Denuncias de discriminación contra personas Lgbti encuentran refugio en redes sociales
TCD Una de las características en Venezuela es la falta de datos o información oficial. Por ello, a las ONG les resulta difícil saber por qué se está incrementando el número de casos de discriminación o acoso. En el país, las personas Lgbti todavía no pueden casarse, adoptar, obtener la nacionalidad de su pareja, reflejar su identidad de género en los documentos de identidad, recibir herencia por la defunción de su pareja o beneficiarse de su seguro médico
La Venezuela de lo viral traspasa las pantallas de Twitter. El acoso y discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (Lgbti) es una realidad recurrente que enfrentan estos venezolanos mientras las conversaciones como el matrimonio igualitario o cambio de identidad se retrasan debido a presiones de colectivos religiosos y la omisión del Estado a través del Poder Legislativo.
El reciente desalojo de la atleta BMX Stefany Hernández de un local de Caracas por presunta discriminación por su orientación sexual, así como la ola de comentarios a la futbolista Deyna Castellanos, tras compartir fotos de su compromiso con su pareja, demuestran las situaciones a las que están expuestas las personas Lgbti en el país.
Movimiento Somos, entre enero y el 13 de marzo de 2022, ha documentado 19 casos de discriminación por orientación sexual o expresión de género en espacios comerciales en distintas ciudades del país. «Todos estos actos de odio y violencia siguen impunes».
Mientras que Unión Afirmativa ha documentado tres despidos por identidad o expresión de género en el mismo tiempo: se tratan de una mujer lesbiana despedida de su cargo como profesora en un colegio de Los Guayos, estado Carabobo, y dos jóvenes trans botados de locales de comida en Caracas.
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En Venezuela, además de la Constitución de 1999 que establece el libre desenvolvimiento de la personalidad y la igualdad ante la ley, se han reformado al menos cinco leyes para prohibir la discriminación en cualquiera de sus formas.
También existe una sentencia (190/2008) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia donde se prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual en el territorio nacional, se establece que las relaciones entre personas del mismo sexo no son contrarias al orden público, y al mismo tiempo ratifica que la Constitución ni prohíbe ni condena las relaciones entre personas del mismo sexo.
Pero la ONG Género Conciencia recuerda que las personas Lgbti en Venezuela todavía no pueden casarse, adoptar, obtener la nacionalidad de su pareja, reflejar su identidad de género en los documentos de identidad, recibir herencia por la defunción de su pareja o beneficiarse de su seguro médico.
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A veces estos derechos se ven limitados a tan siquiera dar un paseo en un sitio público, como le ocurrió a Kevin Bárcenas a mediados de febrero mientras caminaba por el parque Ezequiel Zamora, como se conoce a El Calvario, al oeste de Caracas.
Kevin y su amigo fueron abordados por un efectivo de la Policía de Caracas, acusados de actos lascivos y discriminados porque uno de ellos estaba usando maquillaje.
«Yo le preguntaba cuál era la prueba que tenía en nuestra contra, y solo decía que porque tú compañero usa maquillaje y estaban hablando muy cerca. Le dije que estábamos charlando, y él solo decía que no era lugar para charlar», relató Bárcenas por Twitter.
Para poder zafarse del asunto, Kevin y su amigo tuvieron que darle dinero al Policaracas, pero recuerda que se expresaba de ellos «como si fuéramos abominación, como si fuera mal ser una persona LGBT y estar sentado hablando».
Quiteria Franco, activista y coordinadora general de Unión Afirmativa, recuerda que la discriminación siempre ha existido. «Lo que está ocurriendo es que las personas ven en Twitter y el resto de las redes sociales una plataforma para descargarse, se están conociendo más las denuncias de discriminación».
Una de las características en Venezuela es la falta de datos o información oficial. Por ello, a las ONG les resulta difícil saber por qué se está incrementando el número de casos de discriminación o acoso.
Foto: Movimiento Somos
La alianza Con Ellas (Acción Solidaria, Cepaz, Funcamama, Prepara Familia, Uniandes y Unión Afirmativa) elaboró un diagnóstico comunitario el año pasado, a través de entrevistas a 339 personas LGBT. 42% de los consultados dijeron haber sido discriminados por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
«Me atrevo a decir que (el aumento de las denuncias) tiene que ver con el acceso de las personas a plataformas que les permiten denunciar públicamente. Otro dato interesante de este estudio es que cuando se le pregunta a la gente por qué no denuncia, afirman tener desconfianza en el sistema de justicia y temor a represalias, principalmente», destaca Franco.
Además, señala que las personas que sí denuncian, muchas veces acuden a las organizaciones en búsqueda de asesoría y acompañamiento legal.
Discriminación legal
En su último informe país, Amnistía Internacional destaca que no existen ni legislación o políticas públicas que garanticen los derechos de estos grupos. Desde 1999 la Asamblea Nacional desdeña sistemáticamente las solicitudes de agrupaciones para la discusión del matrimonio igualitario, por ejemplo.
En octubre de 2021, en plena campaña regional, Nicolás Maduro encomendaba la tarea al parlamento electo en 2020. A finales de febrero de 2022, la Comisión de Desarrollo Social recibió la propuesta de la diputada Vanessa Robertazzo (Cambiemos), pero el tema no ha proseguido su curso y tampoco está dentro de la agenda legislativa de este año.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una ola de homicidios de personas Lgtbi en 2021, pidió al Gobierno adoptar medidas eficaces para reconocer sus derechos y poner fin a la discriminación, la violencia y las situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas.
Para Quiteria Franco no solo hay que mantener el tema en la opinión pública, «sino mantener la incidencia en las instituciones y demostrar, como es el trabajo de Unión Afirmativa, que hay instituciones en el Estado que no responden a las necesidades de la población».
También existe otro agravante para las organizaciones Lgbti y es la presión de grupos religiosos, principalmente evangélicos.
Tras la aprobación de un decreto contra las terapias de conversión y una ordenanza que permite celebrar un contrato —simulando un matrimonio— entre personas del mismo sexo, en la población de El Tigre (estado Anzoátegui) se registraron manifestaciones contra estas decisiones.
La coordinadora de Unión Afirmativa destaca que este tipo de reacciones son recurrentes en todos los países donde hay campañas y solicitudes para el reconocimiento y adopción de derechos como el matrimonio igualitario y la identidad de personas trans.
«Ahí está el reto de las instituciones, demostrar que no van a ceder a presiones y avanzar en el reconocimiento de derechos humanos y el matrimonio», advierte.
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