“La Costeñísima va a seguir en pie”: periodistas de radio nicaragüense resisten ante amenazas, intimidaciones y procesos judiciales
- Por Marina Estarque
- 1 octubre, 2020
*Este artículo fue actualizado
En la mañana del 14 de septiembre, las hijas de la periodista Kalua Salazar estaban jugando en el patio cuando vieron a unos 20 policías armados llegar en una camioneta, salir del vehículo y ocupar el frente de la casa. Las chicas entraron asustadas y le preguntaron a Kalua: “Mami, ¿te van a llevar presa?”.
La periodista nicaragüense de 26 años no fue detenida, pero la escena se repitió durante varios días en una rutina de intimidación, le contó Salazar a LatAm Journalism Review. “Tengo tres niñas, una tiene 10 años, otra 4 y una de 2 años. [Cuando llegan los efectivos] ellas se mueren de miedo y se meten para dentro de la casa. Es una situación bastante fuerte para ellas. La mediana siempre despierta de noche con miedo. A mi mamá le subió la presión y yo tuve que llevarla al hospital”, dijo.
Salazar es jefe de prensa y reportera de la radio La Costeñísima en Bluefields, en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, en Nicaragua. El personal de la estación, compuesto por diez jóvenes periodistas, está luchando por hacer su trabajo en medio de cortes de energía, hostigamiento, intimidación policial y amenazas de muerte. Por hacer periodismo crítico, con denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos en el país, La Costeñísima ha sido atacada desde varios frentes. La emisora es un ejemplo de cómo la prensa independiente intenta sobrevivir en el país ante la persecución del régimen autoritario del presidente Daniel Ortega.
El ataque más reciente contra la radio fue una acción judicial en la que Salazar fue condenada por calumnia. La periodista fue demandada por un reportaje en el que denunciaba un presunto caso de corrupción en la prefectura de El Rama, localidad a una hora de Bluefields. La sentencia, que fue anunciada el 29 de septiembre, es una multa de 7.684,58 córdobas (cerca de US $220), equivalente a un mes y medio del salario de Salazar.
La condena se produce en un momento en que los periodistas luchan por mantener la radio a flote, luego de la pérdida de su director y fundador, Sergio León Corea, quien murió de COVID-19 en junio. Al mismo tiempo, el medio sufre los efectos de la recesión económica, ahora agravada por la pandemia, pero que viene desde abril de 2018, cuando el país se vio sacudido por una crisis política.
Ese año, las manifestaciones contra el gobierno de Ortega fueron duramente reprimidas por las fuerzas policiales, dejando al menos 300 muertos. En un informe, la ONU identificó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas por parte de agentes estatales y paramilitares. Desde entonces, según la organización, más de 100.000 personas han solicitado asilo político, incluidas decenas de periodistas.
Después de abril de 2018, el régimen nicaragüense y simpatizantes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, se fueron en contra de la prensa, con detención periodistas, retención de papel periódico, ocupación de redacciones - como en el caso de Confidencial y 100% Noticias -, y el embargo de bienes como en el caso de Nicavisión Canal 12. Según un informe de la organización Artículo 19, de diciembre de 2019, Nicaragua es uno de los países que más ha perdido en libertad de expresión en los últimos años a nivel mundial.
Al comentar los riesgos de la profesión, Salazar recordó a su colega, el periodista Ángel Gahona, quien fue asesinado en Bluefields mientras cubría protestas en 2018. “Aquí, cuando ya comienzan a amenazar de muerte, uno tiene que preocuparse”, dijo la periodista, quien recibe constantes mensajes en redes sociales. En los perfiles de la radio son frecuentes comentarios como: “Hay que matarlos a todos”, “hay que quemarlos vivos”.
La presencia de la policía en la puerta de las casas de los periodistas o frente a la radio, además del proceso judicial, tiene un costo emocional para Salazar. A veces necesita tomar medicamentos para dormir, y una simple cena con su familia se ha vuelto imposible.
“Nosotros no salimos, para nada. Yo no tengo una vida social normal de una persona de 26 años. Porque si uno sale y está en un lugar recreativo ya le toman fotos a la familia y yo no quiero que tomen fotos de mis hijas”, narró la periodista.
