Violaciones a Derechos Humanos, la vida después de torturas y ejecuciones extrajudiciales

TCD

María de los Ángeles Graterol|Diciembre 10, 2021

Antes de la visita del fiscal Karim Khan, el Ministerio Público, coloquialmente hablando, «barrió por donde pasa la reina» y juicios como el de Vallenilla, que tenía cuatro años sin hacerse, se resolvieron en mes y medio. Sin embargo, tras la apertura de la investigación al Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad, el mal trato hacia los presos políticos ha escalado

---

En Venezuela se violan los derechos humanos de forma grave y sistemática. La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, múltiples ONG y los testimonios de familiares y las propias víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales así lo confirman. La poca independencia que tiene el sistema judicial venezolano hace que la impunidad reine en el país y que no se garantice a los afectados el acceso a la justicia y a la reparación.

En TalCual, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, organizamos el foro «Violaciones a DDHH, la vida después de torturas y ejecuciones extrajudiciales», en el que Andreína Baduel, hija del general retirado Raul Emilio Baduel; David Vallenilla, padre del estudiante David José Vallenilla, asesinado en las protestas antigubernamentales de 2017; y Claudia Morillo, esposa del preso político Jhon Betancurt, conversaron acerca de cómo los las muertes o detenciones de sus familiares afectaron sus dinámicas de vida.

Morillo, que tiene dos hijos especiales y un bebé, contó que durante estos dos años y cuatro meses que su esposo ha estado detenido por presunta vinculación con la denominada Operación Libertad, ha sufrido ataques de pánico, pues saber que el señor Betancourt está recluido en una cárcel de Venezuela, donde abundan los abusos policiales y se viola el debido proceso, le genera mucha ansiedad. Su apoyo han sido las misma familias de los 248 presos políticos que hay en el país, que se han convertido en un refugio para ella, tras perder a antiguas amistades que por temor a ser perseguidos también se han distanciado.

«Emocionalmente creo que es terrible, pero tienes que seguir adelante por ese familiar que sigue preso, o que en muchos casos está muerto. Yo tengo un bebé de tres años que solo ha visto a su papá en dos oportunidades que lo he llevado a Caracas. Te destruyen la vida, tu círculo social se ve reducido. Tus amigos tienen miedo de hablar contigo por teléfono porque lo tienes intervenido o por miedo a que los puedan vincular con nosotros y ocasionarles problemas. No solo el privado de libertad sufre. Sufre las mayores consecuencia, pero como familiares, la agonia es inmensa», comentó.

Desde aquel 30 de abril que Jhon Hader Betancurt quedó preso por darle la mano a Leopoldo López en el distribuidor Altamira, de pasada para ir al mercado del Cementerio en donde trabajaba, la vida de esa familia venezolana cambió por completo. Morillo pensó que tras la visita del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, las condiciones de los privados de libertad iban a mejorar, pero resultó todo lo contrario. El trato hacia ellos es peor; cree que es «una represalia» por  la apertura de la investigación al Estado venezolano por comisión de crímenes de lesa humanidad durante el mandato de Nicolás Maduro.

«Ahora ni notifican cuando hay audiencia y quedan postergada y ya. No se dan los traslados desde los centros penitenciarios tampoco.Es un sinfín de violaciones que ya no sabemos a dónde acudir. En julio de este año la juez que lleva la causa emitió una orden para una revisión física y psiquiátrica de John. Para ese entonces estaba bajo el mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). A más de cinco meses aún no ha sido trasladado y presenta complicación de salud», dijo.

Ella no odia a los fiscales ni a los jueces que llevan la causa de su esposo. «Son seres humanos que viven como nosotros: con mucho temor. Tienen que seguir órdenes».

Un maquillaje previo a la visita de Karim Khan

En octubre de 2021 fue condenado a 23 años de prisión el sargento de la Aviación Arli Méndez Terán, por el homicidio de David Vallenilla, quien falleció el 22 de junio de 2017 frente a la Base Aérea La Carlota por un perdigón en el pecho. Días antes de la visita a Venezuela del fiscal de la CPI, el responsable obtuvo sentencia condenatoria, tras más de cuatro años sin juicio.

