Rubén Dario Bustillos: Intervención humanitaria

 03-03-2018 COSTA DEL SOL

“…hay muchos a quienes nos preocupa el financiamiento de las operaciones militares que eventualmente conducirían las fuerzas de la coalición integrada por tropas de países del área que tienen deudas pendientes con los Venezuela, tales como Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a quienes nuestros libertadores liberaron del yugo español sin esperar ni recibir compensación alguna. Creemos justo que los gobiernos de esos países reflexionen sobre sus aspiraciones compensatorias, pues si bien es cierto que los venezolanos hoy necesitamos de su cooperación para liberar a nuestro país, mañana podrían ser ustedes quienes la necesiten.” Rávago

Actores importantes del derecho internacional humanitario (gobiernos y/o organizaciones internacionales) sostienen que las violaciones graves y en gran escala de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado, como es el caso venezolano, pueden representar una amenaza a la paz y la seguridad internacional y que, por lo tanto, podrían desencadenar una acción coercitiva de parte de las Naciones Unidas, de organizaciones regionales o alianzas temporales de países afectados por tal situación.

Los principales instrumentos del derecho internacional humanitario, de los cuales Venezuela es signatario, como los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, no solamente crean la obligación de respetar esos tratados, sino que también los deben hacer respetar. Los Capítulos VII y VIII de la Carta de las Naciones Unidas, garantizan que el derecho internacional humanitario sea acatado en todas las circunstancias.

No es fácil para nadie, solicitar a gritos, la intervención de fuerzas extranjeras de su propio país, fundamentalmente si se trata de Venezuela cuya historia republicana, de más de 200 años, esta signada por hombres forjadores de la libertad de 5 naciones fuera de sus propias fronteras.

Sin embargo, dadas las actuales circunstancias, después de 40 años de democracia, un grupo de forajidos aliados con la delincuencia organizada internacional, tomaron el poder para apropiarse del país, destruir la republica y crear un narco-estado dispuestos, junto al terrorismo internacional, a propagarse en toda el área continental. Para ello, cuentan con las armas arrebatadas a la republica y los mandos traidores de la FANB.

Afortunadamente, la comunidad internacional se está preparando para cumplir con lo estipulado en los acuerdos internacionales estipulados en la Carta de las Naciones Unidas y los Convenios d Ginebra, para detener y conducir ante la justicia internacional, a los capos responsables del narcotráfico junto a los violadores de los derechos humanos, expulsar las tropas extrajeras que ocupan nuestro territorio para dar paso a la ayuda humanitaria internacional y salvar al pueblo de la hambruna originada en Venezuela, cuyo responsable principal es el G/J (Ej.) Vladimir Padrino López, para quien el dictador Nicolás Maduro creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), como un ente más de soborno y estimulación de la corrupción de la cúpula de la FANB.

Estamos conscientes de que una intervención humanitaria tiene un costo económico. Y hay quienes nos preocupa el financiamiento de las operaciones militares que eventualmente conducirían las fuerzas de la coalición integrada por tropas de países del área. Sin embargo, hay naciones que tienen deudas pendientes con los venezolanos, tales como Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, a quienes nuestros libertadores liberaron del yugo español sin esperar ni recibir compensación alguna. Creemos justo que los gobiernos de esos países reflexionen sobre sus aspiraciones compensatorias, pues si bien es cierto que hoy los venezolanos necesitamos de su cooperación para liberar a nuestro país, mañana podrían ser ustedes quienes la necesiten.

Por otra parte, es propicio reiterar lo expresado por el presidente del Banco Mundial quien, ante un pedido de ayuda económica por parte del régimen, manifestó que: “… en la banca internacional se encuentran depósitos, a nombre de venezolanos, por más de 450 mil millones de dólares de los cuales 350 mil millones no tienen certificación de origen legal…”http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article12714338.html, por lo que es presumible que son producto del saqueo a las arcas públicas venezolanas. Con esos ingentes recursos se pudiera reconstruir una nueva República democrática, digna, prospera y verdaderamente soberana.

Caracas, 28 de febrero de 2018.