Por seguridad, Salazar no hace más de lo necesario: va de casa al trabajo, del trabajo a la universidad y regresa. Ella es estudiante de administración, porque no había un curso de periodismo en la región. “Salgo de la universidad tarde por la noche y me da mucho miedo”, dijo.
El proceso judicial también fue agotador, aseguró Salazar. Antes de irse a la audiencia, le dijo a su esposo y a su madre que cuidaran de sus hijas si la arrestaban. Según Salazar, aunque no existe pena de prisión por el delito de calumnia, no se confía en que las autoridades cumplan con la ley. “Legal o ilegalmente lo pueden hacer”, le dijo a LJR días antes del juicio que duró cinco horas y fue a puerta cerrada.
Después de terminado el juicio, Salazar dijo vía telefónica a LJR que había una multitud en la puerta del complejo judicial, gritándole insultos y pidiendo su arresto. “A la salida los policías estaban tomándome fotos y videos. Y podíamos observar que habían venido muchos fanáticos orteguistas de El Rama, con su camisas del gobierno, hasta alquilaron un bus particular, para traer personas, con alimentación, todo eso”, afirmó.
Por otro lado, se sintió conmovida por la presencia de decenas de personas, que acudieron al lugar para mostrar su solidaridad. Salazar dijo que muchos oyentes que estaban allí prometieron ayudar a recaudar fondos para pagar la multa. Y que siente mucho dolor al saber que la injusticia contra la radio también está involucrando a la población, ya muy empobrecida.
“Sabemos que muchas personas aquí no están trabajando y yo no quisiera quitarle ese peso que tiene esa persona quizás para la comida de sus hijos. Eso es lo que me tiene mal emocionalmente. Eso es tan injusto, que la población quiere aportar, pero yo sé cómo está la pobreza aquí, yo trabajo de la mano con toda esa gente”.
La periodista también dijo que fue chantajeada para revelar sus fuentes, lo que, según ella, la libraría del proceso. Si ella no proporcionaba el nombre de la fuente, ellos iban “hasta la última consecuencia”. “Yo les dije: yo di mi palabra cuando yo hice esta entrevista en anónimo. Yo voy a morir con las botas puestas”.
Kalua Salazar comenzó a trabajar en la radio en 2013, ayudando al director, Sergio León, con reportajes especiales sobre pobreza extrema, violaciones de derechos humanos y violencia contra las mujeres. Con tantos ataques, dijo que nunca pensó en dejar la profesión, a pesar de las recomendaciones de su madre. “Yo le digo a mi mamá: hay dos cosas en la vida que uno no debe permitir: que los dictadores en el poder manipulen tu vida y que el miedo te embargue, porque si lo dejas, ya no sos una persona con uso de razón”, dijo con voz firme.
Después del juicio, Salazar volvió directamente a la calle para reportar y denunciar la violencia policial. Dijo que mucha gente depende de ella y que, por tanto, no puede “dejarse caer”. “Lo peor que puedo hacer es ir a mi casa a llorar y encerrarme porque eso es lo que quieren ellos. Así que yo como toda rebelde hago lo contrario”, escribió finalizando el mensaje por WhatsApp con un emoji de carita feliz.
Personas temen ser denunciadas por escuchar la radio
Los ataques a La Costeñísima son variados y apuntan a diferentes objetivos, tanto es así que muchos de sus periodistas ya recibieron medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el riesgo que corren sus vidas.
Salazar dice que muchas personas tienen miedo de escuchar La Costeñísima en sus propias casas y usan auriculares para evitar problemas. “No pueden escuchar la radio porque los vecinos pueden avisar al comité sandinista del barrio, ya fichan a esa persona como opositor y ya le hacen la vida imposible en el barrio”, explicó.
Recientemente, los medios de comunicación también se han enfrentado a cortes de energía, que suelen ocurrir durante la hora del noticiero, unas tres veces por semana, dijo a LJR Paula Smith, de 32 años, administradora general de La Costeñísima.
