Manejo opaco de las finanzas públicas: el resultado de la gestión de Guaidó
Transparencia Venezuela asegura que hay opacidad, discrecionalidad y ausencia de controles efectivos en la gestión de Guaidó
Gabriela Moreno PANAM POST 
Los indicios de corrupción denunciados públicamente por altos funcionarios actuales y retirados de la gestión del opositor Juan Guaidó presuponen “un manejo opaco de las finanzas públicas”, asegura en un comunicado la organización Transparencia Venezuela. En el texto señalan que además “urge un cambio en la manera como se vienen gestionando los recursos públicos” ante «la opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles efectivos que amenazan a los intereses del bien común y quebranta la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado».
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Es una versión aún más contundente de la postura que asumió hace una semana el partido Primero Justicia. La tolda abandonó las negociaciones en México entre Guaidó y el régimen chavista, por la “indisposición para explorar y discutir soluciones que protejan los activos de Venezuela del régimen chavista y acreedores”. Con su pronunciamiento ya mencionado, Transparencia fue más allá.
En sus amplios cuestionamientos detallados en un documento de diez páginas apunta que la falta de rendición de cuentas es “inaceptable” e incumple los compromisos establecidos en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la propia Asamblea Nacional electa en 2015.
Incluso, destacan también “la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas, de sanciones políticas o votos de censura para los señalados en reportajes de supuestos sobornos para la recuperación de activos, y la contratación irregular de escritorios jurídicos en el exterior”.
Todo ello, en opinión del organismo, constituye un “un incumplimiento de las responsabilidades son de suma preocupación”, que además “ponen en peligro la recuperación y la protección de los activos de la República, que fueron expoliados unos y expuestos otros por la gran corrupción desde hace décadas”.
Sin cuentas públicas
Hasta la fecha no hay canales de acceso a la información pública en los portales del Ejecutivo y Legislativo del interinato de Guaidó. La página web de la Asamblea Nacional 2015 carece de información de rendición de cuentas.
Tampoco hay informes relacionados sobre las denuncias de malversación de fondos públicos y donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta, un indicativo de la ausencia de contraloría interna.
Una situación que expuso el actual Procurador Especial de la República, Enrique Sánchez, quien en una sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015, subrayó que no se ha aprobado el presupuesto 2021 para hacer posible la contratación de apoderados judiciales para la defensa de los intereses de Venezuela, en juicios que se celebran en varios países.
Una demora injustificable cuando “al Poder Legislativo ha correspondido aprobar los recursos económicos para pagar a los abogados que ejercen la representación judicial en los litigios, los cuales sin excepción se han originado de actuaciones inconstitucionales de los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero, la Asamblea Nacional no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer la aprobación de esos recursos económicos”.
Peticiones sin atención
El petitorio por vía oficial de los presupuestos requeridos para la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero ni siquiera están siendo analizado por sus destinatarios” comprometiendo así a la defensa de 24 000 millones de dólares estadounidenses que constituyen bienes de Venezuela”.
Esa no es la única suma de dinero afectada. También a la lista se unen los bonos de Petróleos de Venezuela 2020, cuya apelación requiere 70000 dólares, el arbitraje de la empresa ConocoPhillips, que goza de un laudo a su favor por un monto de 8500 millones de dólares, que con los correspondientes intereses rondarían los 10.000 millones en fase de ejecución. Sin embargo, la Corte de Distrito de Washington emitió certificado de no comparecencia de los representantes de la República el 1 de octubre de este año, sin que ello signifique que se procederá a la ejecución del laudo arbitral.
Sobre el caso Citgo, que hay “más de 60 litigios en Estados Unidos. Esos litigios hoy día continúan” y en un apartado especial está el caso de la empresa Monómeros intervenida por la Superintendencia de Sociedades, órgano del Ejecutivo colombiano, por las “diferentes y contradictorias fuentes de información sobre la gestión de la empresa”.
Las debilidades en las rendiciones, descritas previamente, la omisión o falta de publicación de la memoria de gestión y resultados de la Comisión Presidencial de Relaciones Exteriores y los representantes diplomáticos en el exterior, así como los magistrados en el exilio, de la Asamblea Nacional, a la que el Fondo para la Liberación le asignó 14 millones de dólares, también está en deuda con la transparencia en la administración de estos recursos.
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