Las 3 razones desesperadas por las que Petro saca a Piedad Córdoba de su campaña
El candidato del izquierdista Pacto Histórico le pidió a su aliada política que "suspenda todas sus actividades dentro de la campaña" justo un día antes de que Hugo el 'Pollo' Carvajal declare contra Petro ante la Corte Suprema
Gabriela Moreno PANAM POST 
Una bomba está a punto de detonar en Colombia con el quiebre inesperado entre el candidato presidencial de la extrema izquierda, Gustavo Petro, y la senadora electa por su coalición Pacto Histórico, Piedad Córdoba, a quien decidió sacar públicamente de su campaña hasta que pueda aclarar su situación judicial.
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“Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”, escribió el candidato en su cuenta de Twitter.
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Esto ocurre en un contexto que denota desesperación en el abanderado por el izquierdista Pacto Histórico, quien –de acuerdo con las encuestas que hasta hace poco le daban una amplía ventaja– se veía con un pie en la Casa de Nariño, pero los recientes escándalos por su propuesta de «perdón social» a corruptos, anunciada luego de conocerse la visita de su hermano Juan Fernando Petro a la cárcel de La Picota en busca de pactos con condenados, dieron un vuelco al panorama.
Desde entonces pasó de la ofensiva a la defensiva. Tener que rendir tantas explicaciones a la opinión pública complica su campaña. Por ello, después de no escatimar en sumar alianzas, ahora busca deshacerse de algunas. Son al menos tres razones las que llevan a Gustavo Petro a sacar a Piedad Córdoba de su campaña:
La declaración de Hugo el ‘Pollo’ Carvajal
Esta decisión la toma Petro justo un día antes de que el exjefe de Inteligencia del chavismo, Hugo el ‘Pollo’ Carvajal declare en su contra ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia sobre el financiamiento irregular que habría recibido de la dictadura venezolana.
Carvajal testificará este jueves 21 de abril a las 3:00 de la tarde frente a la magistrada Cristina Lombana, quien también tiene a cargo el caso de la «FARCpolítica» conta Piedad Córdoba, reuniendo pruebas durante tres años, entre ellas, la declaración de Andrés Vásquez, su exasesor de comunicaciones, y que la senadora ha dicho en medios que lo quiso como “a un hijo”.
Entre otras cosas, Vásquez aseguró en un informe presentado por Noticias Caracol que Piedad Córdoba era la ‘Teodora’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También la acusó de retrasar y manipular la liberación de secuestrados por esta narcoguerrilla, entre los que se encontraba la candidata a la presidencia Íngrid Betancourt.
Los presuntos nexos con Álex Saab
Al menos en calidad de versión libre, la Corte Suprema ha llamado a Piedad Córdoba en dos oportunidades a explicar sus presuntos nexos con Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, pero ella no ha acudido.
La relación entre ambos ha arrojado varias pistas de cómo funcionaba todo un sistema de corrupción que no solo la habría beneficiado a ella, sino a empresarios ligados a gobiernos de América Latina, como ocurrió durante la gestión de Rafael Correa en Ecuador, razón por la cual aparece señalada en el informe que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ecuatoriana entregó a las autoridades colombianas.
El documento no solo corrobora la información de que habría sido Córdoba quien presentó a Saab al régimen venezolano sino que la señala como intermediaria de contratos irregulares a través de sus asesores entre Saab y la dictadura chavista y también revela fotografías de los registros migratorios a Ecuador en los llamados «narcojets». Álex Saab se encuentra tras las rejas en Estados Unidos a la espera de su juicio por el delito de conspiración para blanquear capitales en ese país, tras descubrirse un entramado de corrupción con el chavismo por más de 350 millones de dólares.
Su hermano «extraditable» a EEUU por narcotráfico
Entre las razones que condujeron a Petro a decidir esta separación política a un mes de las elecciones también destaca el hecho de que el hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, se encuentra en la cárcel de La Picota a la espera de su extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.
Se trata del mismo penal donde el hermano de Gustavo Petro se reunió con al menos ocho políticos presos, entre ellos los exsenadores Iván Moreno y Álvaro el ‘Gordo’ García, condenados por el «carrusel de la contratación» en Bogotá y por nexos con el paramilitarismo, respectivamente. Este escándalo ha llevado a que muchos en redes sociales califiquen a la coalición Pacto Histórico de Petro como el «Pacto de La Picota», por lo cual todo lo que tiene que ver con este recinto penitenciario golpea aún más la imagen del candidato izquierdista ante la opinión pública, y resulta que durante las visitas de Piedad Córdoba a su hermano en La Picota, le habría ofrecido a los «extraditables» suspender los traslados a EEUU en un eventual gobierno de Petro.
Pero las negociaciones salieron mal. “Fue grabada y las pruebas están en poder de autoridades de EE. UU.”, reveló este martes en su cuenta de Twitter el periodista Gustavo Rugeles, director de El Expediente.
Tendrá que responder
La presión es grande para Petro, quien enfrenta en paralelo su caída en las encuestas y para la senadora Piedad Córdoba porque la Constitución colombiana no le otorga protección por su investidura como para pensar en evadir a la justicia.
Si bien la victoria le conferirá indemnidad parlamentaria, un beneficio que le impedirá ser juzgada por sus opiniones o votos durante el ejercicio de sus funciones, su cargo no la protege de procesos legales por la comisión de otros delitos, dado que la Constitución colombiana no contempla la figura de la inmunidad parlamentaria que en otros países imposibilita que funcionarios en cargos de elecciones popular sean juzgados sin previo juicio político y el levantamiento de dicha inmunidad, salvo en situaciones de flagrancia.
Por ahora, salir inhabilitada o destituida parece casi invivible después de la sentencia que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Petro hace dos años.
La CIDH determinó que la destitución de Petro como alcalde de Bogotá en 2013 e inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos impuesta por la Procuraduría General constituyeron una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Con esta sentencia, la CIDH sembró dudas sobre las facultades disciplinarias de la Procuraduría General de Colombia, que le permitían investigar rápidamente a funcionarios públicos –incluidos los de elección popular– y mientras lo hacía, suspenderlos por tres meses, prorrogables por tres más, hasta decidir absolverlos o sancionarlos con multa, inhabilidad o destitución del cargo.
La senadora está muda. En su cuenta de Twitter, el último mensaje lo dedicó a Petro este martes por su cumpleaños. Está claro que no comerá del pastel.
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