Describe que, además de la presencia de los policías, que se encuentran frente a la radio semanalmente, siempre hay dos personas en motocicleta, “de lunes a lunes”. “Eso es diario, se reconocen por los zapatos y ya sabemos que son policías [vestidos de] civiles”. Por seguridad, la radio empezó a cerrar antes, a las 7 p.m.: los periodistas se van en grupos y son llevados a casa en coche.
Smith dice que desde 2018, la situación económica de la radio se ha deteriorado. La emisora, que hoy tiene un sitio web y un canal de televisión, sobrevive con los anuncios, pero la crisis económica y política ha reducido drásticamente la publicidad. Con eso, La Costeñísima empezó a retrasar dos o tres meses los salarios de sus periodistas.
“No es algo que esté en manos del equipo de dirección de la radio, Nicaragua está pasando por una recesión económica, no hay trabajo”, dijo Salazar. Enfatizó que en este contexto, la multa impuesta por la justicia tiene un impacto muy grande. Smith lamenta que, con las demoras, muchos periodistas hayan abandonado la estación, que, según ella, es la líder de audiencia en la región. “Éramos 15, antes de 2018, y quedamos solo diez”. La radio también se mantuvo gracias al apoyo de emergencia de algunas organizaciones filantrópicas, como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Kimberly León, de 23 años, quien asumió la dirección de la radio luego de la muerte de su padre, dijo a LJR que la estación estaba bien antes de 2018: “Ese año fue un cambio radical”. Agregó que la represión del gobierno contribuyó a sofocar las finanzas porque los comerciantes fueron presionados para anunciar en otras estaciones de radio.
“No es fácil, porque todas las radios son partidarias [del gobierno], y competimos contra ellas [...]. Algunas personas lo decían claramente, que alguien del gobierno los mandaba a cortar la publicidad porque no podían estar con nosotros y tenían que estar siempre con su partido”, explicó.
La directora reconoce la paciencia y comprensión de los empleados con los atrasos salariales. Y dice que el equipo ha trabajado en conjunto durante muchos años. “Ya nos consideramos familia. Los trabajadores nos tienen paciencia, nos esperan, pero nosotros nos preocupamos porque sabemos que algunos son el único sustento de su hogar, por eso siempre estamos buscando ingresos por todos los lados”, aseguró.
Radio en casa de la abuela, con árbol de mango y el perro Toffi
El entorno familiar de la radio no es solo una metáfora de la unidad del equipo. Hoy La Costeñísima está instalada en la parte trasera de la casa de la abuela de Kimberly. Su padre, el fundador, construyó un pequeño edificio azul en el patio de su madre para albergar la radio. Antes, el medio ocupaba una casa, en el mismo terreno, frente a la calle. Pero, por seguridad y luego de grafitis en la fachada de la estación, Sergio decidió trasladar la sede a la parte de atrás.
Así, para llegar a La Costeñísima, los periodistas deben pasar por la casa de la señora León y saludar: “Buenos días, Miss Janeth, ¿cómo está?”. Solo entonces cruzan el patio, que, aunque sencillo, alberga un generoso árbol de mango y a Toffi, el perro de la señora León y una especie de mascota de la radio.
“Es un edificio chiquito, estamos trabajando como si fuera de la mano todos, es un ambiente amistoso, alegre. Tenemos tiempo para reír, llorar, platicar y trabajar”, contó Kimberly.
La Costeñísima fue fundada por su padre en 2001, luego de una invitación de un amigo y socio. Pero siempre fue Sergio quien se hizo cargo de la radio, y la labor periodística de su padre marcó la infancia de Kimberly. Sergio fue seguido por desconocidos en la calle, sufrió intimidaciones y procesamientos – en 2019, la CIDH otorgó medidas cautelares a él y su familia.
Kimberly dice que los ataques empeoraron con la crisis de 2018 en el país, pero recuerda episodios de violencia mucho antes. “[A mi padre] le gustaba mucho hacer reportajes del tema del narcotráfico, y desde ese entonces ya teníamos nosotros persecución y nos vigilaban”.
