Cuba no está preparada para la debacle en Venezuela
Un fenómeno que, si no está ocurriendo, se halla peligrosamente cerca
CUBANET
(Reuters)
LA HABANA, Cuba.- El Gobierno de Venezuela se convirtió en un aliado difícil de defender para las autoridades cubanas. La inusual cautela de estas últimas refleja las profundas dificultades económicas, políticas y sociales isleñas, y la incertidumbre sobre el nuevo contexto en las Américas, particularmente con respecto a la administración Trump.
Una resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptada el 3 de abril insta al Gobierno de Venezuela a garantizar la separación de poderes, restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional en los próximos días y, a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de las decisiones al respecto, considera esencial que asegure la plena restauración del orden democrático. Asimismo expresa la disposición de apoyar las medidas que permitan el retorno de este en el marco de la Constitución venezolana, y que emprenderá gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
La sesión extraordinaria de la OEA, suspendida por Bolivia —estrenada como presidente ese día—, se reunió en su ausencia y del vicepresidente Haití, encabezada por Honduras en calidad de decano. La votación fue de 17 a favor y 4 abstenciones (Barbados, Belice, Republica Dominicana y El Salvador, los dos últimos bien relacionados con el gobierno de Maduro).
Llama la atención notables ausencias de países caribeños y de Ecuador, usualmente coalicionados con Caracas, método diplomático muy socorrido. Si bien la situación política, económica y social en Venezuela constituye la base de la actuación de los miembros de la OEA, la desestabilización en ese país es una preocupación fundamental, sobre todo para los países fronterizos Colombia, Brasil y Guyana, por un eventual conflicto armado, crisis humanitaria y emigración que irradiaría también hacia Panamá, Centroamérica y otros países.
La canciller de Caracas, Delcy Rodríguez, intervino en una sesión extraordinaria el 5 de abril donde se debatió el reclamo de Venezuela sobre la violación de la institucionalidad de la OEA, y anunció que pedirá otra reunión para analizar el comportamiento del secretario general Luis Almagro.
La Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre una reunión de la OEA para tratar la situación en Venezuela el 28 de marzo mantuvo el tradicional tono agresivo y reivindicativo de la supuesta legitimidad de su aliado. Sin embargo, el desenvolvimiento posterior aconsejó cautela, pues las discrepancias públicas de las autoridades judiciales de Caracas, todas afines al chavismo, brindaron pruebas a los argumentos planteados por Luis Almagro, secretario general de la OEA, y por los países solicitantes de una reunión extraordinaria para analizar la conveniencia de aplicar la Carta Democrática. Más importante aún, sacó a la superficie la descomposición del llamado gobierno cívico-militar.
Con sus motores, Maduro pretendió engatusar al pueblo; pero Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, también tiene la inflación y el declive del PIB más elevados. Sufre asimismo carencias de alimentos y medicinas, de criminalidad y la corrupción. Su élite gobernante ha coartado las opiniones discrepantes y mantenido en prisión a muchos dirigentes políticos. El diálogo con la oposición, respaldado por el Vaticano y varios expresidentes, fue el subterfugio gubernamental para ganar tiempo y procurar confundir a la comunidad internacional.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió el 28 de marzo levantar los fueros a los diputados con la sentencia 155. El 30 de marzo acordó dejar sin poderes al Parlamento, de mayoría opositora, y asumir sus funciones “mientras persista la situación de desacato” al incorporar a tres diputados por el estado de Amazonas, acusados de fraude electoral y de invalidez “para velar por el Estado de Derecho”, mediante la sentencia 156.
La Fiscal General desde 2007, Luisa Ortega, durante la presentación de su informe anual, televisada en vivo el 31 de marzo, expresó que “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y de rescate de la pluralidad”, según reportes de los medios internacionales.
Maduro sostuvo conversaciones con Ortega y el Consejo de Defensa sesionó hasta avanzada la madrugada. El 1 de abril, en conferencia de prensa, Maikel Moreno, presidente del TSJ, anunció que la Sala Constitucional del TSJ había anulado las sentencias 155 y 156, y quedaba en manos de la Asamblea Nacional retornar a su posición una vez que haya abandonado el desacato. Maduro anunció “con satisfacción” en su cuenta de Facebook que “la controversia ha sido superada, para garantizar la estabilidad del país y la paz en el pueblo”.
La oposición había calificado la decisión del TSJ como golpe de Estado y Panamá, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países expresaron su preocupación, mientras Perú retiró su embajador de Caracas. En la OEA, la canciller Delcy Rodríguez había luchado por impedir la reunión extraordinaria, convocada para el 3 de abril.
Las repercusiones del derrumbe de los herederos de Hugo Chávez en Venezuela abarcarán en Cuba no solo el incremento de la crisis económica y social, sino también la proyección en América Latina, el Caribe y el mundo, lograda por Raúl Castro en sus 11 años de gobierno. El mandatario cubano dilapidó el impulso conferido por sus promesas de cambios internos y las auspiciosas relaciones con Estados Unidos, en el crítico período de relevo de los dirigentes históricos. Desde mediados de 2015, el paso sin prisa pero sin pausa ha mostrado ser una rémora, precisamente cuando más necesario resultaba el avance.
Una transición suave ha sido la principal responsabilidad histórica del General. Sin embargo, el 24 de febrero de 2018 dejará un gobernante sin aureola heroica ni capacidad aglutinadora de las distintas tendencias e intereses subyacentes. Raúl Castro permanecerá como Primer Secretario del Partido Comunista (PCC) hasta 2021, pues en el VII efectuado en 2016 anunció que sería su último, gobernando con el sostén de los militares, pero en esos tres años podrían aflorar criterios e intereses divergentes de los herederos, que permanecen callados para ascender. Tampoco puede confiarse en la longevidad.
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