Éxodo, no emigración planificada
LA OPINIÓN DEElio Pepe Trifance
Ninguna ideología, discurso, defensa de una gestión política, argumento para justificar la instauración de un sistema social, perseguimiento de transformación de una sociedad mediante cualquier populismo barato, el regalo a mujeres o a jóvenes de dos o tres dólares al cambio paralelo para comprar consciencia y consenso, puede asumir aspecto de credibilidad frente a las imágenes de decenas de miles de ciudadanos que dejan o abandonan el propio país con el ánimo de establecerse en otro en busca de mejores condiciones de vida.
Es una representación de la tragedia a la cual ha sido inducido el pueblo venezolano por el social castrocomunismo instaurado, el perseguimiento y conseguimiento de un proyecto que ha obtenido solo un aumento desmesurado de la pobreza y manifestado la incapacidad de satisfacer las exigencias primarias de la población, sin crear una alternativa económica perfectible de desarrollo y de crecimiento.
Pero es también la visión tangible de la vocación pacífica, tal vez de la sabiduría y del espíritu de sacrificio del cual es capaz el ciudadano común por el estatus de necesidad, y que redescubre la expresión de la íntima sinceridad del ser humano de continuar viviendo, de la íntima coherencia y vigor que se establece para dignidad del hombre y su vitalidad, por la cual goza con seguridad de la posesión de sí mismo y que le permite admitir: “Debo vivir”.
Y piensa: salgo de la amarga, dulce y bella tierra mía en búsqueda de libertad y de las oportunidades que ella no me ha podido ofrecer, pero llevo conmigo parte de la historia y de la civilización de mi pueblo, de la educación y conocimiento que me han sido impartidos, tal vez sin ser contaminado por el nazismo, el fascismo, el comunismo, por la sed de poder que desde la extrema derecha a la extrema izquierda impone el Leviatán de Hobbes y transforma, con el pensamiento único, “el hombre en lobo del hombre”, pretendiendo anular la capacidad crítica y, al contrario, queriendo instaurar una sociedad conformista, incapaz de luchar para la afirmación de los principios y valores definidos en la Constitución de la República de 1999.
Sin oportunidades de trabajo y sin una remuneración suficiente para enfrentar los costos de una vida mortificada en su perspectiva natural de superación, el proyecto político bolivariano ha intentado, y con las extemporáneas e írritas elecciones presidenciales, ulteriormente intenta someter el ciudadano a aquella servidumbre voluntaria que le permitiese recibir beneficios de cualquier naturaleza, pero dejándolo en condiciones de dependencia. Están convencidos de que la siembra y propaganda de las mentiras socialcomunistas ha hecho olvidar al venezolano la ética de los preceptos de Ulpiano que habían inspirados al Libertador Simón Bolívar: “Honeste vivere, alterum no laedere, sui quique tribuere”, “vivir con honestidad, no hacer daños a los demás, tomar solo lo que es atribuido”, por supuesto, por el trabajo desempeñado en las artes del “trivio y del cuadrivio”, como definían en el Renacimiento el operar del hombre.
Exactamente, el comportamiento obligado por el sentido de responsabilidad de la situación excepcional que el éxodo, la emigración masiva, impone adoptar en el devenir de la vida en los países, en Colombia, Brasil, Guyana y en los otros que recibirán la diáspora producida.
Las situaciones implicarían examinar los derechos y los deberes que se determinan, pero podemos exponer solo en breve síntesis las ideas de las grandes líneas de las teorías liberales y socialistas relacionadas con los derechos de la minoría para distinguir los diversos tipos de demanda que se generan y valorar la legitimidad de los mismos.
El Estado-nación moderno utiliza principios definidos en el derecho internacional para alcanzar la integración nacional del inmigrado en el territorio: se han utilizados leyes de ciudadanía y naturalización, leyes educativas, de incorporación a la función pública, al servicio militar, a los medios de comunicación nacional, al sistema productivo y comercial, al sistema sanitario, que han permitido construir la oportuna convivencia pacífica dejando a las diversas etnias un conjunto de instituciones públicas separadas, como por ejemplo la propias escuelas, los medios de comunicaciones, las organizaciones gremiales, sin que estas “concesiones” produjeran una situación de aislamiento voluntario, más bien fuese el reflejo de diferentes estrategias para la aceptación del multiculturalismo en la sociedad nacional.
Este, cuando se acepta como expresión de civilización, produce dos efectos fundamentales: por una parte, amplía las perspectivas de las relaciones internacionales del Estado-nación mediante la celebración con las naciones de proveniencia de tratados bilaterales que no sean solo los determinados por el comercio de bienes y servicios, la transferencia de tecnología y de capitales, sino que añade al intercambio cultural, los tratamientos para la equiparación de las pensiones, la emancipación de las condiciones del trabajo; por la otra, limita o modifica el impacto de la construcción nacional estatal sobre las minorías.
Se produce una especie de simbiosis por la cual cada protagonista queda beneficiado. Pues, si la presencia de la construcción nacional estatal contribuye a justificar los derechos de las minorías, también es posible darle vuelta a la ecuación y decir que la adopción de los derechos de las minorías aporta su contribución para justificar y ampliar la construcción de una sociedad nacional amplia y abierta.
Donde se atienden los derechos de las minorías, la construcción nacional estatal puede favorecer legítimas e importantes funciones que pueden derivar por el cosmopolitismo ilustrado, es decir, la visión globalizada de la aplicación de aquella teoría de justicia universal formulada por John Rawls en 1971 sobre la estructura básica de la sociedad en la cual se generaliza el paradigma, en la suposición que las normas políticas del reconocimiento de la diversidad se aplican dentro de los Estados-nación, concebidos como “sociedades integradas y únicas”.
Es un largo y paciente camino que las naciones receptoras sostienen empezando por enfrentar la ubicación logística, los problemas sanitarios y de alimentación, la gradual producción de empleo para la sustentación de la comunidad inmigrada y para la cual la solidaridad internacional se manifiesta, como la de Estados Unidos y de Canadá, en sostén de los esfuerzos de Colombia y Brasil, para proveer a las necesidades del éxodo de ciudadanos venezolanos, determinado por no tener la posibilidad de enfrentar el problema de la supervivencia en una condición de hiperinflación diaria, por lo cual lo económico es más importante que lo político, lo militar, lo científico, pues los desniveles de los ingresos individuales se traducen en mortificación, en sufrimiento, en la imposibilidad de satisfacer las necesidades primarias.
Dar las gracias por la comprensión humana de los otros pueblos no es sumisión política, es simplemente una precisa e ineludible obligación ética y una demostración de civilización. Lamentablemente ayer Brasil, Colombia y Guyana tomaron la decisión de cerrar las fronteras: la diferencia entre el hacer y el poder hacer se impuso, pero la solución se encuentra en Caracas, en Miraflores.
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