Fiscal pide revisar operativos de seguridad tras 22 muertes
EFE / Caracas / yarguelles@laverdad.com, 8-12-2016
La fiscal Luisa Ortega Díaz pidió revisar los operativos de seguridad que implementa el Gobierno nacional, tras la muerte de 22 personas presuntamente a manos de funcionarios de seguridad
Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, pidió hoy la revisión de los operativos de seguridad que se implementan en el país, tras de la muerte de 22 personas presuntamente a manos de funcionarios de seguridad en dos operaciones especiales.
"Si bien es cierto que deben realizarse actividades para combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y, sobre todo, contra los más vulnerables e indefensos", dijo la fiscal en una entrevista con el canal privado Venevisión.
"Sería criminalizar a los más pobres", agregó Ortega.
La fiscal señaló que asumió la responsabilidad de investigar principalmente la muerte de 12 "inocentes" tras un operativo de seguridad en la localidad de Barlovento, en el estado Miranda (centro), y por el que han sido detenidos una docena de agentes militares.
Ortega subrayó el hecho de que las víctimas de Barlovento no tenían expedientes criminales y que eran trabajadores y campesinos, e indicó que hasta el momento los investigadores no han determinado los motivos de los crímenes.
Asimismo, añadió otro caso en Barlovento en "el que un adolescente fue aprehendido y torturado, cuyas lesiones le causaron la muerte"; también en el marco de un plan de seguridad del Estado, indicó.
"Quienes lo llevaron al centro médico alegaron que había muerto por un ataque de epilepsia, y resulta que cuando la médico lo examinó, enseguida se dio cuenta que la causa de la muerte no era un ataque de epilepsia, porque la persona se encontraba demasiado lesionada, inclusive, con fractura de cráneo", detalló.
Además, resaltó también la muerte de otras 9 personas en la población de Cariaco (en el estado oriental de Sucre) el pasado 11 de noviembre a manos de cinco funcionarios del Comando Nacional Antisecuestro (Conas).
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