EL CARABOBEÑO
Con el cierre de dos emisoras de radio y un periódico, Última Hora, en Portuguesa,  la semana pasada, llegan a 49 el total de medios de comunicación que en 2017 ha cerrado el gobierno de Nicolás Maduro, 43 emisoras y tres canales de televisión. Cifra nada alentadora para quienes creen en la libertad de expresión como el baluarte de la democracia y para quienes  tenían esas FM,  prensa y TV como tribuna para expresar su descontento o   apoyo a la revolución bolivariana. Ese ataque a los medios de comunicación  demuestra que la democracia en Venezuela  se desmorona y va directo al despeñadero  con cada accionar del gobierno nacional, cuyos funcionarios en vez de rectificar en sus desmanes inconstitucionales, se afianzan en su proceder ilegal con las actuaciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente Comunista, los cuales se olvidaron de la forma oscura en la cual se posesionaron de esos cargos y de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra todavía vigente.  Su artículo 333 consagra que esta carta magna “no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.  En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
Pareciera que el fin principal de quienes gobiernan y  profesan la revolución bolivariana es impedir que los venezolanos se expresen por cualquier vía contemplada en la Carta Magna del 99 para evitar que la imagen del Socialismo del Siglo XXI siga en picada en lo interno e internacionalmente. Callarlos  es la garantía  para que no hagan más ruido disidente que desfavorezca la acción gubernamental y arruine por completo los planes de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal, de  conformar un nuevo Estado y una nueva economía, basada en los  principios comunistas desarrollados en Cuba por los hermanos Castro desde que se apoderaron del poder, el primero de enero de 1959, luego del triunfo de la revolución cubana.  Desde ese día, hasta hoy  han  “gobernado” por 58 años, con un partido único, una tarjeta de control alimenticio y el dominio total de los conciudadanos a través del adoctrinamiento comunista y un cuerpo militar fiel y apegado a la praxis ultra izquierdista impuesta por Fidel Castro, en primer lugar, y luego por su hermano Raúl.
Bajo esas perspectivas, entre 2013 y 2016, se cerraron 22 periódicos, quedando en circulación sólo 93 de los 115 contabilizados en 2015, mientras que otras tantas emisoras de radio fueron obligadas a apagarse porque no se les renovó su concesión por tener en su programación audios críticos a la política del presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, han proliferado una serie de emisoras de radios comunitarias, las cuales,  al parecer, no cuentan con los permisos establecidos en la Ley de Telecomunicaciones, pero como difunden sólo programas en pro de la revolución socialista, su estabilidad en el medio comunicacional se encuentra asegurada, más aún, porque, supuestamente,  están dirigidas y fiscalizadas por cubanos, en aras de garantizar la perpetuidad de los oficialistas revolucionarios en el poder y, por ende, todos los beneficios brindados a Cuba desde el poder Ejecutivo.
Los venezolanos no sólo se quedan cada día sin medios de comunicación.  Únicamente los periodistas no  están en peligro de ser silenciados, encarcelados o asesinados si difunden la cruel y ruda realidad vivida por cada ciudadano que permanece todavía en este país. Todo habitante de Venezuela debe seguir preso en su propio hogar y permanecer silente si desea seguir con vida o no ir a parar a un calabozo de una de las distintas cárceles de la nación, porque quien se atreva a  salir a protestar en la calle en contra de las políticas gubernamentales, jamás será escuchado por los decisores del gobierno, comenzando por el presidente Nicolás Maduro, porque su concepción hacia los opositores es que son terroristas y no  venezolanos que desean urgentes cambios en la política económica nacional, porque no aguantan más vivir  en las penurias que les ofrece el socialismo del Siglo XXI, las cuales se debaten entre el hambre y la enfermedad, entre la delincuencia y la hiperinflación que cada día les empobrece más, entre el populismo y la demagogia, como la forma perfecta de gobernar de los oficialistas para manipular y crearle falsas expectativas a un ínfimo porcentaje de la población que no llega al 20 por ciento, pero que se ha convertido en el piso político de la revolución bolivariana.
Más de 560 venezolanos se convirtieron en presos políticos desde el pasado 30 de abril de 2017, cuando comenzaron las protestas en Venezuela en contra de la escasez de comida y medicinas. Y desde el  primero de mayo, cuando a la insurrección callejera se le sumo el desacuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente Comunal, convocada por Nicolás Maduro, contraviniendo lo establecido en los artículos 347 y 348 de la Carta Magna. De esas manifestaciones quedaron muertes y presos, pues los pedimentos exigidos no se escucharon. Los oídos de quienes gobiernan se taparon para no escuchar y los ojos se cerraron para no ver los rostros de agonía de los protestantes.
Solo balas, perdigones, bombas lacrimógenas, además de la violencia y el  abuso de poder de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de los grupos paramilitares y de choque del gobierno fueron las respuestas cotidianas de los miembros de un gobierno que demostró, durante esos largos, terribles y temibles días aciagos,  que no conoce de reglas democráticas ni de los principios fundamentales de los derechos humanos, pues blindó su hegemonía político partidista con tanquetas, tropelías y la arbitrariedad más cruel e injusta que dejó sin vida a más de 100 jóvenes soñadores y  luchadores por  una postrimería más justa y segura para sus vidas y la de sus familias.
Quienes gobiernan este país hoy tan devaluado y vejado por sus dirigentes no aceptan queja alguna a sus políticas públicas ni a su forma arbitraria de ejercer el poder. Al parecer la paz prometida durante la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal la impondrán ya instalada  ésta, por medio de amenazas y a través una ley en contra del odio que redactan, con el propósito de frenar ese sentimiento tan negativo en los seres humanos, el cual, según la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, se encuentra revestido el discurso opositor. No obstante, es una ley que tiene que se debe aplicar a muchos oficialistas, pues son expertos en insultar a la disidencia y decirles improperios que sólo podrían manifestar aquellos seres cargados de resentimiento social y desprecio por sus semejantes. Antes de aprobarla deberían hacerse un autoexamen crítico de la manera en la cual se dirigen hacia el opositor y  darse cuenta de que sus palabras se encuentran cargadas de repugnancia, rencor, animadversión, rechazo, tirria hacia todo aquel que les contraríe, en aras de que ese instrumento jurídico no se transforme en un boomerang que se les reviente en sus propios labios. Se debe buscar la sabiduría, más no lo banal o las doctrinas de hombre. Y la sabiduría dice de la abundancia del corazón habla la boca. En el libro de Santiago se recomienda que  debe buscarse la viga en el ojo propio y no en el de los demás.