Publicado el: 18 Mayo, 2017 Hora:4:54 PM.EL-INFORME.COM
El exdiputado Walter Márquez, dijo que el Ministro Padrino López ampara las violaciones a la Constitución.
La segunda fase del plan Zamora, anunciado por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López para el Táchira es simplemente la militarización del estado frente a la capacidad de manifestación pacífica que ha demostrado la entidad, reclamando el respeto a la Constitución de la República y elecciones libres, sostiene el parlamentario nacional emérito Walter Márquez.
En ese sentido indicó que rechaza esta decisión tanto del presidente de la República Nicolás Maduro, como del propio Padrino López, “en virtud de que si el ministro quisiera garantizar los derechos humanos como lo ha anunciado, el primer derecho humano que tiene que garantizar es el derecho a la vida, y como consecuencia de ese derecho existen derechos políticos que están reclamando los tachirenses y los venezolanos como es el derecho a elecciones libres”.
– El ministro de la Defensa es un gran violador de los derechos humanos por acción y por omisión. Por acción porque ha permitido que las fuerzas armadas disparen y asesinen a personas que están protestando, reclamando el derecho a que se cumpla con los tratados internacionales con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con la Carta Democrática Interamericana y la Constitución de la República que garantizan la consulta popular.
“El hecho que el ministro haya permitido que se suspendan las elecciones a gobernadores y diputados regionales, además de convalidar que mediante un fraude judicial y un fraude constitucional se haya suspendido el referéndum revocatorio, lo convierte en cómplice por omisión de esa grave violación de derechos humanos”.
Como historiador, Walter Márquez destacó que al hablar de la fase 2 del plan Ezequiel Zamora, se está invocando el recuerdo más nefasto de la historia republicana como fue la guerra federal, una guerra civil que destruyó gran parte de la economía y la sociedad venezolana, porque “Ezequiel Zamora no representa ningún símbolo de construcción ni de paz, sino de terror y destrucción de épocas pasadas, ya que cuando no pudo tomar Barinas en la Guerra Federal, ordenó saquearla e incendiarla, luego murió en un oscuro incidente por un disparo de sus propias tropas en San Carlos, estado Cojedes”.
Pareciera –reseño Márquez- que Vladimir Padrino quiere hacer honor a la barbarie de Zamora actuando de manera indiscriminada en la actualidad a través de los cuerpos de represión que comanda como lo hizo Zamora en el pasado, por lo que rechazamos la militarización del Táchira y la presencia de más de 2.000 guardias nacionales y 600 soldados de tropa que él dice especializada pero no especifica la misión que cumplirán.
Como presidente de la Fundación El Amparo, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos y como parlamentario jubilado, “rechazo la presencia de las tropas de ocupación, que como la época de la barbarie de Juan Vicente Gómez ha enviado Nicolás Maduro y el ministro Padrino López a quienes hacemos responsable ante la historia y ante la justicia humana y divina de los daños materiales y humanos que pueda causar en el Táchira”.
Saqueos propiciados por el régimen
Para el parlamentario emérito el objetivo del gobierno con los saqueos masivos a comercios y residencias es “destruir la economía para que vivamos de los Clap y dependamos de las importaciones, porque el control directo de los alimentos les genera a quienes están en el gobierno un gran negociado, por eso están destruyendo la estructura comercial del estado y la estructura productiva, porque hubo saqueos generalizados y no llegó ni la guardia, ni la policía ni el ejército, ningún efectivo de seguridad; es decir, esos saqueos son propiciados por el propio régimen a través de grupos paraestatales que son los colectivos, tratando de implementar una época de terror, de saqueos, miedos y destrucción para el Táchira y el país como lo fue en la época gomecista de Eustoquio Gómez”.
Por último manifestó su solidaridad espiritual a los familiares de los tres jóvenes tachirenses asesinados a manos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional: Luis Alviárez en Guásimos, Diego A Hernández Barón en Capacho y Samuel Castellanos en Tucapé, “ante cuyas muertes señalamos como responsable por acción o por omisión al ministro de la Defensa, uno de los más grandes violadores de derechos humanos del país, que más temprano que tarde será procesado o por la justicia nacional o por la Corte Penal Internacional, tanto él como sus subalternos, porque nadie puede alegar órdenes superiores contra la violación de la Constitución como lo establece el artículo 25 de la Carta Magna”.
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