EL-INFORME.COM,Publicado el: 4 Mayo, 2017 Hora:9:21 AM
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
El artículo 350 constitucional nos obliga a desacatar cualquier norma o legislación que vaya contra el sistema de libertades establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, por mucho que Nicolás Maduro, prevalido del poder usurpado mediante ventajismos y trampas electorales y los poderes que tiene secuestrados, apruebe una Constitución a su medida, con “el pueblo” que él mismo escoja, esta será letra muerta para el resto de la nación venezolana.
Los venezolanos tenemos la obligación de levantarnos en rebelión constitucional y pacífica contra la tiranía para restablecer la democracia. Bien claro lo establece el artículo 333 de nuestra carta magna cuando señala:
Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Si Maduro quiere aniquilar la Constitución actual a través de una Asamblea Nacional Constituyente comunal, de origen fascista, sin sustento constitucional, sesgada, en la cual la soberanía popular es confiscada mediante una elección manipulada de segundo grado, para implantar un modelo de estado comunista distinto al que está consagrado en la actual CRBV, el acto es nulo, y ningún venezolano está obligado a acatar el monstruo jurídico que de una asamblea espuria emane.
El tirano puede querer acabar con la República escribiendo una nueva constitución con el único fin de perpetuarse en el poder y evitar que el pueblo venezolano siga eligiendo a sus autoridades (presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales), pero la soberanía por derecho constitucional y humano seguirá residiendo en el pueblo, que ejercerá su poder mediante los procedimientos que crea más apropiados para lograr su libertad, el respeto a su soberanía y el acatamiento de su autoridad originaria.
Debemos entonces a partir de ahora comenzar a practicar la desobediencia civil constitucional, que consiste en no acatar ninguna norma o decisión que no esté expresamente establecida en la Constitución Nacional o en leyes justas y no sea dictada por una autoridad legítima para de esta manera impedir el ejercicio del gobierno tiránico que pretende implantar Nicolás Maduro y su narcobanda militar-cívico. Cada uno de nosotros debe rebelarse pacíficamente con un acto diario de desobediencia al poder usurpado y tiránico: en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en las redes sociales, en oficinas públicas; debemos desafiar la autoridad del gobierno. El gobierno es solo gobierno cuando tiene gobernados.
El derecho a la rebelión pacífica también llamado ‘derecho de resistencia a la opresión’ es reconocido desde la antigüedad y está definido como “un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo o que teniendo origen legítimo han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad”. (Wikipedia.org)
Los diputados electos por mayoría del pueblo venezolano deben guiar con inteligencia y aplomo las acciones de la nación venezolana, que está dispuesta a pelear por su derecho a vivir en paz y en libertad, -asumiendo los riesgos que esto comporta, ya no hay espacios para la negociación convencional- y convocar una verdadera Asamblea Nacional Constituyente electa por el pueblo con el 15 por ciento de las firmas del Registro Electoral para servir al pueblo y que este decida qué hacer con los actuales usurpadores del gobierno y golpistas del orden constitucional.
No seremos un pueblo de esclavos, sometidos por una banda de trúhanes; Dios y nuestra conciencia ciudadana nos obliga a reaccionar ante el atropello a nuestros derechos humanos y civiles que estamos padeciendo, antes muertos que rendidos a la narcodictadura.
Santiago Contreras / Periodista
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