Jesús Ollarves Irazábal: ¿Quiénes son esas 2.039 personas ejecutadas por policías y militares?
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo una revelación espeluznante este 25 de septiembre, cuando presentó la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela: 2.039 personas han muerto a manos de los cuerpos de seguridad del Estado en el transcurso de 2020.
Solo entre julio y agosto, precisó Bachelet, se produjeron 711 presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo cual muestra la dimensión de la brutalidad policial y militar en Venezuela, pero, sobre todo, que se trata de una matanza sistemática y creciente.
Detrás de cada asesinato hay varias historias: la historia de una familia asaltada, la historia de una comunidad (generalmente un barrio pobre) aterrorizada y la historia de la impunidad que afecta y emplaza a toda la sociedad venezolana.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Bachelet no tendría tiempo de contar todas estas historias. Sin embargo puntualizó algunos detalles sobre el perfil de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela: “Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad”.
Organizaciones no gubernamentales como Proiuris han documentado los patrones de actuación de los funcionarios públicos involucrados, por acción u omisión, en las presuntas ejecuciones extrajudiciales, entre los cuales destacan, precisamente, que los hombres jóvenes, con edades comprendidas entre 18 y 25 años, como principales víctimas. Además, se ha documentado que las actuaciones letales de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, entre otros cuerpos de seguridad del Estado, se concentran en barrios pobres del país.
El chavismo-madurismo, que ha instrumentalizado ideológicamente la noción de pueblo, no podría explicar por qué la fuerza pública se ensaña contra los sectores más desfavorecidos de la población venezolana.
Bachelet dijo más: “Consideró positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (Faes), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto. Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento”.
“Ejecutar a las víctimas” y “patrón documentado” dijo Bachelet con todas sus letras. Y, además, que los crímenes cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolanos eran innecesarios y que se encubren con la siembra de armas y la simulación de enfrentamientos en abono de la impunidad. Los mismos perpetradores se adelantan a precalificar los hechos como casos de resistencia a la autoridad y el Ministerio Público no realiza las investigaciones pertinentes con efectividad.
La brutalidad policial en Venezuela viola la presunción de inocencia y, a esos efectos, se suele usar como excusa que las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales tenían antecedentes penales. En el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, divulgado el 16 de septiembre, se aportan más elementos que soportan la convicción de que la matanza sistemática ejecutada por los cuerpos policiales y militares corresponde a una política de Estado, por la cual deben responder individualmente Nicolás Maduro, sus ministros de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como los directivos de los organismos de seguridad.
Las políticas de “seguridad ciudadana”, destaca la misión de la ONU, se han fundamentado en la idea de que los delincuentes son “enemigos internos”, por lo cual se justificaría su exterminio.
El derecho a la seguridad ciudadana ha sufrido una extrema vulneración por la acción directa del Estado, dada su negligencia en el diseño y ejecución de políticas públicas coherentes e integrales. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, y de adoptar las medidas necesarias que permitan a todas el goce pleno y efectivo de los derechos humanos.
La seguridad de las personas en Venezuela y la garantía de su vida e integridad están comprometidas. La población, sobre todo las personas que habitan en los barrios pobres del país, está atrapada y sin salida.
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, propuso el 27 de septiembre, la reestructuración de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Pero la obligación de los Estados va más allá de una simple sugerencia. Se debe prevenir razonablemente, investigar y sancionar las actuaciones que puedan entrañar violación del derecho a la vida, incluyendo aquellas cometidas por agentes estatales o particulares. En especial las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.
Las ejecuciones extrajudiciales constituyen un crimen que no puede sancionarse bajo la perspectiva simplista de la figura del homicidio calificado, ya que se consuma con la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado (funcionarios policiales o militares) o de particulares que actúan con la complicidad, tolerancia o aquiescencia del Estado.
La ejecución extrajudicial es una violación que puede consumarse ya sea por un agente estatal que actúa de manera aislada, con o sin una motivación política, o como parte de una acción emprendida de manera institucional, organizada y sistemática.
En cualquier caso, la ejecución extrajudicial deriva de una acción intencional para la privación arbitraria de la vida de una o más personas por parte de los agentes del Estado o de particulares o grupo de particulares que actúen bajo su orden, tolerancia, complicidad o aquiescencia. Aunque no hubiera una incidencia institucional previa, producido el hecho, ese funcionario podría intentar servirse del manto protector de relaciones estatales, a efectos de encubrir la verdad, destruir evidencia, amedrentar testigos, impedir u obstaculizar que se entablen investigaciones o acusaciones penales en su contra, y asegurar su impunidad.
La impunidad de los que vulneran los derechos humanos daña gravemente el Estado de Derecho y ahonda la brecha entre los que están próximos a las estructuras de poder y las demás personas, que están en situación de vulnerabilidad. Esto perpetúa, e incluso alienta, las violaciones de los derechos humanos por cuanto los culpables perciben que son libres de actuar en un clima de impunidad.
La criminalización de la pobreza y la pretensión inconfesa de erradicarla a sangre y fuego, descrita por Michelle Bachelet, no es más que violencia del Estado, no es más que un crimen que adquiere carácter de lesa humanidad cuando se comete de manera sistemática y generalizada.
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