Torturas, ejecuciones y desapariciones
Artículo 17: que el funcionario público que lesione a un ciudadano que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado con la pena de 15 a 25 años de prisión
La tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas como política de Estado tiene larga data en nuestro país. Durante la dictadura de Pérez Jiménez los presos políticos se les torturaba y asesinaba en la Seguridad Nacional. Con la llegada del bipartidismo Adeco-copeyano la Digepol- Disip, la PTJ, el SIFA, y los Teatros de Operaciones (TO) se convirtieron en tenebrosos centros de torturas y muertes. Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez, José Gregorio Rodríguez, y Víctor García Ucejo fueron algunos de los muchos luchadores sociales asesinados en nombre de la democracia. Otros como Andrés y José Pasquier, Víctor Soto Rojas, Donato Carmona, y Felipe Malaver fueron detenidos y desaparecidos para siempre. Caso emblemático fue el de Alberto Lovera detenido, asesinado y desaparecido por la Digepol. Su cadáver con signos de tortura fue encontrado tiempo después por pescadores en la playa Mansa, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui.
Con la llegada de la peste militar bolivariana al poder (1998) las fuerzas militares y de seguridad del Estado han practicado la tortura y tratos crueles, así como ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática e impune. Estas prácticas perversas forman parte de la política de Seguridad Nacional Bolivariana ejercitada por el régimen contra la disidencia política, a los que denominan: enemigo interno (lenguaje del jurista del Nazi Carl Schmitt). El humanismo bolivariano lejos de erradicar las aborrecibles prácticas del pasado las ha profundizado e institucionalizado. Ello ante el silencio cómplice o impuesto de la mayoría de los medios de comunicación social.
Centros de reclusión como el Sebin, la DIM y el Cicpc son antros de perversidad donde se ejercita la tortura impunemente. Además, hay que mencionar los centros clandestinos de detención (CCD), instalaciones secretas empleadas por el Sebin y la DIM en colaboración con las bandas armadas del régimen donde se torturan a los detenidos. Prácticas como taparle la cabeza al detenido con una bolsa de plástico para producir asfixia, cubrir el cuerpo del detenido con colchonetas para luego golpearlo (no quedan marcas visibles), arrancarles partes del cabello (el helicóptero), aplicación de descargas eléctricas (la parrilla) al mejor estilo de los regímenes de dictatoriales del Cono Sur del siglo pasado.
Además, el humanismo bolivariano ha introducido nuevas variantes en cuanto a las vejaciones a los detenidos: se les rapa el pelo y los uniforman como presos comunes. Asimismo, los someten a todo tipo de torturas psicológicas desde las amenazas de muerte hasta la llamada tortura blanca consistente en el confinamiento del detenido en condiciones infrahumanas en zonas aisladas, pintadas de blanco e iluminadas las 24 horas (la "Tumba" del Sebin). En otras instancias los tratos crueles y degradantes a los reos constituyen la regla y no la excepción, como ocurre en la cárcel de Ramo Verde donde a los detenidos políticos se les lanzan excrementos fecales y orina, y se practican chequeos corporales vejatorios a los familiares de los presos obligándolos a desnudarse. Pero además hay graves denuncias de jóvenes salvajemente golpeados y hasta violados por Guardias Nacionales durante las razias del 2014. Otro rasgo siniestro de la barbarie bolivariana ha sido las desapariciones forzadas como expresión de un amplio catálogo de prácticas violatorias de los derechos humanos. Todo ello con la complicidad nauseabunda de jueces, fiscales y de la misma nomenclatura facho-bolivariana.
Todas estas violaciones a los derechos humanos ocurren no obstante de que el artículo 46 de nuestra Carta Magna reconoce el derecho humano a no ser objeto de torturas y a tal efecto indica: “Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, el régimen bolivariano aprobó la Ley Especial Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (2013), la cual establece en su artículo 17: que el funcionario público que lesione a un ciudadano que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado con la pena de 15 a 25 años de prisión. Adicionalmente, Venezuela ha ratificado las Convenciones contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la OEA.
Gracias al ejemplar “humanismo bolivariano” Araminta González torturada en los calabozos del Cicpc padece de serios quebrantos de salud mental, cerca de 850 personas han sido asesinadas en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), entre ellas las masacres de Tumeremo, Barlovento, y Cariaco, y más de 10 ciudadanos han sido víctimas de desapariciones forzadas incluyendo el luchador social Alcedo Mora. Todo indica que los chafarotes y esbirros del régimen seguirán torturando, asesinando y desapareciendo a cuanto venezolano disidente se oponga a sus designios en nombre de la “robolución” y su “humanismo bolivariano”.
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