques. Aquí todo el que protesta es estigmatizado. La arbitrariedad y el atropello son los mecanismos de ejercicio de política de este gobierno, lamentablemente. No puedo compartir esa manera de hacer política”.
¿Golpe de Estado? Otros abogados administrativistas como José Ignacio Hernández afirman que la decisión adoptada por los concejos municipales constituye un golpe de Estado, pues se aplicó un régimen distinto al que correspondía en cada caso de acuerdo con la ley.
En un artículo publicado en Prodavinci, Hernández explica que en el caso de Mario Briceño Iragorry se aplicó un régimen de ausencia absoluta cuando correspondía el de ausencia temporal. Y en el de Maturín, como la orden de detención contra Jiménez no ha sido ejecutada, también aplica la ausencia temporal.
“Incluso si se considera que en ambos casos aplica el régimen de ausencias por detención judicial, el concejo solo puede designar como alcalde a un funcionario de alto nivel de dirección ejecutiva de la alcaldía, y nunca a uno de los miembros del concejo”, explica Hernández.
Vacíos de ley. Desde el PSUV, sin embargo, interpretan la Loppm desde otra perspectiva. El dirigente y ex diputado por Monagas, Manuel Villalba y el concejal de Mario Briceño Iragorry, Javier Colina, afirman que los vacíos en la ley y “la gestión irregular” de ambos dirigentes sirvieron de base legal y política para adoptar las decisiones.
“Hay un vacío en la ley que no especifica quién asume en caso de la ausencia por detención judicial del alcalde y solo dice que le corresponde ‘al funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva’. Bueno, en nuestro criterio se refiere a la dirección ejecutiva de la cámara, que es la que está resolviendo la situación. El otro criterio es político y resulta que la segunda autoridad política del municipio, elegida por el voto popular, es el presidente de la cámara y no un director de la alcaldía. Entonces determinamos que existe una falta temporal y que el presidente de la cámara asuma como encargado hasta tanto se clarifique la situación judicial del alcalde Delson Guarate”, sostiene Colina. Admitió que el instrumento legal amerita una reforma.
Villalba, por su parte, explica las razones que llevaron a la cámara de Maturín a designar a Brullerby Suárez en sustitución de Warner Jiménez: “En nuestro caso hay una situación excepcional porque Jiménez está prófugo de la justicia y la persona que él designó como encargado ha mostrado un manejo dispendioso de los recursos del municipio, hay indicios de malversación, de otorgamiento de ayudas sociales cuantiosas y sin soporte, de pagos apresurados a contratistas sin soporte y, además, autoliquidación de directores de la alcaldía. Eso llevó a la cámara a tomar la decisión”.
Acoso. Entretanto, el alcalde encargado de Maturín, Antonio Goncalves, asegura que no entregará el poder al PSUV, denunció que existe atropello y persecución permanente contra la municipalidad y la familia del alcalde Warner Jiménez.
“Bloquearon las cuentas de las empresas del alcalde, a la familia la hostigan constantemente con el seguimiento que mantienen los cuerpos de seguridad. Los directores de la alcaldía tampoco han escapado de esa situación”, afirmó.
La alcaldesa electa del municipio Páez (Guasdualito), estado Apure, Lumay Barreto, también de Voluntad Popular, denunció que a un año y cuatro meses de su destitución, el Tribunal Supremo de Justicia aún no se pronuncia sobre si hubo abandono de cargo. Señaló que en su jurisdicción se ha venido deteriorando la calidad de los servicios públicos municipales. “Se acabó la iluminación, no recogen la basura, el servicio del agua es caótico y tampoco pagan a los trabajadores ni el salario ni el bono de alimentación. Además, quitaron todas las ayudas que entregábamos al pueblo”, afirmó.
¿Quiénes son?
Warner Jiménez
Elegido alcalde de Maturín en diciembre de 2013 con 38,6% de los votos. En 2014 le fueron abiertos varios juicios por las protestas contra el gobierno. El 25 de agosto de 2016 el fiscal anticorrupción de Monagas, Argenis Martínez, emitió una orden de captura en su contra por la presunta desviación de recursos asignados por el Consejo Federal de Gobierno (CFG) para 5 obras. El 27 de agosto la Alcaldía de Maturín publicó la resolución Nº 188/2016, según la cual el alcalde notificaba su ausencia del cargo por 13 días y designaba al director de la alcaldía, Antonio Goncalves, como encargado. El 30 de septiembre en sesión ordinaria del Concejo Municipal los 6 concejales oficialistas declararon la ausencia de Jiménez y nombraron alcalde interino al presidente de la cámara, Wilfredo Ordaz (PSUV).
Delson Guarate
Elegido alcalde de Mario Briceño Iragorry en diciembre de 2013 con 49,9% de los votos. El 2 de septiembre fue detenido por el Sebin con una orden del Tribunal 3° de Control de Aragua por la supuesta comisión del delito de contravención de planes de ordenamiento territorial y disposición indebida de desechos peligrosos. El 31 de agosto Guarate había designado a la directiva de la alcaldía, Alicia Loreto, como alcaldesa encargada. El 30 de septiembre la cámara municipal con mayoría oficialista acordó la ausencia de Guarate y designó al presidente del concejo, Brullerby Suárez (PSUV), como alcalde interino.
Dato
El artículo 87 de la Ley Orgánica de Poder Público Municipal establece lo siguiente: “Las ausencias temporales del alcalde serán suplidas por el funcionario de alto nivel de dirección que él mismo designe. Si la ausencia fuese por un período mayor de quince días continuos, deberá solicitar autorización al Concejo Municipal. Si la falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta. Cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva. Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato. Si la falta temporal se prolonga por más de 90 días, el Concejo Municipal debe decidir si declara esa falta como absoluta. En ese caso, se procederá a nueva elección –antes de la mitad del período o corresponderá al Concejo Municipal designar, entre sus integrantes, al alcalde –luego de mitad del período”.
Mal precedente
-Daniel Ceballos (San Cristóbal) y Enzo Scarano (San Diego) fueron removidos de sus cargos por decisión del TSJ que los condenó en el contexto de las protestas de 2014. Scarano pagó 10 meses y 15 días de prisión y Ceballos sigue preso.
-Lumay Barreto (Páez) fue destituida por abandono de cargo el 26 de febrero de 2015 por decisión de la Cámara Municipal de mayoría oficialista.
-Antonio Ledezma (Metropolitano) fue aprehendido el 20 de marzo de 2015, y aún no ha sido imputado. El Cabildo Metropolitano de Caracas no ha calificado su ausencia, que suple Helen Fernández.
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