Rafael Del Naranco: La odisea de los jubilados venezolanos en el exterior
Pensionados venezolanos en ¡Pobreza híper-mega-máxima-súper-ultra extrema! Residenciados en España protestando por el pago de sus pensiones
El jueves día 23 del presente mes, cientos de personas participaron en una acción virtual en diversos países, en la que pensionados venezolanos requerían el cumplimiento del artículo 80 de la Constitución bolivariana, cuyo texto expresa:
“El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano”.
El actual régimen -chavista, madurista, bolivariano y una caterva de palabras más- ha dejado a su suerte a las almas pensionadas que han tenido que salir del país obligadas por las circunstancias que aún perduran, ya que desde hace 5 años, se les viene negando su derecho a la retribución que deben recibir constitucionalmente del Seguro Social bolivariano.
Esa obligación viene expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, librito azul que Hugo Chávez refrendó en la Asamblea Nacional Constituyente en el mes de diciembre de 1999, Año 189º de la Independencia y el 140º de la Federación, fechas insignes de la grandeza de una nación que en la actualidad ha sembrado angustias para más adversidad del Padre de la Patria.
A recuento de la actitud del gobierno contraria a las disposiciones constitucionales y a los convenios internacionales, la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en el Exterior, (Fapejuvex), convocó el pasado jueves una amplia protesta virtual con una actitud justa: que se respete el pago de las pensiones y la calidad de vida de los venezolanos dentro del país –unos 5 millones- y todos aquellos que pululan por el mundo y que durante años cotizaron, ellos y las empresas donde trabajaron, al Seguro Social.
De resonada a la situación que nos ocupa, se recuerdan dos entrevistas en un canal de televisión realizadas por el periodista español Jordi Évole a Nicolás Maduro. En ellas, el Presidente se comprometió, por su honor, que en muy poco tiempo sería solucionado el problema de las jubilaciones de las personas que, actualmente, viviendo en el exterior, habían dejado de percibirlas.
Disponemos de permanentes relatos de esos excluidos que, como muchos, salieron a sus países de origen tras toda una larga vida en este lar criollo, cuando el día a día se había vuelto angustioso.
Uno de ellos decía: “Soy uno de los españoles que emigraron a Venezuela en los años 60 y 70 de la pasada centuria y que, con varias décadas encima y ahora enfrentados a la crisis política y social que padece la nación tan amada, y nunca olvidada, decidimos regresar a las raíces de nuestro surcos. En todo tiempo las empresas en que laboramos y nosotros mismos, cotizamos a la Seguridad Social, cumpliendo a rajatabla las obligaciones con las leyes sociales venezolanas”.
En los primeros meses llegaba mensualmente la pensión a los países con los que Venezuela mantenía convenios; no obstante, a partir del año 2015 se canceló esa remesa sin aviso ni explicación hasta el día de hoy.
Esto ha llevado a situaciones sumamente difíciles para los jubilados, y muchos han tenido que sobrevivir mediante la colaboración de familiares, amigos, o bien recurriendo a ayudas proporcionadas por organizaciones benéficas en diversas localidades de la tierra hispana.
Ante esa situación incomprensible, reiteradamente la Seguridad Social Española ha remitido oficios al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, solicitando el cumplimiento del Convenio suscrito entre las dos naciones, en el que incluye la obligación de pagar las pensiones a los españoles que cotizaron y regresaron de Venezuela.
El silencio de Caracas ha sido total, y las palabras del presidente Maduro, prometiendo que se haría efectivo ese convenio, han quedado en agua de borrajas.
Un día, hablando con Arturo Uslar Pietri sobre la necesidad de facilitarle consejos al poder político, nos dijo: “Darle admoniciones a estos gobiernos es inútil. Ellos no están dispuestos a oír a nadie. Se conforman con sus ventajismos. Así que estamos en manos de un grupo que pretende apoderarse del país, usufructuarlo, sin buscar soluciones a los problemas de la nación”.
Y en esa situación nos hallamos desde hace 21 años.
rnaranco@hotmail.com
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