«Pretenden hacer ver que se trata de que ya se hizo justicia, pero resulta que en la sentencia la juez no se pronunció respecto al quebramiento de normas y pactos internacionales suscritos por Venezuela, porque allí estamos en presencia con lo tiene que tiene que ver la responsabilidad de Estado en este caso», explicó David Vallenilla padre, quien también es abogado.

David José Vallenilla en La Carlota, Caracas, antes de ser asesinado de un perdigón en el pecho

Después de la pérdida de su hijo se ha tenido que «acostumbrar a vivir con dolor». Su única esperanza de justicia, que le ha sido denegada en Venezuela, es el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya, porque en el sistema judicial del país no existen condiciones para acabar con la impunidad.  «Ellos no se van a entregar», sostuvo.

El señor Vallenilla está exiliado en España. Desde allá seguirá en la lucha que «es una lucha por el caso de todos los jóvenes asesinados que perdieron la vida injustamente; por todos aquellos que han sido privados ilegítimamente de su libertad; por los que han sido torturados; y por a quienes aún mantienen presos. Lucharé por todos ellos hasta el último día de mi vida», aseveró.

Lea también: 41% de los funcionarios acusados por violación a DDHH este año han sido condenados

El sargento Arli Méndez había sido absuelto de su crimen. Pero, por diligencias realizadas por su abogada María Alejandra Poleo (la aboga de la familia Vallenilla),  la Corte de Apelaciones ordenó un nuevo juicio en contra del funcionario, pues Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, no lo hizo.

Marta Valiñaz, jefa de la Misión de Hechos sobre Venezuela, ha dicho que debido a que  «la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada (…) su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales» queda en peligro. Ha asegurado incluso que las investigaciones realizadas por su oficina apuntan a que hay «motivos razonables» para creer que debido a un aumento de las presiones políticas, los jueces y los fiscales «han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores, supuestos o reales”.

Sin avances en investigación de muerte del general Baduel

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presidida por Michelle Bachelet, solicitó al Estado Venezuela hacer una investigación independiente para esclarecer las causas de la muerte en custodia del general retirado del Ejército Raúl Isaías Baduel. A la fecha, según comentó su hija Andreína Baduel durante el foro de TalCual, aún no se ha habido avances al respecto.

«La investigación está viciada desde el momento en que Tarek William Saab, sin haber hecho una autopsia, ya estaba adelantado una opinión. La comunidad internacional nos está acompañando en el proceso. Pero la investigación del caso sigue estando en un limbo jurídico», explicó.

La versión oficial es que el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel falleció en El Helicoide de un paro cardiorrespiratorio producto de complicaciones del covid-19. Sin embargo, la propia Andreína logró verlo el fin de semana anterior a su muerte y aseguró que durante su visita su padre no mostró ningún síntoma de la enfermedad ni tampoco malestar alguno. Esa versión de Saab no es una opción para ella.

Lea también: Hermetismo del Ministerio Público rodea la muerte del general Raúl Isaías Baduel

Piensa que la causa del fallecimiento de su padre responde a las torturas, negación de atención médica y otras vejaciones sufridas en los 12 años de prisión que vivió por dos causas distintas, presunta corrupción mientras tenía funciones ministeriales y acciones conspirativas contra la administración de Nicolás Maduro.

«Estamos muertos en vida. No hay cumpleaños, ni navidades, no hay bautizo ni vida social porque nuestra vida está condicionada a lo que viven nuestros familiares y a lo que nos hacen a nosotros como familia. Es un dolor incesante (…) Esto no te deja tener una vida normal. Nos lo roban todo a la familia y al que está preso. En nuestro caso han sido 13 años de persecuciones a nuestra familia, a nuestro papá, y él, aún en medio de lo que vivió, .nunca claudicó. Su único delito fue ser defensor de la Constitución y sus leyes», sentenció.