Argentina se abstuvo de votar por la resolución impuesta por Irán, Siria, Turquía y el régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En su lugar, votó a favor de la resolución que condena las violaciones de DD HH en Venezuela, además de apoyar la extensión del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU y que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El embajador argentino Federico Villegas recibió instrucciones del presidente Alberto Fernández para apoyar el informe que emitió la ONU, el pasado 16 de septiembre, en el que relata cómo las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, con la venia de Maduro, planificaron y ejecutaron desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.

Este consejo debe apoyar el trabajo de la alta comisionada (Michelle Bachelet) para mejorar la situación de DD HH en Venezuela”, dijo Villegas.

La cancillería de ese país, a través de un comunicado de prensa, indicó que Argentina “mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”. Pedirá, además, a las autoridades venezolanas investigaciones “prontas, exhaustivas, independientes e imparciales” de las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Dicha postura se produjo luego de las declaraciones del representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, el pasado martes 29 de septiembre, donde no rechazó el informe de Michelle Bachelet sobre violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. En su lugar, sostuvo que hay “una apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos y que el país ha sufrido un fuerte asedio del intervencionismo”.

En el comunicado del Ministerio de Exteriores se indica textualmente que “el presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

Nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos. Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la alta comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la alta comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”, se apunta en el documento.

Por último, la cancillería argentina considera que “el diálogo y la cooperación con las autoridades, las respuestas eficaces a las exhortaciones manifestadas en los diferentes informes, sumados a los mecanismos de protección esenciales, son fundamentales para revertir la actual situación en derechos humanos en Venezuela”.

La postura se ha fortalecido

El pasado 16 de julio el gobierno de Argentina empezó a cuestionar, públicamente, al régimen de Nicolás Maduro. Esto ante la actualización del primer informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. 

Fue a través del discurso del representante argentino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Federico Villegas, que el gobierno marcó su posición y advirtió que la independencia del sistema judicial de Venezuela fue socavada y que ello genera impunidad y la persistencia de las violaciones de los derechos humanos.

“Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú, la profunda preocupación por la situación de los DD HH, así como por la grave crisis política económica y humanitaria que padece Venezuela”, dijo Villegas Beltrán durante el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde se presentó el nuevo informe de Bachelet. 

“También coincidimos en que solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela”, agregó el diplomático para luego hacerse “eco del reciente llamado de la alta comisionada en favor de una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”, señaló. 

Villegas Beltró también pidió que el cambio sea liderado por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.

Por otra parte, la oficina de Amnistía Internacional en Buenos Aires también ha pedido una postura clara para rechazar las violaciones de DD HH en Venezuela. 

“Argentina ya había demostrado su profunda preocupación por la grave situación en Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos en su último período de sesiones en julio, e instado a que este país implementara las recomendaciones hechas en esta ocasión por la alta comisionada para los derechos humanos”, recordó Mariela Belski, secretaria ejecutiva de esta organización. 

Llama la atención y preocupa que, ahora, desde el ámbito diplomático argentino se matice o se relativice el peso de estos hechos o la responsabilidad del Gobierno venezolano. No estamos hablando de ideologías, estamos hablando de miles de víctimas y sus familiares que siguen desamparadas en su búsqueda por verdad y justicia”, agregó.

Belski señaló que el informe de la Misión de la ONU es “contundente” al relatar cómo el régimen chavista planificó y ejecutó desde el año 2014 graves violaciones de derechos humanos.

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Dicho documento, de 443 páginas, responsabilizó, por primera vez, a Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

“Las autoridades del Estado, tanto a nivel presidencial como ministerial, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”, detalla el informe.