El dedo acusador del rector Márquez, por Gregorio Salazar
TCDTwitter: @goyosalazar
En estos tiempos de férrea hegemonía comunicacional es muy probable que un gran número de venezolanos no haya oído mencionar el nombre de Enrique Márquez o que no recuerden su trayectoria política o su año como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015. Es casi seguro que un vasto sector ignore todavía que semanas atrás fue elegido como rector principal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Enrique Márquez, zuliano de nacimiento, tiene 58 años y es un ingeniero eléctrico egresado de LUZ, donde también ejerció como docente. Hizo vida en varios partidos políticos y ahora, como directivo del CNE, ha asumido lo que probablemente sea el cargo que le exigirá su más alta entereza y responsabilidad institucional.
Su elección fue hecha en el marco de un debate, diálogo, negociación y votación parlamentaria en la que la correlación de la directiva electoral quedó 3-2 con predominio oficialista. Nada de trapisondas ni sórdidos compromisos alacranescos. Esta semana, en ejercicio de sus atribuciones legales en el CNE —donde ejerce además la presidencia de la Comisión de Participación Política y Financiamiento— Márquez procedió a hacer una denuncia y exigir una investigación totalmente inusual y desusada durante un larguísimo período de funcionamiento del ente electoral dominado por el oficialismo.
Ha dicho Márquez que, en la principal televisora del Estado, Venezolana de Televisión (VTV) —el canal que desde hace más de medio siglo se identifica como «de todos los venezolanos», pero que durante el período chavista ha sido convertido en un medio propiedad privada del PSUV, para su exclusivo uso y disfrute partidista— se están violando los artículos 17 y 70 de la Ley contra la Corrupción y el 14 de la Constitución.
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Todo parte de que la Constitución establece que los funcionarios públicos «están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna». Y los artículos de la norma contra la corrupción señalan la necesidad de «administrar, manejar y custodiar bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia». En relación a lo electoral, establece sanción entre uno y tres años de prisión (o sea cárcel, calabozo, reja) para el funcionario público que «abusando de sus funciones utilice su cargo para favorecer electoralmente o para favorecer o perjudicar a un candidato, grupo, organización, partido o movimiento político…».
Márquez sostiene que VTV, integrante del Sistema Nacional de Medios Públicos, utiliza su programación «para beneficiar directamente a un partido político a través de sus programas de opinión e información». Y señaló como caso «grave e ilustrativo» al tristemente célebre (esto lo decimos nosotros, no Márquez) programa semanal Con el mazo dando.
Que en VTV y en todo el sistema de medios públicos se viola, en el campo electoral y otros, desde la Constitución nacional hasta el Manual de Carreño es más seguro que un tiro al piso. Por supuesto, en lo electoral esta distorsión es llevada hasta el paroxismo en el citado programa y, sobre todo, en las cadenas de Nicolás Maduro. Es, valga recordarlo, un delito que no lo inauguró él sino el difuntísimo caudillo desde que decidió que él, solo él y su grupete, deben regir y disponer a sus anchas de vidas y bienes de los venezolanos hasta el día del juicio final.
Iniciativas legales como la de Márquez suelen ocurrir en cualquier democracia. Pero, lo verdaderamente fuera de lo común, insólito, inaudito, es que funcionarios públicos de distintos rangos y toda laya de voceros oficialistas actúen como un gavilla mediática por vía de las redes sociales, especialmente Twitter, para linchar públicamente al rector Enrique Márquez.
El caso está lleno de detalles inverosímiles. Uno de ellos es que ese grupo de lapidadores de Márquez lo hizo posicionando en el trending topic del Twitter el hashtag o etiqueta #ElMazoEsChávez, con lo cual convirtieron en infractor al difuntísimo, a quien por lo menos hay que reconocerle que asumió la responsabilidad de la intentona golpista del 4F. Ahora, quienes pretenden erigirse en herederos directos de sus supuestas épicas y su gloria eterna, usan sus videos, sus gigantografías y viven guindados de sus faldones para «legitimarse» no se encontraron las canicas para asumir la autoría de sus desmanes.
Con semejante actitud, el principal acusado y sus conmilitones no han hecho sino ratificar la pertinencia de la denuncia y solicitud de investigación de Márquez, quien de esa forma sienta en el banquillo no solo a VTV sino a todo un esquema de actuación ventajista sin límites, avasallante, desorbitada hasta la obscenidad y que, justamente, busca que la hegemonía comunicacional conduzca a la hegemonía político electoral total, absoluta, plena y, sobre todo, externa.
En vivo y directo, en la pantalla de VTV se establecen responsabilidades partidistas, se promociona a sus candidatos, se exalta a su muy bien lubricada (con el dinero de todos) maquinaria electoral, se giran instrucciones operativas, se despotrica de todo el que se les opone. Incluso al propio rector Márquez.
Pero tal desmesura dice también mucho de los inseguros que se sienten. Sin el control electoral y mediático están secos. Tanto dinero del erario del que disponen a manos llenas para su usufructo, tanta figuración mediática, tanto vociferar su condición de salvadores de la patria y de héroes de una revolución militarista para, de todas formas, concitar un rechazo popular que va por más del 80 %. Ya es hora, señores, de que lo entiendan y abran paso a una concertación que salve a Venezuela.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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