Publicado el: 23 noviembre, 2016 EL-INFORME.COM
Francisco Flores , izquierda, y Efraín Campo, en la audiencia donde fueron declarados culpables la pasada semana en Nueva York
Los sobrinos del presidente de Venezuela enfrentan de 20 a 30 años en la cárcel, según expertos, por planes de entrar de contrabando a Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína.
Ahora que han sido declarados culpables, ellos no cuentan con muchas opciones para reducir sus sentencias. Pero una manera en que podrían recortar sus condenas de cárcel, sería la cooperación con funcionarios de EEUU que están impacientes por obtener más información sobre los mecanismos internos del narcotráfico a través de Venezuela y en toda la región.
Efraín Campo, de 30 años, y Francisco Flores, de 31, sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron declarados culpables el viernes pasado de planear el contrabando de cocaína del hangar presidencial en el aeropuerto de Caracas a Honduras para enviarlo a Estados Unidos. La sentencia mínima es de 10 años, pero ellos enfrentan condenas mucho más largas, debido a la gran cantidad de drogas involucradas.
Ellos tienen cuatro meses antes de su audiencia de sentencia. Sus abogados han presentado mociones para revocar el veredicto alegando que la evidencia es insuficiente. De no conseguirlo, ellos litigarán hasta conseguir la sentencia más baja posible.
Cooperar podría ser la mejor de sus opciones, aun cuando sea algo distante.
Por lo general, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, o cualquier otro fiscal federal, no permite que los acusados cooperen después de haber ido a juicio, pero ellos pueden hacer una excepción en un caso tan célebre, y también gracias a la naturaleza explosiva de la información que podrían tener Campo y Flores para implicar a otros miembros de su familia u otros altos funcionarios venezolanos.
“Por supuesto que ellos pueden arrojar luz entre los lazos de lo que estaban haciendo y los funcionarios más altos “, dijo Brian Fonseca, director del Instituto Gordon de Política Pública en la Universidad Internacional de la Florida. “La pregunta es si ellos revelarán esa información o no por no poner en peligro a su familia en Venezuela, por razones de lealtad o por lo que sea”.
Los sobrinos ya han implicado al gobierno venezolano. En grabaciones que se escucharon en el juicio, Flores se jactó de tener un control completo del hangar presidencial en el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía, en las afueras de Caracas. Campo fue grabado cuando alegaba que funcionarios del gobierno controlaban el Cartel de los Soles, un grupo de militares de alto rango que se cree son narcotraficantes.
Se alega que, al ser arrestado en Haití, Campo indagó sobre la posibilidad de cooperar con la fiscalía y preguntó si la Administración para el Control de Drogas (DEA) estaría interesada en información sobre lavado de dinero. Más adelante, él no ha dado indicación adicional alguna de querer colaborar con el gobierno.
El notorio capo de la droga Carlos Lehder, colombiano que ayudó a revolucionar el negocio de la cocaína por medio de usar una isla en las Bahamas como estación de paso entre Colombia y Estados Unidos, fue convicto y sentenciado en 1988 a 135 años de cárcel además de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Pero pocos años después consiguió hacer un acuerdo con el gobierno que redujo su condena a 55 años por medio de testificar sobre los vínculos del dictador panameño Manuel Noriega con los carteles colombianos de la droga.
En una situación similar, Campo y Flores podrían tratar de negociar una sentencia menor por medio de proveer información sobre el gobierno venezolano, del cual EEUU se ha quejado de que se encuentra involucrado en el narcotráfico.
David Weinstein, ex fiscal federal que dirigía la división de narcóticos en la fiscalía federal de Miami, dijo que generalmente los fiscales no dan oportunidades a los acusados de que cooperen una vez terminado el juicio, pero que podrían hacer una excepción debido a la naturaleza de la información que podrían tener Campo y Flores.
“Es posible que, aunque sea, ellos estarán dispuestos a sentarse con ellos a conversar sobre la información que ellos podrían tener”, dijo Weinstein. “Si el valor de esa información es suficientemente grande, ellos podrían decir: ‘¿Saben qué? Vamos a ir en contra de nuestro protocolo habitual y aceptaremos que ustedes cooperen. No habrá promesas ni garantías’ “.
Es posible que los acusados, no obstante, tengan que renunciar a su derecho a apelar. Hasta el momento, sus abogados han dado clareas indicaciones de que se proponen seguir luchando por sus clientes.
Estados Unidos ha estado aumentando sus esfuerzos en contra de miembros de alto rango del gobierno socialista de Venezuela por el papel que se sospecha han jugado en permitir que su país se convierta en un importante lugar de paso para los narcóticos.
El presidente Barack Obama ha afirmado que Venezuela ha “fracasado de forma demostrable” en cumplir con sus obligaciones según los acuerdos antinarcóticos internacionales.
Varios funcionarios venezolanos, incluyendo un ex ministro de defensa y jefe de la inteligencia militar, han sido encausados en Estados Unidos o sancionados por las autoridades estadounidenses.
Franco Ordoñez / El Nuevo Herald
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