La presión internacional
No debe extrañarse, alguien bien informado, que la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) le aplique al gobierno de Nicolás Maduro, más temprano que tarde, La Carta Democrática Interamericana, con las consecuencias que ello generaría en el país y en la región, y sobre todo en la sociedad venezolana, que generalmente terminará pagando las secuelas de una política estalinista, equivocada y fracasada en todos los países en que los tiranos lograron imponerla
Aunque la crisis política, económica y social que atraviesa nuestro país, después de aproximadamente casi dos décadas de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, tiene que ser resuelta por los venezolanos, en una época de integraciones regionales e incluso mundiales, apoyadas en tratados universales de obligatorio cumplimiento para los países cuyos gobiernos los han firmado y ratificado, la presión y la condena internacional contra los delitos de lesa humanidad, contribuye a crear condiciones para el éxito de la lucha de los pueblos contra los tiranos, y sus cómplices de violar los Derechos Humanos, de propiciar la corrupción, el tráfico de drogas y el terrorismo.
Durante el siglo XX y sobre todo en lo que va del XXI, los gobiernos democráticos no sólo han expresado sus preocupaciones por la existencia de regímenes autoritarios que descaradamente violan los acuerdos internacionales, sino también con aquellos, que como el impuesto por Maduro y sus más altos colaboradores, pretenden mantenerse en el poder con una fachada teórica de democracia, pero con centenares de presos políticos y control de los Poderes Públicos por parte del Ejecutivo.
La tendencia totalitaria del sector del gobierno que preside y encabeza Nicolás Maduro, tarde o temprano tendrá que enfrentar a más del 80% de los venezolanos que han manifestado en diferentes encuestas, que prefiere el sistema democrático, por lo cual no le será fácil perpetuarse en el poder, e imponer de una dictadura aún con fachada legal. De allí el rechazo a la utilización de los grupos paramilitares para impedir una manifestaciones pacíficas de estudiantes, trabajadores que reclaman sus derechos y de la sociedad civil en general.
La reorganización de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se ha planteado y ejecutado en función de dotar a la oposición de un instrumento y una dirección de lucha, de mayor eficacia tanto en lo electoral como en la movilización de la sociedad para tratar de lo alcanzar un cambio democrático por la vía pacífica y constitucional. Quienes hemos respaldado su exitosa actuación en las elecciones, confiamos en que la incorporación de otros sectores organizados le proporcione la fuerza necesaria para constituir una alternativa política de cambio.
El mundo democrático ya percibe la tendencia totalitaria del gobierno un como peligro real, porque Nicolás Maduro ha concentrado en sus manos y en su voluntad todos los poderes públicos, que en una democracia funcionan con independencia sin dejar de cooperar en la realización o materialización de cada uno. Los pasos que han dado algunos ministerios orientados a la imposición de un pensamiento único, han puesto sobre aviso a importantes sectores de la sociedad, por la intervención directa del Estado en el control de actividades como el deporte, la cultura, la educación, con especial referencia a la disposición a liquidar la autonomía universitaria, y la función institucional de la Fuerza Armada para convertirla en el aparato militar del Partido de gobierno.
De allí que no debe extrañarse, alguien bien informado, que la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) le aplique al gobierno de Nicolás Maduro, más temprano que tarde, La Carta Democrática Interamericana, con las consecuencias que ello generaría en el país y en la región, y sobre todo en la sociedad venezolana, que generalmente terminará pagando las secuelas de una política estalinista, equivocada y fracasada en todos los países en que los tiranos lograron imponerla.
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