Al equipo de Bachelet le negaron acceso al capitán Luis de la Sotta y otros militares presos
TCDMolly de la Sotta, hermana del capitán de la Armada, informó en sus redes sociales que al equipo de Bachelet se le prohíbe el ingreso a Fuerte Tiuna
Familiares del capitán Luis de la Sotta y militares presos por razones políticas alertaron que al equipo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se les niega acceso a las cárceles para constatar sus condiciones y los tratos crueles que reciben.
Molly de la Sotta, hermana del capitán de la Armada, informó en sus redes sociales que al equipo de Bachelet se le prohíbe el ingreso a Fuerte Tiuna, lugar al que fueron trasladados un grupo de militares desde los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta.
Desde que fueron trasladados a Fuerte Tiuna, Molly de la Sotta comentó que a todos los presos militares se les mantiene en confinamiento extremo, con poca alimentación y sin llamadas telefónicas. Los abogados pueden visitar a sus defendidos cada 15 días, mientras que los familiares solo tienen acceso una vez al mes.
«Están torturando en las narices de la comisión de Bachelet. Ellos (régimen de Nicolás Maduro) firmaron un mandato y deben permitir que la comisión ingrese ilimitadamente a todos los centros de reclusión y no lo están cumpliendo», señaló la hermana del capitán a TalCual.
Con esto se refiere al convenio de cooperación firmado por el régimen de Nicolás Maduro y la Oficina de la Alta Comisionada en 2019, luego de su visita al país para constatar la situación de los derechos humanos en el terreno, donde se habla de la instalación de una oficina que represente a Bachelet en Venezuela, además del acceso a su equipo «sin restricciones» a los centros de reclusión, tanto en cárceles comunes como las controladas por organismos de inteligencia (Sebin, Dgcim).
En la segunda quincena de mayo, la administración de Maduro anunció una reforma policial con la cual se iniciaron traslados de presos políticos, tanto civiles como militares, a otros centros como cárceles comunes. Abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que esas personas corren peligro, debido a que las condiciones son iguales o peores a los lugares donde se encontraban.
Ante el anuncio de reforma, la Oficina de la Alta Comisionada lo calificó como pasos «en la buena dirección para los derechos humanos y oportunidades alentadoras para aplicar» sus recomendaciones.
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