Confesiones II
28 DE NOVIEMBRE 2016 - 00:05
Los abogados suelen decir que a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, cuando la parte contraria en la disputa admite los hechos, es irrelevante propiciar prueba alguna. La razón es simple y no amerita otro tipo de argumentación. Algo parecido ha sucedido con la expectativa que ha generado el referéndum revocatorio. De figura novedosa establecida en el texto constitucional para resolver las frecuentes crisis políticas generadas por el mal desempeño de diversas autoridades electas mediante el voto popular. Propiciando de esta manera obviar las alternativas cruentas ajenas a los principios republicanos. Nos encontramos abruptamente ante la dura realidad exteriorizada por la explosiva crisis nacional que confrontamos los venezolanos.
El gobierno nacional a través del ministerio de elecciones resolvió que este año no se concluiría el procedimiento previsto por el constituyente. Ya sabemos los métodos y las formas empleados para eludir lo ineludible. Referirnos nuevamente a ellos es como llover sobre lo mojado. Lo que interesa resaltar, por las consecuencias generadas en el presente y en el futuro cercano, es no solamente establecer la definición definitiva y su solución, precisándola, de la crisis nacional. Establecer de inmediato y sin duda alguna la estrategia con la táctica pertinente.
El primer vicepresidente de la AN y alto preboste de UNT declara que: “Murió toda posibilidad de hacer un referéndum revocatorio en 2016” (sic). El gobernador del estado Miranda, por su parte, afirma que: “Reunión del 6D podría ser la última con el gobierno”. Vamos a detenernos un poco en este “arroz con mango dialéctico” propiciado por voceros calificados de dos factores decisivos actuantes en el cuarteto ad hoc en que ha devenido la MUD. La mayoría de los dirigentes políticos venezolanos han asumido una manera peculiar para expresarse. Han optado por no utilizar lo aconsejable, por gráfico, que nos otorga el buen uso de la lengua castellana. La de llamar “al pan, pan y al vino, vino” como forma clara e inequívoca de hablar con claridad. “Tomar al toro por los cachos” también es un viejo modismo que utilizan los llaneros para hablar sin subterfugios y evasivas con la finalidad de eludir responsabilidades.
Sabemos entonces que de manera oficial tirios y troyanos (gobierno & MUD) están claros y contestes en que no habrá referéndum este año –con sus inevitables consecuencias– y que el periplo de la negociación política emprendida entre ambos; con la anuencia papal y de los expresidentes; continuará inexorablemente. De manera que este peculiar diálogo entre mudos se mantendrá en el tiempo y en el espacio casi como un ejercicio de divertimiento diletante.
El problema entonces rebasa el mero aspecto semántico. Muchas personas e instituciones –yo entre ellas– hemos dicho y escrito que nos encontramos ante un régimen que no es para nada democrático a cabalidad. Es totalitario; inconstitucional; alejado de todos los principios republicanos establecidos en la carta magna, lo que ha sobrevenido en un Estado forajido en la cabal interpretación y definición precisa del término.
La jerarquía eclesiástica venezolana (cardenal Urosa Savino y monseñor Diego Padrón, José Virtuoso, etc.) –dentro de sus maneras tradicionales, ponderadas y diplomáticas– ha vertido opiniones certeras y críticas sin cuestionar el “diálogo” establecido entre las partes. De la manera y de los modos en que ha transcurrido, y de la falta de precisiones en la temática a discutir, el establecimiento de los términos y, por supuesto, de los inciertos resultados. Han advertido acerca de las consecuencias cruentas que podrían suscitarse si no se establece la negociación política pertinente como manera seria de solucionar la crisis y no como un simple y conveniente modo de ganar tiempo.
Este análisis lo comparte la mayoría de la población venezolana que no desea continuar con la nefasta política implantada por el oficialismo que nos ha traído hambre, inseguridad y desasosiego existencial por una parte. Por la otra, el partido UNT, algunos sectores de PJ y aparentemente por AD y por VP. Acompañados por diversos opinadores que pululan en sus respectivas áreas de influencia aleatorias. Se nos pretende administrar el cognomento de impolíticos y de “tontos útiles” favorecedores de las estrategias oficiales mediante el uso de la “antipolítica”. Ven, de acuerdo a la vetusta interpretación bíblica, “la brizna de paja en el ojo ajeno y no la viga incrustada el propio”.
He reiterado, hasta el cansancio, que no es la hora de implementar políticas de gabinete. Esta manera podría aceptarse si viviéramos en democracia plena ajustados a los principios republicanos indubitables. Hacerlo en esta coyuntura, más que un error, es una estupidez. Si moráramos en un régimen constitucional sin cortapisas, me permitiría proponer la remoción completa de la directiva del CNE por incompetente. Me explico: Su función fundamental –de Perogrullo– está relacionada con la planificación de las elecciones. Este aparato infamemente subordinado al Poder Ejecutivo, goza de un generoso presupuesto como pago a sus indignidades. Esta simple circunstancia le debería haber permitido realizar sin problema alguno las elecciones de gobernadores pautadas para diciembre de este año. No fue así. A lo Jalisco, saltando a la torera la previsión constitucional, decidieron realizarlas a finales del primer semestre del año que viene. En pocas palabras, la incapacidad e incompetencia demostrada permitirían, sin lugar a dudas, su remoción plena por parte de la AN con el subsiguiente establecimiento de la responsabilidad administrativa, penal y civil –si fuese el caso– correspondiente.
Para enfrentar satisfactoriamente a este gobierno inconstitucional. Que ha establecido una peculiar e inédita dictadura del siglo XXI. Que ha instaurado de hecho un totalitarismo sin parangón alguno en nuestra historia a través de seudomecanismos legales. En fin, que ha convertido a la nación venezolana como un Estado forajido; propiciador y único responsable de la crisis nacional (política, social y económica) que nos desintegra; no queda ninguna otra opción que la de acudir a la calle invocando a los artículos 333 y 350 constitucionales.
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