Una vez, a los 11 años, Kimberly durmió en la cama de sus padres cuando personas irrumpieron en la casa y forzaron la puerta de su dormitorio. Su padre, que tenía una pistola, disparó y los invasores huyeron. “Y cuando salimos del cuarto para ver si eran ladrones, [...] no habían robado absolutamente nada. El objetivo o era matarnos a todos o era matarlo a él”, recordó. Posteriormente Sergio contrató a un vigilante, quien durante años protegió el hogar familiar.
Kimberly comenzó a trabajar en la radio en 2014 y, en 2018, también se convirtió en blanco de intimidación. En 2019, Sergio evaluó que era demasiado peligroso para ella permanecer en Nicaragua y le propuso irse a Estados Unidos. Kimberly insistió en que su padre fuera con ella, pero él se negó a dejar la radio. “Mi papá decía que iba a estar aquí pasara lo que le pasara. Él tenía miedo de que hicieran algo contra su familia”.
Kimberly regresó de Estados Unidos después de cuatro meses y permaneció un año alejada de la radio, hasta que no pudo soportarlo más. “No quería estar en casa sin hacer nada. Me gusta mucho lo que hago y no me veo trabajando en otro lado que no sea en La Costeñísima”, aseguró.
La periodista no piensa dejar la profesión, aunque tiene un costo personal muy alto. Kimberly ya no sale con amigos, porque no quiere poner a nadie en peligro ni involucrarlos en su situación.
“Una vez la policía le dijo a un amigo que lo había visto conmigo y que él debería cortar esta amistad, porque yo lo único que le podría traer son problemas. Entonces decidí apartarme”. Kimberly no se siente segura hablando con otras personas porque no sabe en quién puede confiar. Su rutina se reduce a ir al trabajo y la universidad, donde estudia contabilidad pública y finanzas.
“Eso nos ha marcado, porque éramos unos chavales libres y ahora no lo somos. Y la mayoría de los trabajadores de la radio somos chavales y chavalas súper jóvenes. [...] Sabemos que vamos a trabajar, pero no sabemos si vamos a volver a nuestros hogares. Trabajamos con ese miedo por dentro”, dijo.
Como medidas de seguridad, Kimberly suele cambiar el coche, el medio de transporte, las rutas y los horarios siempre que es posible. También le dice a su madre, con quien vive, cada vez que sale de algún lugar. Sin embargo, Kimberly sabe que todo esto tiene un efecto limitado. “Ellos saben cual es mi vehículo y, si deciden pararme, lo van a hacer”.
Después de la muerte de su padre, los ataques se agravaron y los periodistas de la radio se sienten más vulnerables. Sergio León era “una institución”, ellos dicen, y el hecho de ser un periodista reconocido le dio seguridad y apoyo a La Costenísima. Sergio también era el más experimentado, una especie de brújula moral para el equipo, que está muy afectado por su muerte.
“Mi papá tenía ya su marca, nadie lo podía tocar aunque quisiera. Y ahora él ya no está, y ninguno de nosotros es Sergio León. Entonces es más peligroso”, aseguró Kimberly. No ha sido fácil para ella ocupar el lugar de su padre en un momento de duelo, miedo e inestabilidad. En este proceso, el apoyo del equipo ha sido fundamental, dijo. “Es una responsabilidad sumamente grande. Yo tengo 23 años, él tenía 50 años de mucho trabajo y estudio. Estoy en el proceso de adaptación y aprendizaje”.
Kimberly no quiere ver morir el trabajo de su padre con él, y eso la ayuda a seguir adelante. “Él amaba esa radio”, dice, enfatizando cada sílaba de la palabra “amaba”. “Eso me motiva a seguir luchando. Quiero decir que La Costeñísima va a seguir en pie, va a seguir abriendo sus micrófonos a toda la población costeña, vamos a seguir trabajando hasta donde podamos, hasta donde nos permitan, porque sabemos que, con esa situación que estamos viviendo en el país, cualquier cosa podría pasar”.
Este artículo fue escrito originalmente en portugués y traducido por Silvia Higuera.
* Este artículo fue actualizado para aclarar que los bienes del Canal 12 fueron embargados.
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