(Prensa
ORPANAC- CNP11495) La Organización para la Prevención
Nacional de la Corrupción, ORPANAC,
participó en el XVIII Congreso Internacional en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas celebrado entre el 25 y 29 de
septiembre en la ciudad de Madrid, España.
La ONG venezolana fue
invitada por el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas
Publicas GIIGAPP que realiza este congreso internacional anualmente,
cumpliéndose este año su octava celebración.
La ponencia del
director de ORPANAC, Juan Carlos Torcat se centró en informar acerca de cómo el
gobierno venezolano utiliza la corrupción como forma de gestión para perdurar
en el poder.
Torcat expuso sobre las
consecuencias de las políticas de estado para crear opacidad en Venezuela, y llevamos
evidencias del trato que le hace el gobierno a tema de la transparencia.
“Presentamos la entrevista que mantuve con la ex defensora del pueblo, Gabriela
Ramírez quien nos explicó cómo a partir del 2002 comenzó la corrupción a gran
escala en el país
Torcat presentó
también los casos de la Ley del Banco Central de Venezuela que da al Presidente
la discrecionalidad para determinar la confidencialidad de la información que
considere amenaza a la estabilidad monetaria la Ley Orgánica del Sistema y
Servicio eléctrico en la que se expone que quien revele secretos podrá ser
sancionado de 8 a 16 años y la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión que
coarta el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución
Bolivariana de la República de Venezuela,
En cuanto al Poder
Judicial destacó el caso Espacio Público Vs Contraloría, decisión N° 745 del 15
de julio de 2010 de la Sala Constitucional, donde se estableció que a pesar del
carácter constitucional del derecho de petición "en ausencia de ley
expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental
a la información, se hace necesario: i) que él o la solicitante de la
información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales
requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se
solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la
información solicitada". Las decisiones sucesivas acatan el criterio vinculante,
existiendo más de 15 sentenciasque avalan lo dictaminado por la Sala
Constitucional.
En lo que respecta al
Poder Ejecutivo señaló que en el año 2012, un estudio arrojo que el 85 por
ciento de las peticiones de información hecha a funcionarios de distintos
organismos públicos no respondieron y no existe ninguna sanción de ningún tipo
en Venezuela por la violación de este derecho.
“Además no existe un
Organismo del Estado que vele por la transparencia y no hay ninguna sanción
administrativa contra funcionarios que violen el derechode acceso a la
información pública, los organismos públicos no publican información que por
ley corresponde, y no existe presupuesto para capacitación a funcionarios
públicos con relación a este derecho”,
aseveró Torcat.
Sin embargo, Torcat
también presentó algunos avances. “Es necesario reconocer esfuerzos a través de
los años, en los ámbitos regionales y locales, de implementación de mecanismos
legislativos tendentes a la defensa del derecho al acceso a la información pública,
que no han logrado ser replicados en una ley marco nacional por haber sido aprobada únicamente en primera discusión en
el año 2016 por la Asamblea Nacional y por la conflictividad política no ha
logrado la aprobación definitiva del proyecto de ley. Contando únicamente con
Ley de acceso a la información pública en los estados: Zulia, Nueva Esparta,
Miranda, Anzoátegui y solo 16 municipios
que ha aprobado leyes de Acceso a la información Pública”, indicó.
Para concluir Torcat
destacó que se hace fundamental que la República adopte de forma definitiva una
legislación nacional que ampare y regule el derecho al acceso a la información
pública, y cuyo objeto sea asegurar el
cumplimiento del ejercicio del derecho humano fundamental de acceder a la información
pública y las garantías que tiene toda persona, consagradas en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y demás tratados internacionales vigentes, ratificados por
Venezuela en la materia y que permita al ciudadano común el ejercicio del mismo
y que haga del Estado un gobierno transparente, donde no solo el ciudadano
pueda ejercer el control social, sino transformar la conducta de antivalores
hoy por hoy prevalece en la gestión pública. Empoderando y estimulando el
conocimiento de la importancia del saber ¿qué pasa con la cosa pública?
Logrando hacer una política de estado y moral la rendición de cuentas y acceso
a la información pública, libre de sesgo político.
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